¿Es posible bajar los impuestos en España?

La reducción del IRPF es una oferta de todos los partidos, con la excepción de IU. El PP es el que va más lejos y se compromete a rebajar el tipo marginal máximo desde el 56% actual hasta el 40%. El PSOE, igual que el PNV, apuesta por una reducción al 501,10, mientras que CiU lo colocaría en el 48%. La cuestión es si estás ofertas deben ir acompañadas, de una eliminación de las deducciones para que así no caiga la recaudación. Juan Costa (PP) dice, tajante, que "no, en ningún caso", aunque luego matiza que las deducciones deben mantenerse "en la medida en que estén justificadas por razones económicas o sociales.". El programa electoral del PP únicamente señala que "se tenderá a modular el impuesto de manera que refleje fielmente la capacidad económica de los contribuyentes en función de las circunstancias familiares y personales". Según algunas interpretaciones, ello quiere decir que las deducciones en lugar de aplicarse en la cuota se descontarán de la base imponible; es decir, no serán igual para todos sino que dependerán del nivel de ingresos. Mercedes Aroz (PSOE) habla de una "revisión" de las deducciones fiscales "en sus conceptos y cuantías". Ascienden a 1,2 billones de pesetas -el IRPF recauda unos cinco billones- y "debemos asegurarnos que cumplen los objetivos a los que se aplican", señala Aroz.

A finales del año 1991 hubo en España una regularización fiscal; es decir, se perdonaron impuestos a los que habían defraudado a Hacienda, pero con una penalización. Afloró entonces un billón de pesetas, la mayoría procedentes de los pagarés del Tesoro. Francesc Homs, de CiU, mantiene una postura relativamente abierta respecto a si se debe repetir la experiencia."Aministía no; pero sí se deben aportar vías para que aflore la economía sumergida; una segunda regularización penalizada podría contemplarse". Jon Zabalía, del PNV, es tajante al afirmar que la amnistía fiscal no es en estos momentos ni posible ni deseable". Salvador Jové (IU), opina que "en ningún caso" se debe volver a repetir una regularización y Juan Costa (PP) asegura que su partido "no aprobará ninguna aministía fiscal", ya que estas actuaciones "van en perjuicio de aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias". En ello coincide Mercedes Aroz (PSOE) para quien "la reiteración de estas iniciativas acaba haciéndolas inefectivas, dada la expectativa de ulteriores oportunidades". La última regularización "estuvo justificada por la circunstancia extraordinaria que suponía la desaparición de los pagarés del Tesoro y de los afros", explica. Ahora no tendría sentido insistir en una medida de este tipo porque, según Aroz, las recientes reformas de la Ley General Tributaria y del Código Penal en delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social "favorecen la regularización de situaciones tributarias extemporáneas".

La única estimación paraoficial que existe sobre el fraude fiscal en España es la realizada por el Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que lo valora en tres billones de pesetas, más de una cuarta parte de los ingresos que el pasado año obtuvo el Estado mediante los impuestos. Jon Zabalía (PNV) sitúa el problema en su contexto: "La. lucha contra el fraude fiscal a través de medidas de prevención y la ejecución de planes de inspección especiales y coordinados constituye un elemento básico en un sistema tributario justo". Salvador Jové (IU) presenta todo un plan de actuaciones que pasaría por derogar las últimas modificaciones de la Ley General Tributaria y del Código Penal, potenciar la capacidad inspectora y sancionadora, supresión del secreto bancario, promover la igualdad de trato en el control de las distintas fuentes de renta y fomento de la colaboración policial. Mercedes Aroz (PSOE) señala que se ha avanzado bastante en los últimos años: el número de declarantes del IRPF ha pasado de seis millones en 1982 a 13 millones once años después. Juan Costa (PP) cree que la inspección debe orientarse a investigar y señala la importancia de que los ciudadanos comprendan para qué pagan unos impuestos que deben ser, ante todo, "justos y sencillos".

Un impuesto como el de sociedades, donde el conjunto de incentivos fiscales supone el 40% de la recaudación, no parece suficiente a la mayoría de los partidos para fomentar la inversión y el empleo. Mercedes Aroz (PSOE) señala que se acaba de aprobar la reforma del impuesto de sociedades que supone "continuar en la línea de apoyo a la economía productiva de forma estable".Las medidas que contempla -apoyo a las pymes, a la internacionalización de las empresas, mayores incentivos para formación profesional, investigación y desarrollo y exportación- debería completarse, según Aroz, con aprobar una nueva actualización de valores para las empesas que permita adecuar sus balances a la inflación y con la modificación del sistema de módulos. Juan Costa (PP) coincide en la necesidad de proceder a una actualización de balances y de modificar el sistema de módulos y añade la ampliación de los plazos de compensación de pérdidas, mejorar la política de amortizaciones y la exoneración de las transmisiones de pequeñas empresas familiares. Francesc Homs (CiU) pone la condición de que los estímulos fiscales a las empresas sean realmente para fomentar el empleo y la inversión. "Hay que pensar en abandonar las líneas de subvenciones y ayudas a fondo perdido e introducir ventajas fiscales vinculadas a la creación de puestos de trabajo", asegura Homs. Salvador Jové (IU) coincide en que se deben sustituir los incentivos fiscales por transferencias directas a las empresas condicionadas al empleo y la inversión.