La Comunidad pide la carcel para tres funcionarios regionales por el 'caso Atocha'

El juez del caso Atocha, en el que se investiga la desaparición de materiales por valor de 88 millones de pesetas en tres obras regionales adjudicadas a Construcciones Atocha, ya tiene en su poder el escrito, de acusación del letrado de la Comunidad de Madrid. La Administración regional reclama en su escrito la devolución de los 88 millones que pagó a la constructora por el acopio de materiales para las construcciones públicas. Asimismo, la Comunidad coincide con el fiscal en acusar a tres empleados regionales (Ramón Valls, ex director general de Proyectos y Obras, y los arquitectos Carlos Collado y Eduardo de Antonio González) y a dos altos cargos de Construcciones Atocha (José Rey Patiño, consejero delegado de la empresa, y Dionisio de la Silla). Las posibles penas rondan los siete y ocho años de cárcel por estafa.

La constructora suspendió pagos y los materiales nunca aparecieron. Tres obras quedaron empantanadas (el centro de salud de Villarejo de Salvanés y las escuelas infantiles de Getafe y Leganés). La Hacienda regional perdió en la jugada 88 millones de pesetas. De nada sirvió el aval que Construcciones Atocha había contratado con Seguros Albia para garantizar la operación. No se ejecutó, pese a la insistencia de las autoridades regionales.La aseguradora se negó a devolver el dinero a la Comunidad de Madrid y presentó una querella por estafa contra Construcciones Atocha. La querella ha conducido ante el juez a dos altos cargos de la constructora y a tres funcionarios de la Comunidad de Madrid para los que el fiscal ha pedido entre siete y ocho años de cárcel para cada uno, además de exigir que indemnicen a la Comunidad de Madrid por las pérdidas sufridas. Los servicios jurídicos de la Comunidad apoyan esta petición de penas. Además, persiguen el dinero perdido.

Seguros Albia se negó a pagar el acopio de materiales que había avalado porque, según. ha mantenido hasta ahora, los empresarios de Construcciones Atocha y los funcionarios de la Comunidad de Madrid firmaron certificados de obra por acopio de materiales sabiendo que no existían.

Tres avales

Pero el letrado regional Sixto Santolino indica al juez que Seguros Albia prestó los tres avales que sumaban los 88 millones de pesetas "a sabiendas de que no se emitían por acopios, sino en virtud de un contraaval que Construcciones Atocha había hecho a la aseguradora". Por ello, Santolino pide al juez que se requiera a Seguros Albia (hoy St. Paul Insurance España, Seguros y Reaseguros) "que pague o preste caución necesaria y suficiente para hacer frente a las responsabilidades derivadas de esta causa para sus asegurados". También solicita como prueba para el juicio oral que se requiera al juzgado de Logroño, en el que se sigue la quiebra de Construcciones Atocha, la remisión de la lista de acreedores y "de las actuaciones que en dicha quiebra haya realizado" Seguros Albia; y la documentación referente al contraaval en virtud del cual garantizó a Construcciones Atocha en las obras regionales.

Los hechos que se enjuician ocurrieron hace más de cuatro años. El fiscal y el letrado de la Comunidad de Madrid coinciden en señalar como principales culpables de lo ocurrido a tres funcionarios regionales (Ramón Valls, ex director general de Proyectos y Obras, y los arquitectos Carlos Collado y Eduardo de Antonio González) y a dos altos cargos de Construcciones Atocha (José Rey Patiño, consejero delegado de la empresa, y Dionisio de la Silla). Los cinco, según el fiscal, firmaron certificados "que no se correspondían con la. realidad al resultar inexistentes los acopios

Falsedad en documento

El ministerio público considera que estas cinco personas conocían la inexistencia de los acopios, y las acusa de estafa y falsedad en documento público. Por eso pide para ellas penas de entre siete y ocho años de cárcel y que indemnicen a la Administración regional por las pérdidas sufridas en las tres obras.

El letrado de la Comunidad añade a esta petición una coletilla. En caso de que los cinco supuestos responsables de la pérdida no pudieran pagar, estas cantidades "deberán ser abonadas por Construcciones Atocha como responsable civil" y Seguros Albia, "que aseguraba, avalándola, a la anterior sociedad".

La investigación sobre supuestas irregularidades en las obras adjudicadas por la Comunidad a Construcciones Atocha fue impulsada por el Partido Popular, que hoy gobierna la región con mayoría absoluta.

El actual presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, denunció en 1992 que Construcciones Atocha había recibido un trato de favor del Gobierno de Joaquín Leguina, consistente en la adjudicación de obras por valor de más de 4.000 millones de pesetas.