Los ecologistas alertaron al fiscal de los vertidos de Ciudad Lineal

El empresario detenido la semana pasada por verter presuntamente sustancias tóxicas en la red de saneamiento fue denunciado en octubre pasado por Aedenat. Los ecologistas acusaron al propietario de la empresa Simensa, de Ciudad Lineal, de incumplir la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos. A raíz de esa denuncia, el fiscal encargó a la Guardia Civil que investigara a la citada empresa.Posteriormente, la Guardia Civil arrestó al dueño de la empresa bajo la acusación de verter agua con sustancias tóxicas a la red de alcantarillado de Madrid, sin que ésta, como es preceptivo, fuese tratada previamente en una depuradora (veáse EL PAÍS del pasado sábado). El hombre fue puesto en libertad tras prestar declaración.

Un análisis efectuado hace un mes al agua desechada por la empresa reveló la existencia de cobre en dosis superiores a las permitidas por la legislación en materia de medio ambiente. Sin embargo, el empresario detenido declaró a este periódico que el vertido descubierto fue "un caso incontrolado y puntual", y reconoció que "en los últimos años el Ayuntamiento y la Comunidad habían efectuado análisis del agua sin comunicamos ninguna irregularidad".

Actividad ilegal

Para Aedenat, los vertidos tóxicos hallados no son "puntuales" Los ecologistas basan su declaración en un informe remitido a la Fiscalía de Madrid en el que se destacan las supuestas actividades ilegales de esta empresa.La actividad de la empresa se centra en la fabricación de transformados metálicos en aleaciones con base de metales preciosos (plata, platino y paladio) para uso de aplicaciones de joyería y electrotecnia, así como la fabricación de sales de dichos metales para su uso en la industria joyera y galvánica.

Dentro de dicha actividad se realizan, siempre según Aedenat, diversos procesos cuyo tratamiento de efluentes, tanto gaseosos como líquidos, está al margen de la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.

Aedenat asegura que en la actividad de dicha industria se observa además una presunta intención dolosa, dado que cuenta con canalizaciones paralelas tanto de suministro de agua como de evacuación. Los ecologistas añaden que estos tratamientos tienen, supuestamente, el fin de burlar controles e inspecciones, así como el pago del consumo de agua y del tratamiento de los productos.

Este periódico trató ayer, sin éxito, de recabar la versión de la citada empresa. Las diligencias abiertas contra este industrial son por un presunto delito contra la salud pública, castigado en el Código Penal con una pena de arrresto mayor (de un mes y un día a seis meses), según indicó la semana pasada Ignacio Herrero, asesor jurídico de la empresa.

Este letrado consideró irregular la detención de su cliente.