CiU reclama 60.000 millones de deuda sanitaria y la supresión del ahorro impuesto por el PSOE

El paquete sanitario es uno de los más importantes que plantea CiU. La apuesta es dura porque la Generalitat atraviesa una delicada situación financiera, debida en buena parte al déficit sanitario, que el Gobierno de Jordi Pujol atribuye a los defectos del sistema de financiación. En concreto, CIU exige al Partido Popular un compromiso explícito sobre la aplicación de un nuevo modelo de financiación sanitaria, la supresión de las medidas de ahorro impuestas unilateralmente por el PSOE en el presupuesto de Sanidad a partir de 1994 y el pago de 60.000 millones de deuda histórica" acumulada hasta 1995.

Mariano Rajoy anunció ayer que está "prácticamente cerrados" los principios generales sobre financiación autonómica, que se concretarán más adelante, la gestión de los puertos por las autonomías y la transferencia parcial del Inem (políticas activas de empleo e intermediación en el mercado de trabajo).CiU pretende negociar un nuevo modelo de financiación sanitaria más equitativo con las comunidades autónomas. El actualmente vigente expira en 1997, y Pujol exige un compromiso explícito sobre las líneas generales del nuevo modelo que debe incluir un fondo económico de compensación interterritorial para pagar la asistencia de los enfermos desplazados desde otras comunidades y aplicar una serie de correctivos de acuerdo con la estructura demográfica de la población. CiU ha calculado que el coste de la asistencia prestada en Cataluña a enfermos del resto de España asciende, sólo entre. 1994 y 1995, a 7.200 millones.

CiU reclama además del PP un acuerdo explícito en tres propuestas muy concretas. La primera es la supresión del ahorro impuesto unilateralmente por el PSOE en los últimos ejercicios. Los requisitos de Maastricht obligaron al Gobierno a introducir medidas de ahorro en el presupuesto sanitario, que en 1994 quedaron fijadas en 90.000 millones.

A mediados de 1995, el Gobierno dio una vuelta más a la tuerca y fijó el ahorro en 150.000 millones. Eso suponía reducir en esa cantidad la base global sobre la que se calcula el reparto del presupuesto sanitario -que en 1995 era de 2,875 billones de pesetas- entre el Insalud y las comunidades con competencias sanitarias. CiU exige que se restituya las cantidades deducidas en concepto de ahorro.

La segunda exigencia de CiU es la revisión del presupuesto sanitario de 1996, que debe ajustarse al gasto real de 1995. Finalmente, CiU reclama el pago de 60.000 millones de pesetas en concepto de deuda sanitaria acumulada hasta 1995. Esa cifra incluye la, parte proporcional del ahorro que se pretende suprimir, los gastos por asistencia de enfermos del resto de España atendidos en Cataluña y el pago de los intereses que la Generalitat, como el resto de la comunidades con competencias sanitarias, ha tenido que pagar por el crédito extraordinario aprobado por el Gobierno en 1991 para hacer aflorar el déficit oculto.

El PP se muestra remiso a reconocer esta deuda histórica y argumenta que no puede comprometerse en una cifra hasta que no pueda conocer con detalle la situación real de las cuentas sanitarias.

El Partido Popular ha ofrecido a CiU la transferencia de los casi 1.200 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que actúan en Cataluña, según informó ayer el diario La Vanguardia. Ello supone que, en una primera fase, la Guardia Civil continuaría patrullando y regulando el tráfico en las carreteras catalanas y no serían los Mossos d'Esquadra quienes realizaran estas funciones hasta más adelante. CiU estudia la oferta.

La aplicación de la Administración única permitirá suprimir la figura del gobernador civil y sustituirlo por un delegado provincial, al menos en aquellas comunidades en las que la mayoría de las competencias están traspasadas.

Además del Inem, está prácticamente acordado agilizar otros traspasos pendientes, como el Instituto Social de la Marina, las autoescuelas y la gestión de los puertos y de las autopistas y carreteras de titularidad estatal que transcurren por Cataluña.

El PP acepta la revisión de las leyes del Suelo y de Costas, y que la Generalitat designe consejeros en empresas públicas con implantación en Cataluña.