Los agricultores hacen la guerra al parque sureste

Un millar de agricultores -el 95% de los que laborean en el sureste de la región- han presentado 4.616 quejas por escrito al plan de usos del segundo parque de. la Comunidad,situado entre los ríos Jarama y Manzanares. Rechazan que la Administración regional pueda decidir sobre la compraventa de sus terrenos. También critican la limitación de usos de fertilizantes, plaguicidas y abonos en sus tierras , y la prohibición de cazar sus terrenos,"invadidos por conejos que se comen las cosechas ".La Agencia de Medio Ambiente replica que el plan de usos del parque respeta los derechos de los agricultores .

Hace un año, los agricultores del sureste arrancaron sus tractores y marcharon contra el nuevo parque regional cuyos límites abrazaban sus tierras.Con 29.836 hectáreas, el parque del sureste es la segunda zona natural más grande de la región, después del Parque Regional del Manzanares.Un año después de aquella manifestación de tractores, los agricultores han sembrado en los despachos de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) un cargamento de alegaciones al plan que regula los usos dentro del parque. De las 5.273 quejas registradas. en la Agencia del Medio Ambiente, 4.616 (87,5%) van firmadas por 1.154 agricultores. El resto se distribuye entre los municipios afectados por el nuevo parque, ecologistas y, negocios privados.Miguel López, director de coordinación de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Madrid (Asaja) protesta contra las normas que el Gobierno regional que preside Alberto Ruiz-Gallardón, del Partido Popular, impone en el nuevo parque.. "La ley del parque del sureste se hizo en verano, con muy mal estilo. No nos consultaron pese a que afectaba a 30.000 hectáreas, donde había explotaciones de regadío que se iniciaron hace dos siglos, como la presa San Fernando", denuncia López.Asaja critica con especial dureza el derecho de tanteo y retracto, un instrumento jurídico que concede a la Comunidad de Madrid preferencia en la adquisición de los terrenos que los agricultores pongan a la venta dentro del parque. Este derecho obliga al vendedor a comunicar la venta de su terreno a la Administración regional.Durante tres meses, la Comunidad puede ejercer su preferencia para quedarse con la finca igualando el precio que pretendía pagar el comprador. "Eso es una ruina", dice 4ópez.

Francisco Sánchez-Herrera, director del Medio Ambiente Natural de la AMA, tranquiliza a los agricultores: "No pensamos aplicar el derecho de tanteo y retracto. No tenemos interés en comprar o expropiar media hectárea de maíz", asegura.Utilización de plaguicidas

Las alegaciones de Asaja pretenden frenar la fuerte restricción en el uso de fitosanitarios (plaguicidas, fertilizantes) para los cultivos que impone en plan: "Los abonos son imprescindibles para la producción. Estamos hablando de una zona que abastece a Madrid de lechugas, patatas y alcachofas. Se echa la culpa de la contaminación de las aguas a los fitosanitarios, cuando la contaminación viene de aguas arriba. El agricultor es el que mejor cuida el medio ambiente", explica Asaja.La Agencia del Medio Ambiente defiende que el plan intenta armonizar las actividades agrícolas con el parque. "Permitimos el empleo de fitosanitarios, sólo prohibimos los muy tóxicos", explica Sánchez-Herrera.

Asaja,combate con sus alegaciones la limitación de ruidos en el parque. "Del 15 de marzo al 30 de abril se prohíbe hacer ruidos porque nidifican las aves. Y también nos piden que evitemos los colores chillones en la maquinaria. Es una exageración... Aparentemente, para la ecología puede ser bueno, pero en la realidad no es así. Su mejor cuidador pasa a ser el enemigo", declara Miguel López.Explican los afectados que sus fincas están llenas de conejos. "Si no hay caza, y el plan de usos del parque la limita, puede ser la marabunta, y estarían todas las cosechas arrasadas". Francisco Sánchez-Herrera replica al respecto: "En los terrenos zonificados agrícolas no va a haber problemas para la caza".

Los agricultores concluyen: "Parque sí, pero no así. De una ley mala no puede salir un plan bueno. Queremos llevarla al Tribunal Constitucional".