La juez Marugán investiga los bienes de siete ex delegados del Gobierno
La juez de instrucción número 43 de Madrid, Ana María Pérez Marugán, que instruye el caso de los fondos reservados, ha solicitado a la Agencia Tributaría y al Registro de la Propiedad Central datos financieros e inmobiliarios de siete ex delegados del Gobierno y un ex gobernador civil. Son los ex delegados del Gobierno en el País Vasco Ramón Jáuregui; en Madrid José María Rodríguez Colorado (que también fue director general de la Policía), Ana Tutor, Segismundo Crespo, Miquel Solans y Arsenio Lope Huerta, y en Cataluña Francisco Martí Jusmet, además del ex gobernador civil de Vizcaya José Ignacio López Rodríguez.Pérez Marugán investiga el supuesto uso irregular de fondos reservados, como el presunto cobro de sobresueldos, en un sumario en el que están imputados el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el ex director general para la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal.
En la providencia de la juez se pide a la Agencia Tributaría que remita relación de cuentas corrientes o a plazo o cualquier activo financiero monetario" de los ocho ex altos cargos desde 1981. Al Registro de la Propiedad le solicita certificaciones de las propiedades inmobiliarias de cada uno de ellos.
Informe de los peritos
La magistrada requiere a los peritos judiciales designados en el procedimiento para que informen respecto a todos estos datos solicitados a la Agencia Tributaria y al Registro de la Propiedad.Recientemente, Pérez Marugán citó como testigo para el próximo martes a José María Rodríguez Colorado y abrió investigaciones separadas y secretas sobre los ingresos del ex director general de la Guardia Civil y ex gobernador de Barcelona Ferran Cardenal, el ex delegado del Gobierno en el País Vasco Julen Elgorriaga, el ex delegado en Navarra Jesús García-Villoslada, y la ex gobernadora de Álava Alicia Izaguirre.
Además, la magistrada pidió a la Policía Judicial adscrita a los juzgados que facilite la relación de gobernadores civiles del País Vasco, Navarra, Madrid y Barcelona y los delegados del Gobierno en esos territorios entre 1982 y 1993, para preparar futuras citaciones. Las mismas fuentes explicaron que la magistrada ha adoptado estas decisiones tras recibir un informe en el que el fiscal estima que se puede investigar el patrimonio de los ex delegados del Gobierno y ex gobernadores sin necesidad de declararlos imputados en la causa, y apoya la investigación aunque figuren como testigos.
Además, la magistrada ha tomado declaración en calidad de imputado al ex jefe del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista Francisco Álvarez, implicado en el caso GAL, y ha citado para el lunes próximo al ex subdirector general operativo de la Dirección General de la Policía Agustín Linares para que declare también como imputado.
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