El pacto con los nacionalistas dificultará la reforma fiscal prometida por el programa del PP

Los pactos suscritos por el Partido Popular con tres fuerzas nacionalistas (CiU, PNV y CC), para posibilitar la investidura de José María Aznar, dificultarán la aplicación por el nuevo Gobierno de la reforma fiscal que prometió a los electores, al menos en los términos en que figuraba en su programa. "Reducir y simplificar los impuestos" era uno de los compromisos adquiridos por el PP en las elecciones del pasado 3 de marzo, con el argumento de que "España es uno de los países desarrollados en que más se ha incrementado la presión fiscal en la última decada".

Es verdad que, en el programa del PP, la reducción de la carga de todos los contribuyentes " se subordinaba ya al cumplimiento de "los objetivos de la convergencia europea", que obligan a reducir el déficit público al 3% del PIB, pero esta reducción resulta más problemática tras los compromisos económicos adquiridos con las fuerzas nacionalistas.Aunque ninguna de las partes ha querido evaluar el coste de los pactos, el principal negociador del PP, Rodrigo Rato, ha indicado que será similar a los 800.000 millones de pesetas que supuso el sistema de financiación de las comunidades autónomas pactado por el Gobierno socialista para el quinquenio 1992-1996.

El documento acordado por el PP y CiU recoge la necesidad de alcanzar "un pacto de austeridad entre las diferentes administraciones públicas", como decía el programa popular, pero no explica, al contrario de lo que hacía este último, que dicho pacto consistirá en que el crecimiento "del gasto de las adiministraciones públicas no deberá superar al de la inflación en el año", por lo que queda en mera declaración de intenciones.

Más difícil aún que reducir los impuestos será simplificarlos. "El Impuesto sobre la Renta necesita una profunda revisión dirigida a simplificarlo, hacerlo más justo y convertirlo en un instrumento eficaz para el fomento del ahorro", afirmaba el programa del PP. A continuación, enumeraba las medidas a tomar: "La disminución progresiva del número de tramos de la tarifa del IRPF hasta llegar a tres, reduciendo el tipo marginal aplicable a todos los contribuyentes y situando el máximo en el 40%". La cesión a las comunidades autónomas del 30% del IRPF, y sobre todo de la capacidad normativa respecto a dicho tramo, complicará inevitablemente el impuesto.

Dos tarifas

De hecho, los contribuyentes se enfrentarán en el futuro a dos tarifas, una estatal y otra autonómica, con diferentes tramos, tipos impositivos, deducciones y mínimo exento. En consecuencia, las medidas prometidas por el PP sólo podrán aplicarse al 70% del impuesto que conserva el Estado, no al otro 30%.Lo mismo sucede con la promesa del PP de elevar a 30 millones el mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio o eliminar el patrimonio preexistente en la tarifa del impuesto sobre sucesiones, ya que el acuerdo con CiU permitirá a las comunidades autónomas modificar la normativa correspondiente a dichos impuestos.

La fiscalidad no era un capítulo más del programa del PP, sino uno de sus ejes medulares. En el apartado de vivienda, por ejemplo, prometía eliminar la tributación por casa propia en el IRPF, y en el de familia, ofertaba aumentar la deducción por guardería.

El programa popular incluía la necesidad de pactar, para el quinquenio 1997-2001, "un método para, la financiación autonómica sobre la base de una verdadera corresponsabilidad fiscal", pero no explicaba cómo conseguirla y prometía, en cambio, la creación de un Fondo de Nivelación "para asegurar un nivel mínimo de calidad común en la prestación de los servicios públicos; en todas las comunidades autónomas".

Ninguna alusión hay en el -Pacto PP-CiU a dicho fondo, salvo que se entienda por tal la alusión genérica a la "solidaridad entre las diferentes nacionalidades y regiones".

El PP tampoco podrá cumplir, al menos en los términos previstos, su promesa de "transformar el INEM en un Instituto de Empleo y Formación, concentrando sus recursos en las políticas de formación y colocación", ya que la totalidad de los servicios de colocación del INEM en Cataluña, con sus correspondientes recursos, serán transferidos a la Generalitat.

Respecto a los puertos, la promesa de, promover "una eficaz coordinación entre las administraciones competentes, la iniciativa privada y los usuarios" deberá tener en cuenta que, a partir de ahora, su gestión correspondera a las comunidades.