La Comisión Europea reclama competencias sobre el acuerdo de Canal + y Telefónica

La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) español y a las empresas participantes en el acuerdo de Cablevisión -Telefónica y Canal +- que se le notifique oficialmente dicho pacto, puesto que puede tener "dimensión comunitaria". Esta petición "ni paraliza el proyecto ni lo declara contrario al derecho comunitario", indicaron fuentes del Ejecutivo comunitario.Mediante una carta enviada el martes a estas entidades, la Dirección General de la Competencia (DG-IV) abrió un "procedimiento informativo", en virtud de sus atribuciones de vigilancia sobre el reglamento de concentraciones empresariales que puedan afectar al mercado comunitario. El objeto del expediente es establecer definitivamente si Cablevisión es una concentración que afecta únicamente al mercado español o tiene la aludida "dimensión comunitaria". La alianza Cablevisión fue comunicada, al formarse, al TDC español, ante el que se presentó el expediente de concentración.

Recientemente, Antena 3 TV formuló ante el Ejecutivo comunitario una queja, alegando que esa alianza podría distorsionar la libre competencia en el sector de televisión por cable. A esta denuncia se unió la compañía Multitel, encabezada por Eugenio Galdón.

Pero la carta de la DG-IV no tiene relación con esa denuncia. "No tiene nada que ver con la queja presentada ante la Comisión por Antena 3 TV", manifestó ayer el portavoz del comisario de la Competencia, Karel Van Miert. Simplemente, los servicios técnicos de la Comisión han entendido que la atribución para evaluar la operación corresponde a ésta, y no al TDC, porque la presencia de Canal +, en cuyo capital participa Canal Plus de Francia, daría "dimensión comunitaria" a la alianza.

Contrariamente a esta apreciación, las empresas asociadas presentaron el expediente de aprobación ante el organismo español, puesto que la participación de Canal Plus Francia en Canal. + España es minoritaria; la empresa española está íntegramente gestionada por españoles; y dos tercios de su cifra global de negocios se generan en España. Se trata, entienden, de una concentración que afecta al mercado doméstico y no al comunitario, por lo cual el organismo competente sería el TDC.

Interpretaciones erróneas

La apertura del procedimiento informativo "de ninguna manera supone una decisión sobre la cuestión de fondo", es decir, el carácter español o comunitario de Cablevisión. Y no paraliza el desarrollo del proyecto. El expediente establece un período en el que las partes presentarán sus alegaciones, a lo que seguirá una "opinión motivada" redactada por la DG-IV, sobre la que decidirá el colegio de comisarios. La decisión de éste es recurrible ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Este procedimiento es el habitual en las concentraciones empresariales que examina la Comisión. Sin embargo, anoche fue objeto de interpretaciones erróneas en España.

Una de ellas, recogida por Europa Press y atribuida a un portavoz de Antena 3, es que "el acuerdo de Cablevisión queda a partir de ahora sub iudice". No es el caso, puesto que el asunto no está ante los jueces, sino ante la Comisión (y además el TDC español no es un organismo propiamente judicial). Otra interpretación errónea es la del director de Comunicación del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez. Según él, el procedimiento "demuestra la ilegalidad de la iniciativa emprendida para desarrollar la televisión por cable en España por Canal + y Telefónica". Ambas versiones fueron taxativamente desmentidas por el portavoz de la Comisión.