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Londres opta por una prohibición parcial de la venta de carne de vaca

El sacrificio de reses, pendiente de un acuerdo económico con Bruselas

El Gobierno británico intenta arrancar una promesa concreta de ayuda financiera a Bruselas antes de lanzarse a una política selectiva de exterminio de la cabaña bovina. A la espera de lograr un acuerdo, el ministro de Agricultura, Douglas Hogg, anunció ayer la prohibición temporal de comercializar la carne procedente de vacas mayores de 30 meses y un paquete de ayudas económicas a los ganaderos. Mientras el Ejecutivo estudiaba cuidadosamente los pasos a tomar, ayer fue confirmada una nueva muerte a causa del síndrome de Creutzfeld-Jakob.

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Una mujer, de 29 años, fallecida el 9 de febrero pasado, es el nuevo caso de Creutzfeldt-Jakob, dado a conocer ayer, por un hospital de Kent (sudeste de Inglaterra). Un portavoz del hospital rehusó decir si la mujer, cuya identidad no fue revelada, forma parte de los 10 casos atípicos, anunciados la pasada semana por el Gobierno, que podían haber sido contagiados por la enfermedad de las vacas locas, todos ellos en personas mucho más jóvenes de la media habitual.La oposición laborista, por su parte, se había adelantado al Ejecutivo haciendo público un plan especial para revitalizar el deprimido mercado vacuno. Todo apunta a que Londres terminará por decidirse a sacrificar las reses mayores de siete años, al menos en una primera etapa. Pero mientras se toma esta decisión el ministro de Agricultura comunicó ayer a los ganaderos en el trascurso de un debate nocturno en la Cámara de los Comunes nuevas ayudas destinadas a suavizar el impacto de la crisis -unos 50 millones de libras para la industria cárnica y otra ayuda de 35 millones de libras para las granjas afectadas por la crisis.

Pese a ello, Douglas Hogg evitó pronunciarse nuevamente sobre el tema del sacrificio selectivo de la cabaña. La hipótesis manejada por el propio ministro el pasado fin de semana de sacrificar cuatro millones y medio de vacas, se evalúa en unos 550 millones de libras al año (más de 100.000 millones de pesetas) que el Gobierno tendría que pagar en indemnizaciones a los ganaderos.

Pero además, tal exterminio -el número de reses condena das equivale casi a la población de Escocia- exige todo un macabro despliegue técnico, incineradoras incluidas. En una agitada sesión en la Cámara de los Comunes, el primer ministro John Major ridiculizó el programa hecho público por los laboristas para revitalizar la industria cárnica. El programa consta de ocho puntos y está consensuado con la cadena de hamburgueserías McDonald's y la cadena de supermercados Sainsbury.

La primera medida recogida en este plan, un refuerzo de los controles sobre las normas que se aplican en los mataderos, fue adoptada de hecho, anoche por el propio Gobierno que prepara un plan de control sanitario que afectará también a los trabajadores de estos centros. La decisión parece coherente tras las recientes declaraciones de la comisión asesora en encefalopatía bovina, John Pattison. Este último reconoció que en fecha tan reciente como el año pasado, algunos mataderos continuaban haciendo caso omiso de la normativa que les obliga a retirar la espina dorsal y la carne pegada a los huesos de las vacas que se sacrifican.

Otra de las medidas propuestas por los laboristas británicos es que se revise, con exámenes al azar, el estado de la infección de encefalopatía bovina en la cabaña. Además urgen al Gobierno a que publique una lista completa de los productos que contienen carne de bovino y a que establezca un procedimiento de control periódico por el cual la Agencia de Calidad en los Alimentos informe a los ministros de Agricultura y Sanidad de la marcha de la situación.

Según este sector del Partido Conservador, la culpa de gran parte del desastre económico causado por la encefalopatía bovina, la tiene Bruselas. Lo único que el Gobierno estaba ayer dispuesto a aceptar es que a los consumidores no les bastan las recomendaciones científicas de que la carne de vaca es casi completamente segura, para volver a consumirla.

El Parlamento europeo, mientras tanto, aprobaba ayer una resolución en la que insta a todos los países de la Unión Europea, y no sólo al Reino Unido, a que tomen medidas para eliminar la epidemia de las vacas locas, informa Efe.

La eurocámara afirma que la prioridad es la protección de los consumidores.

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