La Asamblea del PNV debate mañana si se abstiene o apoya la investidura de Aznar

La Asamblea Nacional del PNV debatirá mañana si apoya la investidura de José María Aznar o se abstiene, en función del análisis que haga de la reunión que ayer mantuvieron en Madrid las delegaciones popular y nacionalista, encabezadas por Rodrigo Rato e Iñaki Anasagasti, respectivamente. El paquete de traspasos sociales del Estatuto de Gernika es el principal obstáculo para que PP y PNV puedan cerrar el acuerdo. Sin embargo, el camino aparece despejado en el desarrollo del Concierto Económico.

La reunión de ambas delegaciones, que se prolongó toda la jornada, se celebró en el. más estricto secreto. El PP, pese a que no necesita de los votos del PNV para asegurarse la investidura de JOSé María Aznar (con los 16 de CiU y 4 de Coalición Canaria, además de los 156 del PP, consigue la mayoría suficiente) juega a fondo en esta negociación, porque está interesado en conseguir el respaldo simbólico e histórico del nacionalismo vasco.El PNV quiere precisiones antes de adoptar un compromiso no se conforma con ideas generales sobre las singularidades del Estatuto.

En materias como el bloque del Concierto Económico e Infraestructuras, la negociación avanza. Especial significado por su simbolismo tiene la pretensión del PNV de que el futuro Gobierno del PP le devuelva el patrimonio histórico de, este partido que le fue incautado tras la guerra civil, que los nacionalistas evalúan en 3.500 millones.

Un estrecho colaborador de Aznar matizó que la decisión de reintegrar al PNV su patrimonio histórico estará inscrita en un marco más amplio, que incluirá "otras medidas de ese estilo". Esta actitud ha sido acogida con reserva por otros partidos afectados por el mismo problema, como el PSOE, que teme una discriminación.

El principal escollo de la negociación está en el traspaso de las materias sociales: Instituto Nacional de Empleo (Inem) y Formación Profesional Continua y Ocupacional, entre otras. La cuestión de fondo radica en que el PNV pretende que el traspaso en temas como la Formación Profesional se haga sobre la base de las cotizaciones sociales, lo que plantea un problema de solidaridad, según las fuentes consultadas.

Las niÍsmas fuentes manifiestan que "el problema es más técnico que otra cosa, pues se trata de dar con la fórmula que permita salvar el ataque a la solidaridad", ya que una sentencia del Constitucional permite que las comunidades gestionen estos traspasos.

De hecho, la Generalitat catalana ya es competente en Formación Profesional. Si el País Vasco tuviera un régimen común de financiación como Cataluña, no habría problema, pues se podría traspasar la competencia vía gasto. El problema está vinculado al complejo sistema de financiación vasco, el cupo, al estar los traspasos financiados por cuotas de la Seguridad Social que no son ingresos fiscales.

En el caso de la Formación Continua el problema se embrolla aún más por la oposición de las centrales sindicales estatales, como UGT y CC OO a su cesión. Estas centrales y la patronal CEOE rechazaron hace meses un acuerdo alcanzado en esta materia entre el Gobierno vasco, la Administración central y los sindicatos del País Vasco. Aznar manifestó a Arzalluz, en su encuentro del martes, que era necesario el consenso entre las fuerzas políticas y sociales para llevar adelante este traspaso.

Las mismas fuentes reconocían ayer que se necesitará tiempo, varias semanas al menos, para encontrar una fórmula técnica que satisfaga a ambas partes. En este sentido, un sector del PNV parece inclinarse por la abstención en la investidura y afianzar el apoyo al PP una vez que se solventen estas cuestiones.

No obstante, los nacionalistas vascos siguen apostando fuerte por el acuerdo. El aparcamiento de la negociación del tema tabú de la reivindicación del régimen económico de la Seguridad Social por decisión de Arzalluz, ha sido una muestra de la voluntad negociadora nacionalista, aunque este traspaso supone para el País Vasco un déficit anual de 30.000 millones.