El PP estima en 1,6 billones la parte del impuesto de la renta que recaudarán directamente las comunidades

El nuevo sistema de fínanciación que el Partido Popular negocia con CiU supondrá para las comunidades autónomas la recaudación directa de 1,6 bíllones de pesetas. El total que el Estado ingresa actualmente por el impuesto de la renta es de 5,2 billones. Fuentes del PP subrayan que el cambio de modelo de financiación debe ser aceptado por todas las comunidades, no sólo por Cataluña. El problema de la nivelación de servicios mínimos - que la financiación por habitante para sanidad o educación, por ejemplo, sea la misma en las distintas comunidades- quedará pendiente de desarrollo futuro.

Según cálculos de los expertos, el coste de igualar por arriba la financiación por habitante rondaría el medio billón de pesetas. Aunque la parte del IRPF que gestionarán las comunidades afecta sólo al 15% de la actual tarifa, los 1,6 billones de pesetas que recaudarán directamente cuando se aplique el nuevo sistema a todas las comunidades, en un plazo de dos años, de acuerdo con las previsiones de los populares, suponen "un altísimo grado de autonomía", según fuentes del PP.Con cifras actuales, las comunidades perciben del Estado (a través de la participación en los ingresos del Estado, su principal fuente de financiación) 1,9 billones de pesetas. Con el nuevo sistema en ciernes, casi la totalidad de los recursos de los Gobiernos autónomos serán, recaudados por ellas mismas.

El nuevo esquema se plantea desde el PP como un juego de suma cero. Es decir, todo lo que recauden directamente las comunidades se restará de la participación en los ingresos del Estado (PIE) que les corresponda. El peligro es que si una comunidad decide rebajar la parte de la tarifa que gestiona piense que el resto se lo cubrirá la Administración central o si no aumentará su endeudamiento.

Los Gobiernos autónomos tendrán en sus manos un arma elector al tan tentadora como la rebaja de impuestos. Pueden también entrar en una competencia entre ellos para atraer rentas hacia su territorio con el señuelo de una fiscalidad más baja.

Contra el déficit.

Es lo que, por ejemplo, ocurre en el País Vasco, donde las deducciones del impuesto de sociedades son mayores que las estatales y existe, además, la intención de rebajar el tipo impositivo. Estos riesgos son percibidos desde el PP, aunque la decisión de traspasar a las comunidades capacidad normativa sobre parte del impuesto de la renta es firme.Las comunidades autónomas han suscrito con el Gobierno socialista el compromiso, todavía en vigor, de limitar su déficit y su endeudamiento a los objetivos de Maastricht. En déficit se está cumpliendo, pero no en deuda. Los responsables del PP en esta área plantean la necesidad de un pacto de austeridad entre. las distintas administraciones como condición previa a la aplicación del nuevo modelo.

La ventaja financiera para las comunidades es que ingresarán mes a mes el equivalente al 15% de todo lo recaudado en concepto de retenciones a cuenta del IRPF. Ahora ya perciben. todos los meses cantidades a cuenta basadas en la estimación de ingresos que hace el Estado y la liquidación posterior es insignificante, ya que en los dos últimos años las previsiones han resultado bastante ajustadas.

Con el nuevo sistema, las comunidades autónomas. podrán beneficiarse automáticamente de los aumentos de recaudación y de sus esfuerzos por lograrlos, lo cual constituye la verdadera corresponsabilidad fiscal.

La intención del PP es que las comunidades administren el tramo autonómico del impuesto de la renta "con cierta progresividad". La actual tarifa del IRPF hace que quienes más ganan paguen un porcentaje proporcionalmente mayor.

Si con el nuevo sistema la tarifa se desdobla en dos tramos, una comunidad autónoma puede decidir aplicar un único tipo o, por el contrario, graduarlo en proporción a la renta de cada contribuyente como seguirá haciendo la Administración central. Esta última opción es la que se considera, desde el PP, más justa socialmente.Los populares calculan que, en términos de tipo efectivo (el porcentaje sobre lo que se gana que se lleva Hacienda, después de aplicar la tarifa.y restar las deducciones), el tramo autonómico será del 2,5% frente al 16% estatal en la actualidad.

El modelo del PP tiene un lastre, reconocido por sus propios defensores, el mantenimiento del actual sistema del 15% del IRPF (sobre cuota líquida) y su encaje con el nuevo modelo de cesión de otro 15% (en la base imponible aplicado a la tarifa). Fuentes del partido lo justifican como "necesidades del guión". Dicho de otra forma, por imposición de CiU. El PP quiere mantener unos límites, aunque está en negociación si. se modifican los actuales.

Los topes operan de manera que no todo lo que se recaude de mas, respecto de, una previsión inicial, va a parar a la comunidad autónoma. Ésta percibe sólo la cantidad equivalente al 2% de toda la financiación del Estado a 'la que tiene derecho -excluido el Fondo de Compensación Interterritorial- más lo que recauda directamente por tasas y tributos cedidos. En el caso de que la recaudación sea inferior a lo previsto, la comunidad tampoco pierde, porque percibe el 0,5% de las partidas anteriores.

Estos topes eran inferiores el pasado año (el 0,5% y el 0,25%), pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de noviembre los amplió como condición para lograr el acuerdo que permitió prorrogar el sistema para el año 1996 (declaraciones de renta a presentar en junio de 1997).

Ya en aquella reunión para la prórroga, el representante de la Generalitat de Cataluña intentó forzar que los topes desaparecieran. Su eliminación habría supuesto, el pasado año, que Cataluña recibiera 11.471 millones de pesetas, en lugar. de los 2.615 millones que le correspondieron.

Doble sistema

El problema de mantener los dos sistemas en vigor (el 15% en cuota y el 15% en base imponible) es que difícilmente se cumplirán dos de las ideas maestras de la política fiscal y autonómica del PP: que la declaración de renta se simplifique y que el contribuyente pueda distinguir entre la parte de su esfuerzo fiscal que va a parar a su comunidad para financiar los servicios que ésta le presta y la parte de la Administración central destinada a políticas estatales y para su distribución solidaria entre todas las comunidades.Que las comunidades con más renta y recursos son, en la actualidad, solidarias con las de menor renta lo demuestran algunos datos elaborados por Consultores de las Administraciones Públicas (ver cuadro).

Por ejemplo, en Madrid el Gobierno autónomo maneja unos recursos corrientes que sólo representan el 7,6% del total de la recaudación obtenida en su territorio. Hay que tener en cuenta, no obstante, que sus competencias son todavía bajas. En sentido contrario, Andalucía tiene un presupuesto que equivale al 167% de lo que se recauda en esta comunidad.