Concluyen con mejoras para los presos y sin represalias los motines en Argentina
Prometidas sustanciales mejoras y ninguna represalia, los 1.064, amotinados desde hace ocho días en Sierra Chica depusieron ayer pinchos y amenazas y liberaron a sus 17 rehenes. Respiraron internos, autoridades y familiares. Uno de éstos es Carlos. "Ni choro ni cana, hijo mío" le aconsejó siempre su padre, recluso en este duro presidio de Buenos Aires. Carlos, ni delincuente ni policía, como le pedía su progenitor, era un canijo de cuatro años en la primera visita a su padre. Le siguió de penal en penal y cumplió los 26 visitándole en Sierra Chica, epicentro de una de las revueltas carcelarias argentinas mas graves.
La debilidad del padre de Carlos fueron siempre los transportes de caudales. Vivían entonces como marqueses. Atrapado el viejo, se acabó la guita. Carlos, chófer de autobuses, esperaba que acabase pronto el motín; también otros cientos de familiares: alojados a 500 pesetas la noche en el almacén La Candela, acampados, en casa o al raso. Todos se quejan. "Mi hijo lleva tres años preso por robar una sidra y un pan dulce para Navidad". "Al mío tenían que haberlo liberado el 15 de marzo".Los presos más temidos, sobrados de dinero y condenas, controlaron el motín de Sierra Chica y no se movió un alma en este penal sin su consentimiento. Son asesinos sentenciados a prisión de por vida, jefes de superbandas, reventadores de blindados, hampones violentos con gente armada a sus órdenes en los presidios sumados a la generalizada revuelta. Casi legendario, Luis Valor se impone y dicta desde Junín, y le rinden pleitesía sus pares, admirados de su jefatura en una partida de atracadores que acumuló cinco millones de dólares (625 millones de pesetas) de botín en menos de cinco años.
Es seguro que la bronca comenzó empujada por delincuentes notables, más enfurecidos por una fuga impedida a tiros cuando escalaban un muro de siete metros en Sierra Chica que interesados en mejorar las duras condiciones de vida de sus compañeros, 2,90 de ellos con cadena perpetua. Pero aunque el motín pudo estallar a voluntad de una minoría, o desordenadamente como ocurrió hace años con el más sangriento, cuando apagaron el televisor a un preso, son necesarias ciertas condiciones.
23 protestas anuales
Y en Argentina, como en el resto de América Latina, abundan. La indefinición o larga duración de los procesos, la violencia el terror de las bandas o la catadura de los cabecillas, la injuria, la falta de respeto, los castigos prolongados, el sometimiento excesivo, imperan en los pabellones penitenciarios, y el grueso de las 26.000 personas privadas de libertad en Argentina llega esposado desde las villas miseria o barrios pobres. Se registran 23 protestas cada año: con 60 muertos en 1978, 30 en 1991 y un número indeterminado en esta ocasión. Oficialmente, menos de cuatro. La readaptación social es una, quimera. "La situación carcelaria del país está en quiebra", asegura Elías Neuman, director de la Escuela de Victimología.
"Se requirió la apertura de una celda de aislamiento [de 2,50 por 1,50 metros] que estuviera ocupada, observándose a cuatro personas, hacinadas, en calzoncillos, y que en cuclillas, apenas apoyadas en los camastros inferiores, comían de un mismo plato". La descripción corresponde a un informe elevado por el juez federal Jorge Ballesteros a, la Cámara Nacional de Apelaciones y al ministerio, después de visitar las cárceles de Ezeiza, Caseros y Devoto.
En esta última, el magistrado quiso entrevistarse con dos internos y debió avanzar para ello por unas precarias escaleras, sucias, malolientes y sepultado de desechos y basura. "Se hallan sin luz alguna, habiendo el suscripto ascendido y descendido a tientas". La mayoría, constató Ballesteros, desconoce la situación de sus causas o la identidad de los jueces encargados de ellas.
Las prisiones de la provincia de Buenos Aires, donde hace 114 años se levantó Sierra Chica, agrupan a la mitad de todos los presos de Argentina, su capacidad ha sido desbordada y algunas albergan el doble de presos. De cerca de 12.000 reclusos, el 70% lo es sin condena en firme, y 2.500 esperan en comisarías. El mayor número de policías cumple funciones en esta provincia y hay muy pocos jueces por habitante.
