Impunidad o huelga

Los taurinos han constituido una confederación que se presentará el día 16 en la finca Los Alburejos, propiedad de Álvaro Domecq, y han expuesto su pretensión de autorregular el espectáculo, lo que equivaldría a nombrar presidentes y veterinarios, con lo cual eliminarían la vigilancia oficial de la integridad de las reses y podrían actuar desde la impunidad. En conferencia de prensa (ver EL PAÍS del día 9), han acusado a la Junta de Andalucia de llevar a cabo "una política antitaurina y antiandaluza". Representantes de la nueva entidad serán recibidos hoy por el presidente, de la Junta, Manuel Chaves.

La supuesta política "antitaurina y antiandaluza" de la Junta ha consistido en sancionar a varios ganaderos por afeitado de sus toros, por abrir una investigación sobre la falsificación de actas de nacimiento de las reses y también por negarse a aplicar un borrador de orden ministerial elaborado en Justicia e Interior que no ha publicado el BOE. La confederación advierte que irá a la huelga si la Junta no modifica radicalmente su línea de actuación y asume el mencionado borrador de orden ministerial.La línea de actuación de la Junta de Andalucía ha sido ejemplar en la seriedad e incluso en la moderación con que ha venido aplicando la reglamentación taurina, y negándose a aceptar e se proyecto de disposición no ha hecho sino ser consecuente con el ordenamiento jurídico, ya que incurriría en responsabilidad si aplicara unas normas que carecen de validez legal.

La acusación que se le hace de desarrollar una política "antitaurina y antiandaluza" no pasa de ser una una soflama cargada de demagogia y se vuelve contra los que la profieren, quienes no tienen reparo en utilizar como medio de presión un cese de actividades, que realmente sería una huelga salvaje, dejando a Andalucía sin su feria emblemática.

Es sorprendente, en este aspecto, que siendo máximo responsable de la confederación de taurinos el empresario de la plaza de toros de Madrid, José Luis Lozano, no plantee esa huelga en su propio feudo sino en la Maestranza, causando serios perjuicios a los empresarios sevillanos.

Los confederados pretenden la autorregulación del espectáculo y para demostrar la validez de sus argumentos utilizan un lenguaje tremendista: "El reglamento es intervencionista y sancionador..., estamos bajo sospecha..., nos vigila la policía.... tenemos derecho a autorregularnos como el fútbol..."

Garantías de autenticidad

En cuanto a la normativa que descalifican los confederados, la realidad es que el reglamento taurino -el que ordenó el espectáculo durante centurias hasta la nefasta reforma de Corcuera- lo que pretende es promover la lidia en plano de autenticidad y evitar abusos por parte de los lidiadores.El reglamento Corcuera manipuló ese marco, abrió una vía que favorecía las corruptelas y su vigencia durante cuatro vergonzosos años ha posibilitado que se perpetren masivamente desde la impunidad. Los cabecillas de los estamentos taurinos ya no quieren perder esas ventajas; y advertidos de que si llegara a Interior un ministro honesto consecuente con su responsabilidad política acabaría con sus fraudulentas prerrogativas, están aunando influencias y generando presiones para conseguir la autorregulación.

Ese escándalo que están armando por la "política antitaurina y antiandaluza" de la Junta es revelador de sus intenciones. La "política antitaurina y antiandaluza" ha consistido en investigar los casos de falsificación de actas de nacimiento de las reses y sancionar por afeitado a varios ganaderos, entre otros los influyentes Álvaro Domecq y Gabriel Rojas.

El borrador de orden ministerial que exigen acepte la Junta es otro ejemplo de a dónde quieren llegar los taurinos. El reglamento que entró en vigor este año suprime algunos de los artículos más controvertidos introducidos por Corcuera, como la autorización para "arreglar" en las ganaderías las astas deterioradas o para lidiar bajo responsabilidad del ganadero los, toros que los veterinarios habían dictaminado afeitados.

Los taurinos se pronunciaron en contra de la modificación y entonces altos cargos de Interior elaboraron un surrealista borrador de orden ministerial que desautoriza lo reglamentado por el propio Ministerio sobre los reconocimientos previos y post mortem de las reses.

El contenido del borrador parece un concurso de televisión: sólo podrán analizarse las astas de los toros si en el reconocimiento los veterinarios hicieron constar que estaban manipuladas. Si en los análisis que se practican a efectos estadísticos se descubriera que hubo afeitado, no podrá haber sanciones pues los veterinarios no habían advertido en su momento la sospecha de manipulación.

Dicho de otra manera: si durante el reconocimiento comprobaron que las astas estaban intactas, no se podrán analizar en ningún caso. La vuelta de la oración por pasiva no es ociosa: desde que los veterinarios aprobaron los toros (y quedaron eximidos definitivamente de análisis) hasta el comienzo del festejo, median seis o siete horas en las que da tiempo a afeitar la corrida y hasta una camada entera.

Aparte la ignorancia o la incompetencia del cargo público que redactó esta burda trampa, no caben muchas más variantes para entender por qué se la quiere dar rango de orden ministerial. Sí se entiende por qué los taurinos están dispuestos a todo y amenazan con huelga si la Junta de Andalucía no la acepta, pese a la evidencia de que no puede hacerlo sin ponerse al margen de la legalidad, pues esa orden ministerial no se ha publicado.

Curiosamente los máximos responsables de la confederación taurina, que está sometiendo a la Junta de Andalucía a esta especie de extorsión, tienen intereses ganaderos: José Luis Lozano, presidente de la entidad, es empresario, apoderado y ganadero; Manuel Chopera, vicepresidente, es también empresario, apoderado y ganadero; Jaime Sebastián de Erice, portavoz, es secretario de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.