El PSOE advierte que el sistema de fínanciación puede bloquearse si lo rechaza una sola comunidad

El sistema de financiación autonómica pactado en abril por el PP y CiU se bloquearía si una sola comunidad se descuelga. La advertencia la lanzó ayer el portavoz socialista y ex presidente del Senado, Juan José Laborda, en una interpelación sobre política autonómica dirigida al ministro para las Administraciones Públicas, Mariano, Rajoy. La interpelación puso de relieve la dificultad de que el pacto CiU-PP sobre financiación se extienda a las tres comunidades gobernadas por el PSOE: Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Laborda dijo que Rajoy estaba muy atado por los pactos con CiU como para tener margen, de maniobra para satisfacer a todas las comunidades.

La guinda del primer debate sobre la política autonómica, que contó con la presencia del ministro Rajoy, la puso el socialista Juan José Laborda cuando en la mitad de la interpelación espetó a Rajoy: "Bastaría con que una sola comunidad autónoma de las que el ministro no puede disciplinar se opusiera a la segunda fase de la cesión del IRPF para que el sistema se bloqueara". Laborda se refería a Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura, gobernadas por los socialistas. Navarra, cuyo Gobierno de coalición preside el PSOE, tiene un régimen específico.El portavoz socialista argumentó que si una comunidad se opone, sus parlamentos no podrían legislar sobre las deducciones, los tipos, los mínimos exentos y, en consecuencia, no habría normativa legal en ese territorio para actuar.

Ya en los pasillos, Rajoy replicó que la amenaza de Laborda no podía cumplirse y recordó que Extremadura y Galicia rechazaron en 1993 la cesión del 15% del IRPF y, no obstante, el sistema de financiación funcionó.

Pero Laborda replicó, a su vez, también en los pasillos, que en esta ocasión, tras el pacto entre el PP y CiU, el sistema era distinto, porque había una doble cesión del IRPF y una doble declaración de la renta. En este sentido, argumentó que si alguna comunidad no aceptaba el sistema, lo bloqueaba, porque produciría un desequilibrio entre comunidades inasimilable por el conjunto.

Profundas diferencias

La sesión de ayer, al margen debate sobre el posible bloqueo del nuevo sistema de financiación, sirvió para conocer, las profundas diferencias que separan a los socialistas del pacto PP-CiU. Laborda dio a entender, de manera más nítida que nunca, que los socialistas no veían un margen de maniobra suficiente para negociar ese pacto. Es más, señaló que Rajoy no disponía de la flexibilidad suficiente para negociarlo en las próximas semanas.Llegado a este punto, el debate se convirtió en un diálogo de sordos. Laborda propuso siete puntos de acuerdo a Rajoy y un ámbito de debate: la Comisión General de las Comunidades Autonómas del Senado. El nuevo sistema de financiación tiene que cerrarse antes del 30 de septiembre, fecha en que se presentan los Presupuestos de 1997 en las Cortes. El portavoz socialista propuso que la comisión general sea el foro en donde se debata el nuevo sistema de financiación con las garantías de publicidad y transparencia, e incluso con la presencia de expertos.

Rajoy recordó que la ley obliga a que el ámbito de debate y decisión sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se reúne una delegación del Gobierno con los representantes de las 15 comunidades regidas por el sistema de financiación común [todas salvo Euskadi y Navarra]. No obstante, el ministro no se negó a que tiene también se celebre otro debate en el Senado.

Tampoco hubo ningún tipo de acuerdo en el debate, ya reiterado, sobre el costo del nuevo sistema. Laborda volvió a preguntarle a Rajoy y el ministro le contestó que no era posible conocerlo hasta disponer de algunos datos claves, como la evolución del producto interior bruto o la propia recaudación del IRPF, entre otros aspectos.

Precisamente ayer, el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, y el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, se reunieron para desarrollar el acuerdo de gobernabilidad que alcanzaron el PP y el PNV en vísperas de la investidura de Aznar. Entre los asuntos analizados figuran las competencias pendientes de traspaso al País Vasco y la gestión de los puertos.

Por otra parte, hoy se constituye la ponencia de reforma constitucional de la Cámara alta que pretende transformar el Senado en una cámara de representación territorial.