Molins ve "difícil" que el debate de investidura pueda iniciarse el 29 de abril como quiere el PP

Las negociaciones con el Partido Popular llevan dos días estancadas y "esto no es positivo" para su culminación en un acuerdo, advirtió ayer tarde el portavoz parlamentario de CiU, Joaquim Molins, después de informar a Jordi Pujol que las ofertas formales del PP, entregadas por escrito la víspera, no son satisfactorias porque están alejadas de las expectativas que le habían creado en las conversaciones previas. Molins ve "difícil" que la investidura se celebre este mes de abril

Pujol se reunió con Molins y con Josep Antoni Duran Lleida nada más regresar de Alemania, a donde había acudido para presidir una reunión del buró de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE). Molins explicó a la salida que las propuestas del PP "no son satisfactorias", mientras que Duran señaló que representan "un retroceso" en las posiciones del PP expresadas durante las conversaciones entre Rodrigo Rato y Molins, aunque advirtió que eso puede ser "normal" en unas negociaciones."No hemos avanzado y cuando en la recta final de las conversaciones se llevan 48 horas sin avanzar, no es un síntoma positivo", agregó Molins.

Es probable que hoy mismo se celebre un nuevo encuentro entre Jordi Pujol y José María Aznar para desatascar las negociaciones, aunque Molins dijo ayer que "en estos momentos no está previsto". En la agenda oficial de Pujol para el sábado no figura ninguna actividad como presidente de la Generalitat, lo que es poco habitual.

La hipótesis de que las fechas inicialmente previstas para el debate de investidura -29 y 30 de abril- deban finalmente retrasarse toma cuerpo en los medios nacionalistas. El 2 de mayo, fiesta local en Madrid, podría habilitarse para iniciar el debate, "si fuera preciso", argumentan estas fuentes. El propio Molins señaló que veía "difícil" que el debate de investidura se inicie el día 29, aunque precisó: "Tampoco podemos irnos mucho más allá; no es bueno que nos durmamos".

El PP concreta poco

Molins elaboró ayer su propio documento recogiendo la versión nacionalista de los acuerdos iniciales alcanzados en las conversaciones con el Partido Popular. Porque el problema que lleva a CiU a afirmar que la negociación "va mal" es que el documento articulado que Rato envió a Molins este jueves no recoge los acuerdos alcanzados verbalmente, según la versión nacionalista.Según medios conocedores de las negociaciones, el documento del PP incurre "en grandes ambigüedades" en los aspectos relacionados con la financiación autonómica, mientras que es "muy concreto" al señalar que los delegados provinciales que sustituirán a los gobernadores civiles serán designados por el Gobierno, aspecto éste rechazado por CiU por entender que el PP sólo pretende un cambio de nombre y no de rango político.

La ambigüedad en aspectos básicos, como la financiación autonómica, preocupa a los nacionalistas, que temen que una vez en el poder Aznar pueda interpretar de forma diferente los pactos. Pujol manifestó ayer en Alemania que es partidario de que los acuerdos se negocien sin prisas y queden "bien atados" para que luego no se produzcan desacuerdos que podrían resultar "muy negativos".

Fuentes de CiU señalaron que el principal desacuerdo afecta a la financiación autonómica. Los nacionalistas habían echado cuentas de lo que supondría para la Generalitat la nueva fórmula del 30% del IRPF, pero partían de que el año cero del cálculo sería 1993. El PP, sin embargo, propone que se tome como base la recaudación de 1996, ignorando la etapa en que se ha aplicado el 15% del IRPF. "Eso supone miles de millones de pesetas menos", señaló un dirigente nacionalista. Persisten también los desacuerdos en relación a los topes al rendimiento del esfuerzo fiscal que seguirían existiendo en los primeros años y a la composición de la agencia tributaria compartida. CiU reclama que las comunidades que lo deseen compartan con el Estado la agencia tributaria al 50%, a lo que se opone el PP.

Los acuerdos iniciales para ceder a las autonomías la autoridad sobre los puertos y para suprimir el servicio militar obligatorio también han encontrado dificultades. En CiU argumentan que de poco sirve poder nombrar al presidente y al director si no se obtiene el control del consejo de administración de cada puerto. En relación al servicio militar, los nacionalistas reclaman que se ponga fecha a su supresión y rechazan la propuesta popular de supeditarla a las disponibilidades presupuestarias. CiU tampoco acepta que su reclamación de asumir el Tráfico se vehicule a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a menos que ésta sea una solución provisional.

Pere Esteve, secretario general de Convergència, argumentó ayer que los nacionalistas se han visto "obligados a equilibrar los excesos de optimismo" difundidos por el PP a través de declaraciones públicas.