¿Que medidas pueden mejorar la baja calidad del servicio judicial?

El PP pone el acento en el auto gobierno de los jueces y en su profesionalidad e independencia. "Para recuperar y fortalecer la independencia del poder judicial" anuncia una ley orgánica que devuelva al CGPJ "su posición institucional y competencial a través de la elección de 12 de sus 20 vocales entre y por jueces y magistrados". Para "garantizar la profesionalidad propone restringir la justicia interina y el acceso a la carrera judicial por vías distintas a la oposición.La "independencia y neutralidad política de los jueces" la pretende "garantizar" el PP con una ley que exigirá "un período forzoso de espera de cinco años para los jueces y magistrados que hayan desempeñado un cargo político". En cuanto a la "reforma del sistema de responsabilidad de jueces y magistrados" dice que "ha de ampliar los supuestos de indemnización a los particulares por daños sufridos de resultas del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia". No explica si repercutirá tales indemnizaciones sobre los jueces culpables de la anormalidad.. El PSOE propone impulsar la renovación parlamentaria del CGPJ, potenciar su servicio de inspección y reformar el estatuto personal de los jueces, incluido un riguroso régimen de incompatibilidades. IU plantea mejorar la elección parlamentaria del CGPJ, para el que pide aumentar sus competencias, entre ellas las de inspección, "en base al derecho de los justiciables", y las disciplinarias, "ante el incumplimiento o las anomalías de funcionamiento de los estamentos judiciales". Pide "sanciones enérgicas cuando no se practique la inmediación en las pruebas de valor resolutorio o se dicten sentencias sin motivar".

CiU, y PNV piden un reflejo de las autonomías en el órgano de gobierno de los jueces y el PNV propone que se reforme el estatuto de los fiscales para acentuar "su imparcialidad".

La receta de todas las formaciones electorales es la misma: realizar reformas procesales y poner en marcha ya los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo, escalón inferior de la jurisdicción encargada de controlar a la Administración y que está atascada.El PSOE pretende "agilizar los procesos judiciales", y plantea, como ya hizo en 1993, la "reforma de las leyes procesales tanto de Enjuiciamiento Civil como Criminal", la "modernización del derecho concursal, adecuándolo a los nuevos requerimientos y exigencias de la vida económica" y la "reforma del orden contencioso-administrativo, cuyo proyecto no ha podido ser aprobado en la pasada legislatura".El PP programa "acciones urgentes para el logro de una justicia más rápida", entre ellas la "tramitación urgente de una ley de reforma de los juicios ejecutivos, y de los procedimientos de ejecución de sentencias" y la "intensificación de la adscripción temporal de jueces y magistrados a los órganos colapsados por volumen de asuntos".

IU parte de que la lentitud de la Justicia "perjudica en especial a la población de recursos más escasos". Propone "reformas de las normas de procedimiento", así como "en la estructura de funcionamiento de la oficina judicial y en la actuación de los colaboradores de la Justicia (abogados, procuradores, peritos, forenses").

CiU apuesta por "una reforma procesal global que permita la reducción de trámites y la simplificación de los procesos civiles, penales y contencioso-administrativos"; "un sistema para lograr cubrir todas las vacantes y crear un buen servicio de sustituciones con el fin de evitar demoras", y "servicios eficaces de control" en el CGPJ, que garanticen "la administración de una justicia rápida y de calidad".

Para atajar "la lentitud de los procesos judiciales, que convierten en ilusoria la tutela judicial efectiva", el PNV, junto a la mediación y el arbitraje, propone también reformas procesales y la "urgente creación de los juzgados unipersonales" de lo contencioso-administrativo.

El PP e IU ofrecen soluciones contrapuestas. Mientras los populares plantean la continuación del programa de construcción de macrocárceles ya iniciado por los socialistas, IU propone todo lo contrario: paralizar el plan actual e ir hacia un modelo de centros de dimensiones reducidas que atenúe el cumplimiento efectivo de las penas que prevé el nuevo Código. En el centro, el PSOE y CiU plantean un desarrollo del Código Penal que prepare para vivir en libertad.En cuanto a medidas, el PP promete la "mejora de los establecimientos penitenciarios", la "lucha activa contra la droga en las cárceles" y un régimen de permisos y progresiones de grado "de la exclusiva competencia judicial, acabando con las excarcelaciones administrativas".El PSOE propone un plan especial para los internos enfermos de sida, beneficios penitenciarios ligados a la formación, centros abiertos y semiabiertos, puesta en práctica de los arrestos de fin de semana, favorecer que las condenas se cumplan en las proximidades del entorno familiar y establecer una "línea caliente" entre los presos y la autoridad penitenciaria central.

El programa del PP no propone ninguna medida, y el propio PSOE, promotor en la anterior legislatura de la ley del Tribunal del Jurado, no prevé el desarrollo (le esta institución, a la que ni siquiera menciona, aunque sí se refiere, en cambio, a la potenciación del papel del fiscal en la investigación penal, una de las medidas anticipadas en aquella ley.Tampoco el PNV, pionero en la propuesta de una ley del Jurado, concede ahora prioridad al juicio por jurado. CiU le dedica estas palabras: "A partir de las primeras experiencias de funcionamiento del Tribunal del Jurado se impulsarán las modificaciones que puedan ser necesarias para consolidar definitivamente esta institución".IU recuerda que "los juicios con jurado empezarán a ser práctica común en la primavera de l996" y expresa su preocupación porque "las imprevisiones del Ministerio de Justicia, la falta de medios materiales y el escaso entusiasmo en dotar de las infraestructuras necesarias puedan derivar en un desprestigio desde el principio de la institución". Echa en falta también la falta de formación de los candidatos a jurados y de los jueces y fiscales que intervendrán en los juicios. IU anticipa que urgirá "la rápida resolución de estos aspectos" y propone "la ampliación del juicio con jurado para otros tipos de delitos y la extensión a otros órdenes jurisdiccionales en temas de especial incidencia".