Autonomismo competitivo

El pacto del PP con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios podría empujar al Estado de las autonomías en una dirección más competitiva que cooperativa. Si los acuerdos se cumplen, cabe prever que la descentralización del Estado avance mediante un mayor reparto territorial de recursos y una mayor simplificación administrativa, pero también cabe preludiar una limitada cooperación institucional.El reparto de recursos comporta una saludable disminución de la capacidad de intervención del Gobierno central en favor de las comunidades autónomas. Pero también abre las puertas a una mayor diferenciación entre autonomías. Hay un amplio margen de relaciones posibles entre comunidades, desde la proporcionalidad de recursos disponibles por las comunidades, basada en la igualdad civil de todos los ciudadanos independientemente del lugar en que viven, hasta la paridad entre comunidades independientemente de su población y de los recursos que generan. Dentro de ese margen, un cierto grado de desigualdad entre comunidades es inevitable.

En primer lugar, se deriva de los llamados hechos diferenciales, los cuales inducen distintas competencias en los diversos territorios, por ejemplo, sobre turismo o minería, costas y puertos, lenguas, etcétera. En segundo lugar, existen tratamientos distintos de unos mismos hechos, como los derivados de los fueros o de las diversas vías de acceso a la autonomía establecidas en la Constitución. Y, en tercer lugar, existe la posibilidad de que las diversas comunidades realicen polílicas distintas en los mismos ámbitos de competencias, la cual se incrementa a medida que aumentan los traspasos, como pasará a ser ahora el caso, por ejemplo, del suelo, el empleo y la formación. Si además aumenta la autonomía financiera de los gobiernos autonómicos mediante la descentralización de impuestos, parece claro que pueden aumentar los elementos de diferenciación entre comunidades, mientras que los criterios de paridad sólo podrán ser aplicados mediante la menguante parte del gasto público controlada por el Gobierno centra.

En esta perspectiva de mayor diversidad y competencia entre territorios, parecería conveniente una mayor institucionalización de los canales de cooperación de ámbito estatal. Sin embargo, los avances del actual pacto del PP con los nacionalistas en este aspecto en comparación con el anterior pacto entre el PSOE y CiU son muy modestos. Las recientes negociaciones han sido pasablemente transparentes y los pactos ya no son sólo verbales, sino escritos y públicos. En vez de un acuerdo para la investidura, sometido a renovación anual, parece que se ha alcanzado ahora un acuerdo más estable de legislatura. Pero se mantiene todavía la negativa de los nacionalistas a participar directamente en el Gobierno que ellos han hecho posible, en contraste con la práctica normal en cualquier democracia consolidada. No está nada claro que la dimensión nacionalista deba producir más reticencias a la participación gubernamental que las distancias en la dimensión izquierda-derecha que son habitualmente salvadas en los Gobiernos de coalición. Incluso un partido tan radical como, por ejemplo, la Liga Norte italiana, cuyo programa federalista a corto plazo se basa en un separatismo doctrinal, bronco y agresivo, no tuvo mayor inconveniente en proveer de ministros a la coalición más votada de centro-derecha cuando la aritmética parlamentaria lo hizo conveniente. La única diferencia con la práctica de otros países que mantiene a CiU y PNV alejados de la colaboración gubernamental directa es el trauma histórico de la dictadura aún reciente" que todavía parece suscitar en los nacionalistas una instintiva reserva en la colaboración con las instituciones del Estado español. La abstención gubernamental de quienes apoyan al presidente del Gobierno resulta así un índice de poca maduración de la democracia en este país.

Más chocante es todavía que los nacionalistas no haya mostrado interés en incluir en los pactos la reforma del Senado como Cámara territorial. Tampoco han propuesto generalizar el modelo de conferencias sectoriales para la participación de los gobiernos autonómicos en la política general del Estado, iniciado con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, excepto en el tema europeo. Más que la institucionalización de las relaciones intergubernamentales y el automatismo de unas decisiones sometidas a criterios objetivos, parece que CiU y PNV siguen prefiriendo las relaciones bilaterales con el Gobierno central protagonizadas por las cúpulas de los partidos.

En conjunto, el ambiguo modelo del Estado de las autonomías podría avanzar más en la dirección del modelo norteamericano de federalismo competitivo que en la del modelo alemán de federalismo cooperativo. Si la competencia entre comunidades autónomas fuera acompañada -como ocurre típicamente en Estados Unidos- por una elevada movilidad territorial de capitales, empresarios, trabajadores y estudiantes, la diversidad y la emulación intergubemamental podrían contribuir a aumentar la eficiencia global. Pero si no va acompañada por una mayor cooperación de las autonomías en la política general mediante la participación sin reticencias en las instituciones del Estado, también podría alimentar la desconfianza mutua y las tensiones de base territorial.