Pujol está dispuesto a aplazar algunas reformas por la delicada situación de las arcas públicas

Jordi Pujol está dispuesto a aplazar algunas de sus demandas en materia de economía productiva si se confirma la situación delicada de las cuentas que el viernes anunció José María Aznar. Así lo manifestó tras mantener una entrevista de dos horas con el jefe del Gobierno en La Moncloa, con el que luego aImorzó. El encuentro, primero tras la investidura, sirvió para entrar en materia y fijar el calendario de aplicación de los pactos de abril entre el PP y CiU. Esta misma semana iniciarán la negociación presupuestaria el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y el portavoz de CiU, Joaquim Molins.

Pujol admitió ayer que quizá no sea posible aplicar íntegramente el programa de apoyo a la economía productiva pactado con el PP, con desgravaciones fiscales a las empresas, por su repercusión negativa en el déficit. Lo subordinó al estado de las cuentas públicas que Rato presentará a Molins. "Cuando Rato dé a conocer las cuentas, igual vemos que hay cosas que ahora no podemos hacer y que el programa no puede aplicarse de golpe sino sólo en un 20%".Pero para Pujol no va a ser esa la piedra de toque de la negociación con el Gobierno. Ayer volvió a dejar claro que la clave está en la financiación autonómica. El pacto en esta materia tiene un plazo, fijado por la ley, el último día de septiembre, fecha en la que debe presentarse el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Frente a las reticencias que suscita en el PSOE así como en técnicos del Ministerio de Hacienda la nueva fórmula de cesión del 30% del IRPF, sin topes, Pujol aclaró ayer que su apoyo a los Presupuestos de 1997 está condicionado a que Aznar cumpla su compromiso en materia de financiación autonómica.

Es más. Pujol fijó esa fecha, últimos de septiembre, como plazo para realizar un primer juicio al Gobierno del PP. Tampoco se mostró animado a que el Gobierno convoque en las próximas semanas el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que decide la financiación de las comunidades con presencia del Ejecutivo y los representantes de las primeras. Prefiere que sea en septiembre y que antes el Gobierno se esfuerce por ganarse el consenso de las comunidades gobernadas por el PSOE -Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha- que ponen reparos a la nueva fórmula de financiación. Aznar y Pujol completaron el encuentro con la fijación del calendario de la negociación. Empezarán esta semana Rato y Molins con los presupuestos. Habrá un próximo desplazamiento a Barcelona del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, para preparar la transferencia del Tráfico a la Generalitat.

Pujol acordó también con Aznar dar preferencia a las siguientes materias pactadas en abril: la cesión de puertos, el Inem y la participación de las autonomías en la Unión Europea a través de la figura del observador autonómico. En los próximos días el ministro de Trabajo, Javier Arenas, se reunirá con su homólogo catalán para abordar el traspaso del Inem. Todas estas cuestiones deben quedar zanjadas para septiembre, de acuerdo con los pactos de abril, recordó Pujol.

Pero el primer compromiso que cumplirá el Gobierno será la supresión de los gobernadores civiles. Pujol confirmó ayer el compromiso del ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, de enviar el proyecto de ley, la LOFAGE, al Gobierno antes de fin de mes.

No faltó un reproche del presidente de la Generalitat a Aznar por el nombramiento de la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, que no habla catalán. Dijo que el jueves le llamó Aznar para informarle, pero no para consultarle. "Puedo comprender en estos momentos algunos fallos de funcionamiento. No voy a dramatizar".