Riesgos populares en materia autonómica

La búsqueda de un acuerdo del Partido Popular con los grupos nacionalistas CiU, PNV y Coalición Canaria cuenta entre sus bazas con la llamada Administración única. Se trata de una iniciativa, formulada en su día por Manuel Fraga, que busca reducir la dimensión y actuaciones de la Administración periférica del Estado y corregir las duplicidades que se producen entre los distintos niveles administrativos: estatal, autonómico y local. En estas páginas, tres especialistas analizan las posibilidades, límites y efectos de la propuesta de Administración única a la luz de los resultados electorales y en el marco del actual ordenamiento autonómico y constitucional.

El Partido Popular va a seguir buscando, casi a cualquier precio, el acuerdo con los nacionalistas cara a la consecución de la investidura. Lo hará así a causa de su fundado temor a unas nuevas elecciones que, además de resultar una. innegable perturbación de nuestra vida política, tendrían mucho de ruleta rusa para su actual dirección. Pero pesará igualmente en esta actitud la algo ingenua confianza del Partido Popular en los resortes del poder en general y de la televisión en particular como instrumentos con los que poder ensanchar en un próximo futuro su apretada victoria del 3 de marzo. En este contexto, resulta sumamente probable la asunción por parte del centro-derecha español de tres significativos riesgos en materia autonómica.El primero de estos riesgos tiene que ver con el estrecho condicionamiento de un hipotético nuevo pacto autonómico por los avatares de la investidura y del consiguiente apoyo parlamentario. Se trataría de un error estrictamente simétrico al cometido por el PSOE en la anterior legislatura. Un acuerdo explícito de los partidos estatales en este tema atemperaría notablemente, las pretensiones de Convergència i Unió (CiU) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y permitiría a las fuerzas nacionalistas ampliar su interés en otros aspectos de la política española distintos a los autonómicos. Es el caso, sin embargo, que los equipos dirigentes del PP y el PSOE, ante este y otros temas de especial trascendencia, han mostrado reiteradamente su dificultad para lograr el mínimo de, obligado entendimiento. El resultado final será que el PP deberá hacer frente en solitario, como en su día lo hizo el PSOE, a la presión de los dos partidos nacionalistas.

Complementariamente, el PP va a convalidar y reforzar una práctica parlamentaria que tiene mucho de discutible: la conversión de CiU y el PNV en árbitros cuasi permanentes cara a la formación de los Gobiernos españoles. Es posible, sin embargo, que todo el res peto que merecen estos partidos, todas las ventajas inherentes a su incorporación a la política española de signo global, no sean suficiente aval para convertir a unas fuerzas políticas defensoras de legítimos intereses particularistas en los administradores naturales de la gobernabilidad del Estado. El riesgo del Partido Popular presenta un perfil más amenazante para el sistema político español a medio plazo. Un partido que ha jugado a fondo la carta de la defensa de los intereses nacionales españoles va a verse inmerso en un proceso de activismo reformador de la planta política del Estado que, sumado a lo que ya llevamos recorrido en la materia, puede conducirnos a un final de inciertos perfiles. En el estadio en que nos encontramos, todo hace indicar que resultaría conveniente un alto en el proceso de reajuste territorial. Tiene sobrado derecho a ello un sistema político que ha protagonizado el más hondo y acelerado proceso de transformación de la organización territorial del Estado que se ha producido en la vida europea sin mediar una derrota militar o los efectos de un colapso revolucionario.

Pero más allá del derecho, hace razonable ese reposo la necesidad de pararnos a pensar con un mínimo de sosiego en el futuro que queremos para el Estado y la nación de los españoles en un horizonte a medio plazo.

Los nacionalistas catalanes suelen decir que ellos sí tienen un proyecto de España, aunque, añaden de inmediato, ese proyecto no coincide con el dominante entre el resto de los españoles. Pudiera ser, y dicho sea con el máximo de cordialidad a que obliga la importancia del tema, que fuera hora de que el conjunto de los españoles conociéramos de una vez la sustancia de un proyecto del que hasta ahora apenas hemos visto otra materialización que el deseo compulsivo de vaciar de contenido al Estado central en provecho de la construcción nacional de Cataluña u otras nacionalidades españolas.

El Partido Popular, dependiente hasta el extremo de los votos de CiU, incapaz de entenderse en lo más elemental con el PSOE e Izquierda Unida (IU), dispuesto a supeditar cualquier otra consideración a su acceso a un poder del que todo se espera, no va a estar desde luego en las mejores condiciones para convencer a los nacionalistas catalanes y vascos de que quienes están dispuestos a asumir un papel tan decisivo en nuestra vida política no pueden pretender protegerse en las ambigüedades propias de los partidos antisistema a la hora de tomar posición sobre el futuro deseado para el Estado y la nación común.

El tercer riesgo del Partido Popular deriva directamente de las incertidumbres, tan inteligentemente estudiadas por Luciano Parejo, implícitas en su propuesta de Administración única. Al día de hoy se puede dudar acerca de lo que el partido de centro-derecha entiende por esta iniciativa. Cabría interpretarla como una invitación a poner en marcha un modelo de "federalismo de ejecución" al modo alemán; suponiendo, que es bastante suponer, que la Constitución lo consintiera, el Partido Popular debería aclarar si está dispuesto a revisar las competencias legislativas de las comunidades autónomas para lograr así la equiparación de su propuesta con la lógica de este tipo de federalismo.

La Administración única puede ser, simplemente, una exhortación a la racionalización de nuestras administraciones. En este caso, y si el proceso se lleva a cabo con el máximo de rigor, habrá que entender que el Partido Popular piensa proyectar esa racionalización tanto hacia el Estado central como hacia las propias comunidades autónomas.

Si, por ejemplo, a los populares no les va a temblar el pulso a la hora de proponer la reducción o la supresión de la administración periférica del Estado, habrá que suponer que no va a ser otra su actitud, si así se deduce de adecuadas consideraciones técnicas, a la hora de afrontar la supresión de televisiones autonómicas o, en general, en el momento de reformar las administraciones de nuestras comunidades autónomas en favor de las posibilidades ofrecidas por las administraciones locales.

Estaríamos en el caso de esta segunda interpretación ante una propuesta realmente complicada, incluso aunque no se tuvieran en cuenta las condicionantes derivadas de una regulación constitucional que impone unos límites expresos a las iniciativas reformadoras en esta materia. Mucho me temo, a la vista de lo anterior, que el Partido Popular sea capaz de complementar los dos riesgos estructurales a los que antes aludía con el concurso de un arbitrio tan aparentemente poco meditado como da la impresión de ser la Administración única.

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).