El 'clan de los Charlines' tiene embargadas más de un centenar de propiedades y se investigan otras 100

El Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Baltasar Garzón, y autoridades judiciales de Oporto (Portugal), a instancia de la Fiscalía Antidroga, tienen embargadas más de un centenar de propiedades del denominado clan de los Charlines. En su inmensa mayoría son fincas rústicas y urbanas en España y Portugal, valoradas en más de 5.000 millones de pesetas, presuntamente adquiridas con dinero procedente del narcotráfico, según fuentes de la Audiencia Nacional. Las investigaciones sobre el patrimonio y los negocios inmobiliarios de la familia Charlín están todavía en fase inicial y ya se realizan pesquisas sobre al menos otro centenar de fincas que se sospecha pertenecen al grupo.

La Fiscalía Antidroga considera que el clan de los Charlines constituye el entramado de blanqueo de dinero más importante de España. No en vano es la organización que más tiempo lleva traficando, primero con tabaco, luego con hachís en los ochenta y luego con cocaína, desde finales de esa década.Las investigaciones policiales y judiciales han puesto al descubierto la punta de los bienes del grupo. Un centenar de fincas adquiridas en su mayoría después de 1990, siempre en contrato privado -nunca se elevaba a escritura pública- por medio de testaferros y pagadas con dinero en efectivo, ya han sido embargadas. Otro centenar está bajo investigación por sospecharse que también forman parte del emporio inmobiliario del clan.

Las sociedades que eran las reales propietarias de estas fincas e inmuebles estaban siempre integradas por aquellos miembros de la familia Charlín que no estaban inculpados o procesados judicialmente, habitualmente los hijos de anuel Charlín Gama, patriarca del clan, Adelaida, Josefa y Oscar, así como su esposa, Josefa Pomares. También han figurado la nuera, Manuela Nine, esposa de Manuel Charlín Pomares, e incluso los nietos, entre los que destaca. Noemí Outón Charlín.

Billetes con tierra

Las adquisiciones siempre se realizaban con el visto bueno de Manuel Charlín Gama o de su hija Josefa, según han declarado los otros miembros del grupo. En alguna ocasión, el dinero que entregaba para los pagos -billetes usados de 1.000, 2.000 y 5.000 pesetas- estaba manchado de tierra, prueba de que había estado enterrado, según declararon en el sumario algunos de los vendedores de las fincas.

Entre las propiedades embargadas en Portugal figuran las fincas agrícolas Quinta Sobreira y Quinta Agra, compradas a mediados de 1992 por 130 millones, aunque están tasadas en más de 100 cada una.

De las embargadas en España figura el Pazo Vista Real, en la localidad de Arousa, comprada el verano de 1993 por el precio oficial de 20 millones, aunque en realidad se pagaron 90 en efectivo. El pago fue realizado por Adelaida Charlín en una agencia inmobiliaria de Cambados.

A finales de 1993 se compraron locales de Mariscos Chicho en la isla de Arousa para un criadero de marisco. El precio' oficial fue de 30 millones, aunque según las investigaciones se pagaron 130, de los que 100 se entregaron en Portugal por medio de una transferencia realizada mediante el asesoramiento del abogado José Luis Piñeiro Vidal, que se encuentra imputado en la causa y en libertad bajo fianza de cinco millones.

La sociedad Mar Blanco fue adquirida en 1995 para la explotación de marisco en Cambados y por la misma se pagaron 60 millones.

En 1993 los Charlines adquieren Pivarce, promotora inmobiliaria que posee dos edificios en Pontevedra. Pivarce compró un solar en el campo de la feria por 70 millones, de los que 40 pagó en efectivo y otros 30 con dos pisos de los que estaba construyendo. La finca de Puente Bolera se adquirió en junio de 1995 por 90 millones pagados con billetes usados. La operación fue presuntamente realizada por Jorge Outón Caamaño, yerno de Manuel Charlín. Ocho viveros y una embarcación mejillonera fueron comprados a partir de febrero de 1993 por unos 80 millones de pesetas, entre otros negocios.

Decepción

La decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional de acumular las causas contra el clan de los Charlines en un macroproceso ha decepcionado a las asociaciones de lucha contra la droga de Galicia, convencidas de que un nuevo macrosumario seguirá el camino del juicio de la Operación Nécora, cuyas penas fueron más leves de lo que esperaban, informa Oscar González.

De esta opinión es la portavoz de la asociación antidroga Erguete, María del Carmen Avendaño, para quien la resolución judicial es un acto de favoritismo hacia el clan de los Charlines. Igualmente decepcionante para Avendaño es que la misma sala de la Audiencia Nacional que se ocupó del macroproceso de la Operación Nécora sea la encargada de la vista oral contra los Charlines. La portavoz de Erguete recuerda que la sala que se encargó de la causa seguida contra José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, dictó una sentencia "mucho más dura y equitativa" que el fallo judicial dictado por la Operación Nécora.

La magistrada Angela Murillo declaró ayer a EL PAÍS que no presentará voto particular contra el auto que supone la acumulación de las causas contra el el clan de los Charlines. La magistrada ha firmado el auto con sus compañeros Francisco Castro Meije y Ventura Pérez Mariño y no discrepa de los argumentos que éstos expresan en el auto, en contra de lo que informaron fuentes de la propia sección tercera y de la Fiscalía Antidroga.

Las causas que ahora se acumulan se refieren a los dos alijos de 1.100 kilos de cocaína desde el buque Halcón 2, las descargas de hachís en Portugal, que fueron reveladas por el arrepentido Manuel Fernández Padín y las investigaciones sobre las propiedades de los Charlines. Las confesiones hechas en prisión sobre esos alijos del buque Halcón 2 le costaron la vida a Manuel Baulo, que fue asesinado a tiros por sicarios colombianos en Cambados el 12 de septiembre de 1994.