Los Quince debaten cómo adaptar el Tratado de Maastricht a la 'Europa de los Treinta'

Los jefes de Estado o de Gobierno de los quince países de la Unión Europea (UE) llegan hoy a Turín para cortar una cinta simbólica: la que inaugura la Conferencia Intergubernamental (CIG) que debe reformar el Tratado de Maastricht a lo largo de un año, quizá más. Todos proclaman que su objetivo principal es adaptar las instituciones comunitarias para posibilitar su ampliación al Este, países bálticos, Malta y Chipre, hasta un total de 27 ó 30 países. Pero nadie esconde que es precisamente este aspecto institucional de la reforma el que alberga más polémica. Otros objetivos, como el de impulsar la política exterior común, concitan más consenso inicial.

ENVIADO ESPECIALSi las divisiones internas lo permiten, el inicio de la CIG se centrará en lanzar un mensaje político a los ciudadanos europeos sobre la Europa que se pretende construir con esta reforma. Tendrá mayor o menor calado dependiendo de que los Quince logren presentar unas directrices concretas en un documento consensuado. Los representantes personales de los ministros de Exteriores discutían anoche el tenor del texto del mandato que se pretende dar a la CIG.Lo que ya está claro es que, pese a los inevitables afeites redaccionales, el gran objetivo de la CIG es también el que más dificultades entraña. La reforma institucional prevista supone establecer nuevos repartos y equilibrios de poder, y ante ello todo el mundo se agarra a la mesa. La clave es generalizar el voto por mayoría, tímidamente utilizado desde el Acta única de 1986 que abrió paso al mercado único, -la "Europa sin fronteras"- y dejar la unanimidad como excepción para cuestiones constitucionales y pocas más. En caso contrario, una Europa de 30 miembros nunca podrá tomar decisiones.

Con matices, todos comparten este propósito, salvo el Reino Unido, que, de impedirlo, hará de él su primer caballo de batalla. Pero si se logra vencer ese obstáculo. ¿Dónde se fijan los nuevos baremos para la mayoría cualificada? Los países grandes sólo aceptarán renunciar a la unanimidad si se les dan más votos proporcionalmente a su población, como ha anunciado Francia y comparte discretamente España. Los pequeños, como los tres del Benelux, se resisten, aunque aceptarán alguna fórmula intermedia. Un choque múltiple está servido, que se extenderá a los otros retos institucionales.

Como el número de comisarios: ¿Renunciarán los grandes a su cuota de dos? ¿0 todos a no disponer de al menos uno? ¿Es, eficaz una Comisión de 35 miembros? ¿Es democráticamente viable que la elija el presidente a su gusto? También suscita polémica la "flexibilidad", como se conoce ahora a las distintas velocidades, y que arriesga, si no se acota, a actuar como disolvente de las políticas comunes.

Pero si en lo institucional casi todo son interrogantes, en política exterior "el movimiento es más hacia la convergencia que hacia la divergencia", según el responsable italiano de la CIG, Silvio Fagiolo. El síndrome de Bosnia-Herzegovina ha repercutido en las opiniones y en los Gobiernos, ahora más decididos, a impulsar una acción exterior común. Sólo Londres se opone. Las soluciones -"abstención constructiva", "consensus minus"- para consagrar el voto mayoritario son similares. Y. hay un acuerdo básico sobre las necesidades de personificar esta política y de establecer un instrumento de nueva planta que la diseñe, la "célula de análisis" común. Pero con consensos de partida o sin ellos, todos comulgan con una idea: la CIG que hoy se abre será ardua.