Gobierno suprime la Secretaría de: Energía y desmantela el peso político de Industria

El recorte de altos cargos tendrá un efecto devastador sobre el Ministerio de Industria, que perderá gran parte de su peso político. El nuevo organigrama de Industria implica la desaparición de la Secretaría General de la Energía, principal instrumento político y administrativo de control y regulación de dos mercados estratégicos, (petróleo y electricidad) y la fusión de las direcciones generales de Energía y Planificación. Este recorte, junto con la integración de la política de pequeñas y medianas empresas en la Setretaría de Estado de Comercio y el expansiónismo de Medio Ambiente, que amenaza con absorber competencias nucleares, pone en cuestión la política industrial del nuevo Gobierno.

El Ministerio de Industria, ocupado por Josep Piqué (un hombre cercano a Jordi Flujol), pierde peso en el nuevo equipo económico, aunque conserva importantes áreas como el nombra: miento de los presidentes de las principales empresas públicas. El proceso se producirá por dos caminos. El primero, la aplicación del recorte de altos cargos que, de forma indiscriminada y aselectiva se está impulsando desde el Ministerio de la Presidencia. En aplicación de este recorte, el próximo Consejo de Ministros, según está planeado,. aprobará la supresión de la Secretaría General de la Energía y la fusión de las direcciones generales de la Energía y de Planificación. Con esta decisión, el Gobierno suprime el resorte a través del que se establecía el control de los dos grandes mercados energéticos oligopolísticos, especialmente petróleo y electricidad.CompetenciasLa supresión de la Secretaría General de la Energía induce a suponer que los grupos empresariales en ambos sectores ganarán peso e influencia en el momento de elaborar sus regulaciones. En el sector eléctrico, al menos, la presencia de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico como organismo regulador del sector eléctrico servirá como contrapeso, pero se avecinan tiempos en que, siguiendo el modelo establecido en el documento base para las reformas económicas del PP existirá un contacto fluido e intenso con los sectores empresariales y es de suponer que éstos impondrán los términos de su propia regulación.El segundo procedimiento de desactivación es el reparto de competencias del ministerio entre departamentos en expansión (Economía, Hacienda y Comercio) o de nueva creación (Medio Ambiente). Así, el megaministerio de Rodrigo Rato se queda con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el turismo, que hasta la semana pasada estaba asignado a Industria.

Este traslado no es inocente, desde el momento que la política industrial anunciada -aunque no con excesivo detalle- por el PP y el nuevo Gobierno está dirigida, al menos en declaraciones, hacia las pymes. Una interpretación razonable es que el Gobierno renuncia al grueso de la política industrial y estimulará a las pequeñas y medianas empresas desde tratamientos estrictamente fiscales (o con subvenciones).

Igualmente, hay grandes probabilidades de que Industria pierda competencias en seguridad nuclear y medio ambiental concentradas en el Consejo de Investigación Medioambiental y Tecnológica (Ciemat), en favor del nuevo departamento de Medio Ambiente que gestionará Isabel Tocino, en la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) y en la Empresa Nacional del Uranio. Así, pues, la reducción de competencias del departamento y de la política industrial es importante. El ministerio quedará reducido de hecho a una oficina política de privatizaciones, de importancia decreciente si efectivamente se llevan a cabo las ventas previstas de empresas de Téneo; también será, a través de la Dirección General de la Energía (refundida con Planificación) la instancia que calcule los precios máximos de gasolinas y gasóleos... mientras se mantenga el régimen de precios máximos, que puede ser por poco tiempo, y otro tipo de regulaciones.