El fiscal del Supremo pide que Estevill sea suspendido 6 años por prevaricación

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido seis años de suspensión de cargo público para Luis Pascual Estevill, vocal del Consejo General del Poder Judicial, por un presunto delito continuado de prevaricación (dictar a sabiendas resoluciones injustas), así como que indemnice a seis víctimas de sus decisiones con un total de 11,5 millones. El mismo juez se enfrenta a una querella por delito fiscal. Según el director de una sucursal del BBV, Estevill regularizó su dinero negro con la suscripción de Deuda Pública Especial, informa Efe.

Del escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo se desprende que Estevill aprovechó su designación como magistrado para saldar viejas cuentas con antiguos compañeros del mundo de las finanzas en Barcelona. Los hechos se remontan a los últimos años del decenio de los 70, cuando el entonces abogado Luis Pascual Estevill ejercía como letrado externo de la firma Bertrand y Serra, de la familia Bertrand y perteneciente al grupo de empresas textiles "de reconocida solvencia".Estevill influyó para que los Bertrand adquiriesen acciones de Jorge Juan S A, de Tranporte y del periódico El Noticiero Universal, pero, a raíz de estas adquisiciones, la familia empezó a acumular importantes pérdidas. Por intermedio de dos de sus miembros, Lorenzo Rosal Bertrand y Eusebio Bertrand Mata, fue contratado Enrique Marugán Giró, perito y profesor mercantil, para que examinase la marcha de las empresas. Enrique Marugán aconsejó a los Bertrand que prescindieran de lo servicios de Estevill, lo que hicieron.

Años después, en septiembre de 1994, Estevill, ya como juez, se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona por vacaciones de su titular. En él había una querella de Banesto imputando a determinadas personas delitos de estafa y alzamiento de bienes que el titular había dejado pendiente para su regreso.

Estevill, en sus últimos días de sustitución, admitió a trámite la querella tras una comparecencia "espontánea" de un apoderado de Banesto y citó a declarar como imputados a Enrique Marugán y Lorenzo Rosal Bertrand, quienes ni siquiera eran mencionados en la querella y sólo habían sido propuestos como testigos.

Marugán no pudo comparecer por encontrarse en Brasil, por lo que Estevill decretó su busca, captura e ingreso en prisión. Rosal compareció como imputado sin que el juez le hiciera ninguna pregunta.

Fianza de 25 millones

De las seis personas contra las que se dirigía la querella de Banesto, Estevill encarceló a cuatro -a tres de ellos, durante tres días- y luego les impuso una fianza de 25 millones pesetas. Según el fiscal del Supremo, "ni de la querella ni de las declaraciones se deducían racionalmente indicios de que los querellados fueran responsables de delito alguno".Cuando el titular del Juzgado número 10 se reincorporó al mismo dejó sin efecto la busca y captura de Marugán y acabó sobreseyendo el caso por inexistencia de delito, decisión confirmada luego por la Audiencia de Barcelona.

El fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito continuado de prevaricación por el que Estevill debe ser suspendido de todo cargo público durante seis años.

Por otra parte, ayer trascendió que Estevill regularizó su dinero negro con la suscripción de Deuda Pública Especial, a través del Banco Bilbao-Vizcaya, según declaró en el Tribunal Supremo Roberto Moral, director de una sucursal de esta entidad bancaria. Roberto Moral compareció como testigo ante el Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y ante el magistrado Joaquín Martín Canivell, instructor de la querella presentada contra Estevill, en la que se le acusa de un delito fiscal por no haber declarado a Hacienda 160 millones de pesetas.

Fuentes jurídicas informaron a Efe que, en su declaración, Roberto Moral no precisó cuánto dinero negro tiene suscrito Pascual Estevill en Deuda Pública Especial, aunque sí puntualizó que su vencimiento se producirá en el año 1997.

También declaró como testigo una hija de Estevill, Elena Pascual Franquesa, que admitió la compra de una finca a una sociedad de su padre en 95.000 pesetas y su posterior venta en la misma cantidad cuando la propiedad está tasada en 15 millones de pesetas. La hija de Estevill justificó esta operación con que la finca le hacía "mucha ilusión" porque era de su abuela y la vendió al año siguiente porque "estaba ruinosa".

En total, Estevill se enfrenta a cinco querellas en el Tribunal Supremo, cuatro de ellas por prevaricación y otra por delito fiscal, además de su posible destitución como vocal del CGPJ por un supuesto intento de soborno a otro miembro del Consejo.