Rajoy pide a Vidal-Quadras "sentido común" para evitar roces con Pujol

El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, apeló ayer al "sentido común" para evitar que se reproduzcan los roces entre el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el líder del PP de Cataluña, Aleix Vidal-Quadras, que no ahorró sarcasmos al referirse al recorte presupuestario del Gobierno catalán. Rajoy recordó que el PP mantiene una coalición de Gobierno con CiU en las Cortes Generales y no en el Parlamento de Cataluña."Hay un pacto firmado", señaló el ministro, "y tenemos que atenernos a lo que dice, pero también es bueno que nos atengamos a lo que no dice el pacto pero sí dice el sentido común". Sobre la continuidad de Vidal-Quadras, Rajoy se remitió a lo acordado por el comité ejecutivo nacional del PP, que decidió posponer hasta después del verano la celebración de congresos regionales del partido. Serán los militantes, según el titular de Administraciones Públicas, quienes decidan si va a haber cambios en la cúpula del PP de Cataluña.

El ministro se refirió también a la supresión de los gobernadores civiles y la reforma de la administración periférica del Estado y se comprometió a presentar el proyecto de ley a la comisión de subsecretarios antes de que finalice el mes, para debatirlo posteriormente en el Consejo de Ministros. El texto legislativo será remitido al Congreso de los Diputados antes de que concluya el actual periodo de sesiones.

Rajoy recordó que antiguamente los gobernadores civiles eran los jefes locales del movimiento, responsables de las corporaciones locales, coordinadores de la administración periférica del Estado y llevaban también el orden público. Las dos primeras funciones han desaparecido y la Administración periférica del Estado se ha reducido.

La Administración única, modelo acuñado por Manuel Fraga, se aplicará paulatinamente transfiriendo competencias que no sean imprescindibles de la Administración del Estado a las comunidades autónomas, según el ministro. Rajoy cree que es bueno también que algunas competencias de las comunidades puedan pasar a ser ejecutadas por las corporaciones locales, diputaciones y ayuntamientos.