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Tribuna:LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Tribuna
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Tecnología y competitividad

Ya nadie discute que el futuro desarrollo económico de España está íntimamente ligado a su capacidad competitiva y, por tanto, a su desarrollo tecnológico. Ello se debe a que la tecnología permite mejorar la productividad de las empresas a través de nuevos procesos, productos y servicios. La tecnología es, por tanto, un factor importante del crecimiento económico. Por este motivo, los países avanzados, y también los, menos desarrollados, otorgan a la política científica y técnica un papel fundamental en su estrategia de desarrollo.Para adquirir tecnología existen dos posibilidades: importarla del exterior o producirla en los departamentos I + D de las empresas o en los institutos de investigación u otras entidades (privadas, estatales o paraestatales) del propio país. España importa mucha tecnología, crea poca y casi no exporta nada. Por tanto, parece que el país necesita hacer un esfuerzo mayor en investigación, lo que se traducirá en un mayor nivel tecnológico. La dependencia tecnológica española queda reflejada en sus bajos niveles de cobertura o, lo que es lo mismo, en los saldos negativos de su balanza tecnológica. Además, España importa mucha tecnología incorporada a los bienes de equipo y exporta relativamente poca. La balanza de pagos tecnológicos y la balanza de pagos en concepto de bienes de equipo son dos indicadores que ponen de manifiesto el déficit tecnológico español.

En el cuadro 1 se puede observar cómo los saldos de la balanza tecnológica española en concepto de royalties han sido siempre negativos y con coberturas que nunca alcanzan el 20%. La tasa de cobertura mide la proporción de importaciones que son cubiertas por las exportaciones. En España, la cobertura de la balanza de royalties ha evolucionado favorable mente, pero todavía se encuentra en niveles bajos, lo que con firma la elevada dependencia tecnológica española.

Otro indicador del nivel tecnológico de un país es su comercio exterior de bienes de equipo y maquinaria. Es generalmente admitido que la tecnología incorporada (en el equipo capital importado) ha tenido y tiene más influencia en los aumentos de la productividad en la industria española que la tecnología desincorporada (royalties más asistencia técnica).

El análisis de los datos de la balanza de pagos señala que el sector de bienes de equipo es tradicionalmente deficitario, importando mucho más de lo que exporta (cuadro 2). Sin embargo, a partir de 1990 se puede observar una evolución favorable de la cobertura. El análisis de los intercambios tecnológicos en el resto del mundo señalan una fuerte dependencia tecnológica española, es decir, la falta de tecnología propia. Efectivamente, la reducida cobertura de la balanza tecnológica y el elevado y creciente peso que representan las importaciones de bienes de equipo en la inversión son indicadores de la escasa capacidad tecnológica de España y, consiguientemente, de su acusada dependencia de la tecnología extranjera.

El origen del déficit tecnológico español se puede encontrar en los reducidos gastos en I + D. Efectivamente, los gastos en I +D, tanto del total de la economía como de las empresas, representan en España unas proporciones sobre el PIB que no sólo son inferiores a las medias de la UE, sino que se encuentran muy por debajo de lo que correspondería a nuestro nivel relativo de renta per cápita.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y la OCDE muestran que el gasto en I +D en España era, en 1993, de 0,92% del PIB. Se suele poner esa cifra en relación con el gasto en I + D/PIB promedio de la UE, pues la cifra española representaba el 46,7% del promedio comunitario. Sin embargo, se deben considerar también datos referidos a años anteriores para observar la tendencia existente. Entre 1987 y 1993, el gasto en I + D/PIB de España representó un porcentaje creciente del promedio de la UE. En 1993 era el 46,7%, pero se partía de un 30,2% en 1987. En 1993, el gasto en I + D español representaba el 41% del total de la UE, lo cual supuso un crecimiento considerable, dado que se partía de un nivel inferior, situado en el 2,5% en 1986.

¿Cuáles son las grandes líneas que debe seguir la política de innovación tecnológica española para converger con los países de la UE?

1. En primer lugar, la política de I + D debe tener una proyección duradera a largo plazo. Se debe aumentar paulatinamente el gasto en I +D hasta alcanzar el objetivo del 2% del PIB en el año 2000.

2. Para lograr este objetivo es preciso dotar a las instituciones públicas y a las empresas de los instrumentos adecuados para su consecución: presupuestos generosos en I + D y un sistema científico tecnológico moderno e independiente, adaptado a las tendencias internacionales, que permita obtener la tecnología necesaria para competir en el mercado global.

3. La política tecnológica debe consensuarse todavía más con las empresas y centros públicos de investigación y, en todo caso, el sistema científico tecnológico español debe estar más conectado con la industria. Las grandes empresas españolas admiten que están poco vinculadas a los programas públicos, a los centros de investigación y a las oficinas de transferencia de resultados de. la investigación.

La excesiva importancia que en España tienen los entes públicos de investigación, y su desconexión con la iniciativa privada, impide que la investigación básica se transforme en innovaciones de carácter productivo. Se olvida que la mayor parte de su investigación sólo tiene sentido en la medida en que se dirija a proporcionar al aparato productivo de la tecnología que necesita, favoreciendo, especialmente, la innovación en la pequeña y mediana empresa española. Los organismos públicos de investigación deben fijarse como objetivo contribuir al desarrollo económico del país y ser centros de excelencia investigadora conectados a las necesidades del sector privado, capaces, por tanto, de preguntarse y de dar respuesta a las necesidades del mercado. No hay que olvidar que el objetivo de la política científica y tecnológica es el crecimiento económico del país.

Rafael Pampillón Olmedo es catedrático de Política Económica en la Universidad San Pablo y director de investigación del Instituto de Empresa.

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