Desgracia absoluta

"NI EL juez Baltasar Garzón -antes de adquirir la condición de candidato independiente en las listas del PSOE por Madrid- dio una explicación convincente sobre la comparecencia en su juzgado de Míchel Domínguez el pasado 21 de abril, ni el fiscal general del Estado, Eligio Hemández, la ha dado sobre la visita que le hizo José Amedo días más tarde en su despacho oficial". Esto decía un editorial de EL PAIS en mayo de 1993, y añadía: "Pero es el caso que, a falta de una explicación creíble de la primera, es difícil no vincularla con la formalidad confesada de la última entrevista: el interés de ambos por el indulto".Tres años después de aquel "encuentro, bajo sospecha", envuelto en un sinfín de infracciones administrativas señaladas en la investigación llevada a cabo a instancias del presidente de la Audiencia Nacional, Domínguez ha asegurado al juez Móner -sobre esto parecen coincidir todas las partes- que su entrevista con Garzón, a punto entonces de abandonar la judicatura y pasar a la política, tuvo efectivamente como tema la posible concesión de un indulto. La hipótesis de un indulto a Amedo y Domínguez, condenados a 108 años de cárcel como inductores de seis asesinatos frustrados en el sur de Francia, era barajada entonces en sectores del Gobierno socialista. No es extraño que Garzón se mostrara también proclive a ella desde la perspectiva de su nuevo e inminente compromiso político. Pero la cuestión es qué crédito merece lo que Dominguez cuenta ahora tras haberlo silenciado durante tres años. Porque este ex policía ha dicho cosas muy graves sobre la instrucción de Garzón, que, de ser ciertas, podrían provocar incluso la nulidad de todo lo actuado en el caso GAL.

Es preciso extremar las cautelas ante testimonios tan tardíos y, en palabras del fiscal general del Estado, Carlos Granados, previsiblemente aportados "por motivos interesados, bastardos y no basados en deseos de colaborar con la justicia, sino de obtener algún tipo de beneficio o de autoexculpación". Pero esa misma desconfianza suscitan muchos de los testimonios que han servido a Garzón para impulsar la investigación sumarial sobre los crímenes de los GAL. Por cierto, sin que hayan merecido semejantes epítetos del fiscal general. Calibrar el valor de tales testimonios es una labor que corresponde en exclusiva a los jueces, sobre todo en el momento del juicio oral.

Al juez Móner le corresponde, pues, discernir si el testimonio de Dominguez es o no creíble y si se deduce o no de él algún efecto penal o alguna consecuencia procesal. en el sumario por el secuestro de Segundo Marey. Pero, al margen de ello, el testimonio de Domínguez abona las sospechas de parcialidad de Garzón como instructor del caso GAL Sigue sin aclararse si en aquellas fechas de abril de 1993 actuó más como político, y, por tanto, con criterios de oportunidad y conveniencia, que como juez, sometido al principio de legalidad y a las reglas del procedimiento.

Es lógico que determinados implicados pretendan sacar provecho de este punto débil de Garzón. Y con mayor razón si albergan la sospecha de que en esas entrevistas entre Garzón y Domínguez está la explicación del rápido y enérgico impulso dado un año después por Garzón -una vez reintegrado a su puesto en la Audiencia Nacional- a la tramitación de un sumario, el de Marey, languideciente hasta entonces.

Otro editorial de este periódico, publicado en mayo de 1994 a raíz de la vuelta de Garzón a la función judicial y antes de reiniciarse el sumario de los GAL, decía lo siguiente: "El viaje de ida, vuelta que el juez Baltasar Garzón ha realizado entre su puesto de juez en la Audiencia Nacional y su despacho del Ministerio del Interior al frente del Plan Nacional sobre Drogas, pasando por su escaño en el Congreso, plantea serios interrogantes sobre la confusión que puede producirse entre funciones que en el Estado democrático son por definición independientes". Y también: "Lo mismo que el juez Garzón ha pervivido de hecho -administrativamente así ha sido, pues ha conservado todos sus derechos salvo el sueldo- en el político Garzón, éste puede tal vez sobrevivir durante un tiempo en su condición de juez".

Las dudas que siempre ha planteado la actuación de Garzón en el caso GAL son, pues, hijas de su propia peripecia personal. Y es esta confusión de papeles la que tres años después sigue suministrando argumentos a los acusados para plantear la nulidad del proceso. Garzón no puede librarse de un pasado que pone en entredicho su imparcialidad objetiva como instructor de este caso. Siempre habrá algún imputado que se lo recuerde con la legítima pretensión de salir lo mejor parado de su situación.

El descarrilamiento del sumario, después de años de instrucción que, han tenido a la opinión pública al borde del infarto, sería una desgracia absoluta para este país. Sería muy difícil que entre la gente no creciera la sospecha de un apaño. Y repetir todos los pasos del sumario partiendo de cero implicaría un desgaste insoportable. Por ello, incluso a estas alturas, tal vez lo más adecuado sería apartar al juez Garzón para evitar tanto la impunidad como que se cumpla el vaticinio del propio juez de que tendremos caso hasta el año 2015. Ninguna democracia puede permitirse el lujo de dejar impunes 27 asesinatos cometidos desde el aparato del Estado ni tardar 30 años en depurar las responsabilidades penales.