Pujol reclamó sin éxito a González los traspasos que ahora le dará Aznar

La mayoría de los nuevos traspasos autonómicos que han pactado el PP y CiU fueron reclamados por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a Felipe González durante los dos año que duró la colaboración entre los nacionalistas catalanes y los socialistas. González fue parco en su política de impulso autonómico con las comunidades de vía rápida, como la catalana y la vasca, y no accedió a la mayoría de las reclamaciones de Pujol en el terreno de los traspasos.

González centró su política autonómica en el terreno de la financiación autonómica. Abrió la espita de la cesión del IRPF, con el 15%. Abordó el déficit de la sanidad para Cataluña y lo extendió a las comunidades que tienen esa competencia, y descentralizó, con límites, los fondos de cohesión europeos.Sin embargo, el Gobierno socialista fue muy parco en los traspasos a Cataluña, al contrario de lo que sucede en el pacto entre el PP y CiU. Pesa en Felipe González una idea del Estado cohesionado en lo territorial y social que le ha hecho ser reacio a los traspasos reclamados por Pujol en materia de trabajo, Seguridad Social e infraestructuras. También han pesado algunas viejas inercias de la Administración, especialmente notorias en la tardía reforma del papel de los gobernadores civiles, y la presión de algunos medios que identificaban los traspasos a Cataluña con la venta de España.

Aznar, necesitado de los votos y sin ataduras en la Administración, ha entrado con audacia en el terreno de los traspasos y ha satisfecho buena parte de las reclamaciones de Pujol.

Financiación autonómica. El Gobierno socialista abrió la espita de la cesión de un tramo del IRPF (15%) a las autonomías. Sin embargo, los socialistas rechazan su ampliación al 30%, como han pactado PP y CiU, con el levantamiento de topes y la concesión de capacidad normativa. Ahora defienden un modelo que mantenga la cesión del 15% del IRPF con un complemento sobre impuestos especiales o indirectos. El PSOE cree que el modelo pactado por PP y CiU aumentará los desequilibrios entre las comunidades. Va a ser el primer gran caballo de batalla entre el nuevo Gobierno y la oposición.

Gobernadores civiles. El Consejo de Ministros socialista aprobó, al final de su mandato, un proyecto de reforma de la Administración periférica del Estado, que no llegó a entrar en vigor al disolverse las Cortes antes de ser debatido, la Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración (LOFAGE). La reforma cambiaba el nombre de gobernadores civiles por el de gobernadores a secas. El gobernador pasaba a depender del delegado del Gobierno, igual que en el proyecto del PP, pero su nombramiento sería por el Consejo de Ministros, a diferencia de los populares, que pretenden que lo haga el propio delegado del Gobierno. Esta reforma se retrasó por las diferencias entre los ministerios. La mayoría del Gabinete seguía considerando necesaria una figura de relieve que representara al Gobierno en la provincia. También pesaron las inercias y el problema que planteaba resituar a 52 altos cargos socialistas.

Presencia autonómica ante la UE. El Gobierno socialista aprobó en noviembre de 1994 un acuerdo por el que otorgaba a la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos -organismoque reúne a los ministros de Exteriores y Administraciones Públicas con representantes de las 17 autonomías- la capacidad para condicionar la opinión del Ejecutivo en las materias europeas que atañen a las comunidades. Carlos Westendorp, actual ministro de Exteriores, se opuso a que las autonomías tuvieran un agregado en la Embajada de España ante la Unión Europea, como lo promete el PP en su pacto con CiU. Westendorp argumentaba que la UE marcha en sentido opuesto a la regionalización.

Costas. El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, se opuso a la, reforma de esta ley, que Jordi Pujol recurrió ante el Tribunal Constitucional, cuya sentencia favoreció las tesis del Gobierno. Borrell cree que tras la cesión de la competencia de costas a las autonomías se esconde la posibilidad de la privatización y un riesgo para la ecología del litoral.

Suelo. Con la ley del Suelo sucedió lo mismo que con la de Costas. La diferencia es que la sentencia del Tribunal Constitucional aún está pendiente.

Puertos. También contó con la, oposición del ministro Borrell la reclamación por Pujol de esta competencia para las autonomías que han pactado PP y CiU. En este caso el argumento de Borrell fue que rompía la caja única de los puertos, que los déficit de unos se compensaban con los superávit de otros.

Politicas activas de empleo. Pujol y Arzalluz han defendido estos años la territorialización de las políticas de activación del empleo, que ha contado con la oposición del ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Antonio Griñán, ante lo que consideraba un riesgo para la cohesión social.

Instituto Social de la Marina. Galicia ya cuenta con la gestión de esta competencia, que tras el pacto PP-CiU se traspasa a Cataluña, más completa, y se amplía a todas las autonomías.

Policía autonómica y Tráfico. El desarrollo del modelo policial catalán y las competencias de Tráfico son las más específicas que consigue CiU para la Generalitat en su pacto con el PP. Ambas cuestiones vienen heredadas, de la etapa anterior, de la negociación que habían abierto el Gobierno socialista y CiU.