Los contenidos del pacto

, A falta de los retoques de última hora, el preacuerdo al que llegaron el miércoles los negociadores de CiU y del PP pasa por los siguientes puntos:En financiación autonómica, la cesión, del 30% del IRPF -15% sobre la cuota y 15% sobre la tarifa en una primera etapa, y 30% sobre la tarifa en una segunda- se hará sin ningún tope que límite los beneficios de un mayor esfuerzo fiscal. CiU está dispuesta a aceptar, sin embargo, que el año base para calcular el nuevo sistema de financiación sea 1996 o 1995 en el mejor de los casos, y no 1993 como reclamaba CiU. Se introducen factores correctores que beneficiarán a todas las comunidades autónomas. Las autonomías obtienen capacidad normativa sobre los impuestos cedidos y compartidos, y participarán en la Agencia Tributaría en proporción a los impuestos compartidos. Esa agencia compartida gestionará también el Impuesto sobre el, Patrimonio no así los demás impuestos cedidos a las comunidades autónomas.

La financiación de la Sanidad será abordada en el marco de los presupuestos, aunque se asume el acuerdo del Consejo de Ministros socialista de rebajar. las cifras (le ahorro previstas a partir de 1994.

Los gobernadores civiles serán sustituidos por subdelegados provinciales, funcionarios sin rango político. Serán designados por el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma.

La asunción por la Generalitat de las competencias de Tráfico seguía siendo ayer un asunto abierto. La última oferta del PP consistía en comprometerse a seguir negociando, a lo largo de la legislatura, en el marco de los acuerdos sobre policía autonómica alcanzados con la Administración socialista. Entre estos acuerdos figuraba el compromiso de estudiar una fórmula para hacer posible que los Mossos d'Esquadra se hagan cargo de la policía de Tráfico.

Las comunidades autónomas participarán en la formación de la opinión española sobre temas comunitarios, a través de una mesa sectorial. Un delegado autonómico se integrará en la delegación española ante el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de los Estados miembros de la Unión Europea. Las comunidades autónomas también participarán en los comités preparatorios de las decisiones de la Comisión.

El servicio militar obligatorio será suprimido en el año 2001.

Se transferirán las llamadas políticas activas del Instituto Nacional de Empleo (Inem), así como la gestión de los puertos (que en el caso de Barcelona incluye el Consorcio de la Zona Franca). El PP asume el compromiso de reformar las leyes del Suelo y de Costas.