La Generalitat se propone obligar a las TV por cable a emitir sus declaraciones

Los concesionarios de las televisiones por cable en Cataluña estarán obligados a difundir los comunicados y declaraciones que la Generalitat estime necesarios, según el proyecto de Ley de Regulación de la Programación Audiovisual Distribuida por Cable, que el Gobierno de la Generalitat envió ayer al Parlamento de Cataluña. Esta exigencia ha provocado la protesta formal de la Federación de Municipios de Cataluña (en la órbita socialista). Algunos de sus miembros han calificado este requisito como "cláusula Goebbels".

El artículo en cuestión dice textualmente así: "Las entidades que presten el servicio público de radiodifusión televisiva están obligadas a difundir, gratuitamente y con indicación de su origen, los comunicados o declaraciones que en cualquier momento y por razones de interés público, el Gobierno [de la Generalitat] estime necesario". El incumplimiento de este artículo es una falta grave que acarrea multas de hasta 15 millones de pesetas y, en caso de reiteración, de hasta 50 millones y la retirada de la concesión.

Desde que el primer borrador de la ley -redactado en apenas un mes- fue repartido entre las partes interesadas, la Federación de Municipios ha pedido la supresión de ese artículo, ya que la Generalitat dispone de sus propios medios de comunicación. En caso de referirse a situaciones de emergencia o catastróficas "se debería hacer constar que sólo debe hacerse en estos casos", según fuentes de la federación, aunque cabe recordar que hay otras autoridades diferentes a la autonómica competentes en materia de protección civil.

La intervención de la Federación de Municipios sí ha tenido más éxito en la supresión de un nuevo impuesto sobre los abonados, que constaba en uno de los primeros borradores del proyecto de ley. Esa tasa iba a ser destinada a financiar la industria audiovisual catalana.

Sin embargo estos dos aspectos no son los que más preocupan a las empresas que aspiran a obtener la concesión. Directivos del operador Cable i Televisió de Catalunya se muestran inquietos por las cláusulas sobre emisión de películas en catalán, "por el encarecimiento que supone". Entre los accionistas de esta sociedad se encuentran el Banco Santander, la compañía Multitel y la telefónica norteamericana US West, que es la que ha mostrado más su extrañeza, según la misma fuente.

"La emisión de películas, series televisivas o documentales doblados a una lengua diferente de la original se habrá de ofrecer simultáneamente al menos doblados en lengua catalana. El mismo principio se aplicará a los productos subtitulados", se establece en el proyecto. Estos requisitos no afectan a los canales abiertos que se reciben por antena y que también se difundirán por cable.

El concesionario de la televisión por cable está obligado a distribuir los servicios de radiodifusión de titularidad municipal si así lo solicitan, y todos aquellos de radio y televisión que la Generalitat califique de interés público. El operador deberá reservar como mínimo el 40% de su oferta audiovisual distribuida a programadores independientes. La Generalitat podrá rebajar este porcentaje si no hay oferta suficiente.

Consejo Audiovisual

El proyecto de ley prevé la creación del Consejo Audiovisual de Cataluña como un órgano asesor del Gobierno de la Generalitat "con el objeto de velar por la objetividad y transparencia de la programación audiovisual".Serán siete miembros nombrados por la Generalitat, encargados de proteger a la infancia, solicitar el cese o rectificación de publicidad ilícita o prohibida, recoger las quejas de ciudadanos y asociaciones y apoyar el proceso de normalización lingüística.

La Federación de Municipios ha pedido que en dicho consejo haya miembros de la administración local.