La SEPI negocia recibir unos 12,000 millones de los ingresos por la última OPV de Repsol

La privatización del 11% de Repsol, cerrada en febrero, aportó 103.000 millones de pesetas a la Hacienda pública. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista del grupo petroquímico,negocia con Hacienda la obtención del dinero equivalente a los dividendos que produciría el 11% del capital vendido en los próximos tres años, que serían unos 12.000 millones. La SEPI entiende que los dividendos cesantes es una compensación mínimay contrapartida a los ingresos' que ha obtenido Hacienda de la buena gestión del grupo. Fuentes autorizadas explicaron que las sucesivas privatizaciones han producido al Estado, en pesetas constantes, en tomo a 1 billón de pesetas.

La última Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de Repsol, en la cual se pusieron en el mercado 33 millones de acciones del grupo petroquímico, produjo unos ingresos totales de 139.951 millones de pesetas. De esta cifra, la SEPI, sociedad tenedora de las acciones del grupo, retuvo el valor nominal de las acciones (880 pesetas por acción), equivalente a 29.040 millones de pesetas. Los gastos de publicidad fueron ligeramente inferiores a los 1.600 millones de pesetas, mientras que las comisiones pagados por la operación rondaron los 3.400 millones de pesetas.En resumen, para la reducción del déficit -es decir, para Hacienda-, quedaron algo más de 103.000 millones de pesetas. Pues bien, la SEPI, presidida por José Victor Pérez Pita, está negociando con Hacienda percibir en torno a 12.000 millones de pesetas, cifra que equivale a los dividendos que deja de percibir la sociedad tenedora (la SEPI) durante los próximos tres años por la última reducción del capital decidida por el Estado.

La SEPI ha fundamentado esta petición en que "como sociedad estatal tenemos también uno s objetivos que cumplir y el más importante de ellos es precisamente asumir la deuda histórica del antiguo INI". En las conversaciones mantenidas entre Industria y Hacienda en 1995, con motivo de la reorganización del sector público que tuvo como resultado la creación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales por un lado y de la Agencia Industrial del Estado por otra, se llegó al acuerdo de que Hacienda percibiría los ingresos por plusvalías obtenidos de las ventas de Repsol que se realizaran en 1995 pero que sería necesario negociar el destino de los ingresos por privatizaciones realizadas en 1996.

El ministerio de Industria y la propia SEPI resistieron con éxito las presiones ejercidas para ampliar la privatización prevista de Repsol, fijada en el 11%, a pesar de la sobresuscripción de la OPV (hubo ocho peticiones por cada acción vendida). En la privatización realizada en 1994 se decidió, para hacer frente al exceso de demanda, ampliar finalmente la oferta.

Equilibrio de fuerzas

Finalmente, el argumento interno utilizado por el Gobierno para no reducir la participación del Estado por debajo del 10% fue el mantener formalmente la posición del Estado al mismo nivel que la posición resultante de la suma de participaciones de los dos accionistas privados, que son BBV y Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Este argumento será "muy tenido en cuenta" por el Gobierno que resulte de las elecciones. El ritmo de privatización de Repsol será más lento y se aplicará probablemente a reforzar las posiciones estratégicas de accionistas ya existentes, de forma que se facilite una gestión que no sea por nombramiento del sector público, si resulta necesario. Aunque parece que se mantendrá la gestión de Oscar Fanjul.