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LOS PACTOS POLÍTICOS

La oferta del PP incrementa la financiación autonómica para 1997 sólo en 70.000 millones

Andreu Missé

Las cifras que han trascendido de las negociaciones entre el Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU) sobre el incremento de recursos para las autonomías resultan muy abultadas y podrían tener que ver muy poco con la realidad. Durante los últimos días se han estimado entre 60.000 y 20.000 millones de pesetas anuales los recursos adicionales que obtendrá Cataluña por la ampliación de la cesión del IRPF del 15% al 30% y la eliminación de los topes. No obstante, otras cifras elaboradas por expertos fiscales, con datos de la Administración central, concluyen que para 1997, Cataluña recibiría tan sólo 13.345 millones adicionales por el nuevo sistema. Para el conjunto de autonomías serían 69.357 millones.

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Estos nuevos datos revelan que el nuevo modelo de corresponsabilidad fiscal que propugna el Partido Popular tiene efectos menos milagrosos de los esperados. Así, aunque las autonomías con mayor esfuerzo fiscal -como es el caso de Cataluña- recibirán paulatinamente cada año un volumen mas elevado de recursos, este incremento resulta más moderado de lo que hasta ahora se había barajado públicamente.De acuerdo con esta valoración, la diferencia de recursos entre el nuevo modelo (cesión del 15% de la cuota del IRPF sin límites, y otro 15% de la tarifa de este impuesto -es decir 2,5 puntos de la misma-) y la situación anterior es de 26.193 millones de pesetas para Cataluña y de 130.000 millones para el conjunto de las comunidades para 1997. (Ver cuadros adjuntos).

Para 1996 la diferencia es de 106.546 millones de pesetas. El sistema resulta mucho más favorable para las cinco autonomías de la vía rápida del artículo 151 (Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y Valencia, que obtienen la mayor parte del incremento. Para 1997, reciben 101.572 millones de pesetas de las 130.000 del total.

Distinta valoración

La divergencia en las cifras se produce ya al analizar los resultados de los efectos producidos por la cesión del 15% del IRPF que ha venido funcionando durante los años 1994 y 1995.Según estos nuevos datos, los ingresos extra obtenidos por Cataluña habrían sido de 6.942 millones para 1995 y se situarían en 4.947 millones para 1996. La Generalitat de Cataluña, sin embargo, prevé una liquidación con cifras mayores. Para 1995, los ingresos extra que calcula el Gobierno catalán serían de unos 9.000 millones, es decir, que alcanzarían el límite máximo del 2% de la finaciación establecido en el acuerdo de 1994. En cambio, según las cifras manejadas por los expertos ni siquiera se habría alcanzado el topé máximo de financiación en 1995, por lo que dejaría de tener sentido el actual debate sobre los límites o topes máximos de financiación.

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En los últimos días había trascendido la exigencia de Convergència i Unió de elevar los topes actuales del 2% de la financiación global hasta el 4% para el próximo año y aumentar este porcentaje en un punto cada año para los ejercicios siguientes.

El Gobierno catalán espera recibir por todos los conceptos (IRPF, sanidad e inversión), una cantidad anual creciente que llegaría a los 250.000 millones de pesetas extra en el plazo de cinco años, colmando así la promesa electoral realizada por Joaquim Molins. Esta cifra, proyectada sobre el conjunto de las 15 autonomías del régimen general, situaría el aumento del gasto público en 1,25 billones de pesetas.

La propuesta del Partido Popular tiene un efecto dispar para las distintas comunidades. Para 1997, en términos absolutos, Cataluña y Andalucía serían las comunidades más beneficiadas con 15.556 y 13.345 millones de pesetas, respectivamente. Le seguirían la Comunidad Valenciana y Galicia con 9.629 y 8439 millones de pesetas. Para 1996, también serían Cataluña y Andalucía las que obtendrían más recursos.

Pero su efecto en términos relativos es bien distinto. Así, mientras Canarias, Cataluña, Valencia, Baleares y Castilla-La Mancha registrarían aumentos importantes de su financiación inicial -superiores al 5%-, otras autonomías como Aragón, Extremadura y Andalucía recibirían incrementos muy bajos.

El caso de Cantabria es destacable ya que según el nuevo sistema recibiría 304 millones de pesetas menos en los dos próximos años que con el sistema vigente.

El incremento en 106.000 millones que, según estos datos, experimentarían las arcas autonómicas para 1996 tendría un nuevo impacto en el déficit, en un momento en que el Estado realiza un fuerte ajuste, que precisamente no afectó a las autonomías, cuyos recursos crecieron en un 17%, equivalente a 338.000 millones.

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