La nivelación de servicios queda para después de la investidura

Un problema por resolver y que se dejará previsiblemente para después de la firma del pacto entre populares y nacionalistas catalanes es el de la nivelación de los servicios mínimos; es decir, que los ciudadanos de Murcia o de Barcelona tengan la misma financiación por habitante para que la cantidad y calidad de los servicios públicos a su disposición sea equiparable.La nivelación es un imperativo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y, por lo tanto, el nuevo sistema que implante el Partido Popular debe contemplarla.

En la actualidad, aunque con algunas distorsiones por el paso del tiempo y por los distintos niveles competenciales, la financiación autonómica. cubre bastante este objetivo. El reparto para el quinquenio 1992-1996 tuvo en cuenta el coste de los servicios transferidos -educación y sanidad, especialmente-. y distribuyó la financiación (participación en los ingresos recaudados por el Estado) de acuerdo, sobre todo, con el número de habitantes, pero también según el índice de pobreza relativa, la superficie, dispersión de la población, insularidad, esfuerzo fiscal y unidades administrativas.

Distintos criterios

Para las comunidades del artículo 151 y las que ya han recibido el grueso de las transferencias, incluidas Sanidad y Educación (Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias y Comunidad Valenciana) la población pondera en un 95% (es el principal criterio de reparto), mientras que para las del 143 (el resto, salvo la comunidad vasca y la navarra, que se rigen por un sistema de cupos) el número de habitantes pondera un 64%.Ello ha dado lugar a que las diferencias de financiación por habitante entre las del artículo 151 sean inferiores a las que existen entre las del 143. La salvedad entre las de "la primera velocidad" es Canarias, que tiene un régimen fiscal especial, además de obtener mayor financiación por tratarse de un archipiélago. Entre las del 143, la mayor desviación se produce en Murcia, por una mala negociación (ver cuadro).

En una hipótesis máxima de igualación por arriba los expertos calculan en 525.657 millones de pesetas el coste de elevar la financiación de todas las autonomías hasta el nivel de la que más percibe. Este coste no tiene, en cuenta la sanidad, pues se trata de una financiación condicionada -debe destinarse a este servicio-, y tiene pendiente de resolver el problema de la población "flotante" en aquellas comunidades que tienen turismo todo el año.