José Barrionuevo

La inclusión de José Barrionuevo en las listas del PSOE para las próximas elecciones generales, tras el auto de procesamiento dictado por el juez Eduardo Móner, ha generado una crítica bastante generalizada, a la que dicho partido no ha sabido dar respuesta.El núcleo esencial de la crítica es el siguiente: la inclusión de José Barrionuevo en las listas del PSOE es jurídicamente admisible, pero moralmente intolerable. El propio Barrionuevo debería haberse autoexcluido; pero de no hacerlo él, la exclusión debería haber sido acordada por el PSOE, ya que lo contrario supone someter a una suerte de chantaje al cuerpo electoral. Aunque simplifico, creo que no desvirtúo ni desfiguro en lo más mínimo la crítica formulada.

A este reproche de naturaleza moral el partido socialista ha contestado con dos argumentos: la presunción de inocencia y la autonomía del partido para tomar sus decisiones sin interferencias ajenas. Ninguno de ellos resulta mínimamente satisfactorio.

Nadie discute que la presunción de inocencia es más que un derecho subjetivo, ya que tiene la condición de premisa indispensable de una sociedad civilizada, pero la invocación de dicho derecho por sí solo no puede justificar la inclusión de un procesado en una candidatura. Para la inclusión en una lista no se debe exigir exclusivamente que el candidato no haya sido condenado mediante sentencia judicial firme, sino algo más y algo distinto. Nadie discute tampoco la autonomía de los partidos para tomar sus decisiones. Pero ello no puede querer decir que un partido pueda ponerse el mundo por montera y adopte una decisión que choque frontalmente con la que la sociedad considera que debería haber tomado y que pueda repugnar incluso a la conciencia de los ciudadanos.

Dicho con otras palabras: el PSOE ha respondido con argumentos que no tienen nada que ver con la crítica que le ha sido dirigida. Y sin embargo, la crítica es de tal entidad y afecta de manera tan radical a la organización política de nuestra convivencia que no puede ser obviada con una finta y dejada sin respuesta. Sin un discurso moral no hay sistema político ni ordenamiento jurídico que merezcan el calificativo de democrático.

He sostenido en privado y en público que José Barrionuevo tenía que ir en las listas electorales y que tenía que ir por Madrid, que no se le podía desplazar a una provincia pequeña para amortigar el efecto. Y lo he sostenido por razones de tipo moral y no de carácter jurídico o político.

Jurídicamente hubiera sido posible excluir a Barrionuevo de las listas, pero moralmente habría sido insoportable que se le excluyera. La autoexclusión habría sido un acto de cobardía política, explicable desde una perspectiva personal y familiar, pero injustificable desde una perspectiva moral. La exclusión por el PSOE habría sido un certificado de bancarrota moral de dicho partido. En cuanto al chantaje para el cuerpo electoral, sólo desde una idea paternalista de la democracia, que no comparto, resulta admisible.

Mi discrepancia con la crítica formuladla es, por tanto, total. No hay ni un solo punto en el que coincida. Justamente por eso, y porque creo que el debate en los términos en que está planteado es insoslayable, es por lo que me he decidido a poner por escrito mi argumentación.

Primero lo evidente. La conducta que se está enjuiciando no es la del ciudadano Barrionuevo, sino la del ministro de Interior del Gobierno de España entre 1982 y 1988. Contra el ciudadano Barrionuevo no hay nada. Nadie ha discutido en. el pasado y nadie discutiría hoy que figurara en la lista por Madrid. Son determinadas presuntas acciones u omisiones en la lucha antiterrorista del minitro Barrionuevo lo que se discute. Precisamente por eso, el problema no es de presunción de inocencia. Mejor dicho: también es un problema de presunción (le inocencia, sólo que en este case, y en este momento el derecho subjetivo del ciudadano Barrionuevo a la presunción de inocencia pasa a un muy segundo plano. Lo que está en juego es la presunción de legitimidad del Estado. Este es el elemento decisivo que hay que tomaren consideración para decidir sobre la inclusión de José Barrionuevo en la candidatura socialista.

Desde el punto de vista del ciudadano Barrionuevo y del ejercicio de su derecho subjetivo a la presunción de inocencia, no creo que nadie mínimamente imparcial pueda dudar que su situación sería en estos momentos mejor si hubiera decidido no ser candidato. El calvario personal y familiar que está pasando como consecuencia de la persecución política y de la de determinados medios de comunicación cesaría o se vería reducido en su intensidad de manera extraordinaria. Desde el punto de vista de ministro de Gobierno de la nación y de la presunción de legitimidad del Estado, tal decisión habría sido una catástrofe.

No conozco ningún caso desde el 15 de junio de 1977 en que un ciudadano español se haya visto sometido a una tensión de naturaleza moral de la intensidad a la que se encuentra sometido el ciudadano José Barrionuevo. Su interés particular le podría haber conducido a autoexcluirse de las listas. En términos personales y familiares hubiera sido explicable. En su condición de ex ministro hubiera sido un acto de cobardía política y de indignidad moral.

Pues no nos encontramos ante el ejercicio del derecho del ciudadano Barrionuevo a proclamar su inocencia, sino ante la obligación del ex ministro Barrionuevo a no admitir, ni siquiera con hipótesis, una quiebra en el principio de legitimidad del Estado. Eso, justamente, es lo que habría significado su autoexclusión. Coincido punto por punto con las palabras que pronunció Miquel Roca sobre Barrionuevo en Los desayunos de Radio Nacional, pero voy más lejos. En la tensión entre su derecho privado y su obligación pública, José Barrionuevo no tenía otra opción moral que dar prioridad a su obligación pública. Haberlo hecho así, no sólo le honra personalmente, sino que es además un servicio adicional que está prestando al país. En un mundo tan encanallado como en el que estamos viviendo, no es poco.

Actuar de otra manera hubiera supuesto admitir, aunque fuera con hipótesis, que el ministro del Gobierno de España engañó a su homólogo francés en las negociaciones para coordinar la lucha antiterrorista, ya que negociaba, como ministro de un Estado legítimo. al mismo tiempo que ordenaba actos terroristas en territorio francés y sobre ciudadanos a veces fianceses; hubiera supuesto admitir que en los mismos años en que el Gobierno de España negociaba su incorporación a Europa, su ministro de Interior practicaba el terrorismo, etcétera.

Ello no supone, en modo alguno, crítica a la actuación del Tribunal Supremo, que está haciendo lo que tiene que hacer, ya que ante unas determinadas denuncias e indicios tiene que investigar. No cabe impunidad en el Estado de derecho. Pero una cosa es que el Tribunal Supremo investigue ante determinados indicios y otra que un ex ministro dé verosimilitud con su conducta a dichos indicios. El ciudadano Barrionuevo no puede evitar ser al mismo tiempo soporte de la presunción de inocencia y de la presunción de legitimidad del Estado. La primera no le obliga a soportar la presión que se está haciendo sobre él. La segunda, sí.

Todavía menos tolerable que la autoexclusión habría sido. que el PSOE hubiera tomado la decisión de excluirlo de la candidatura por Madrid. Si por consideraciones de tipo político y de rentabilidad electoral el Comité Federal hubiera acordado que José Barrionuevo no figurara en sus listas, el PSOE habría perdido el crédito mínimo indispensable para dirigirse a los ciudadanos. Un partido que no es capaz de soportar la presión en defensa de la legitimidad del Estado cuyo Gobierno ha dirigido, merecería que no lo votara nadie. Si la autoexclusión del ex ministro podría haber encontrado una explicación, que no justificación, por razones personales y familiares, la exclusión por el partido no hubiera tenido ninguna.

Tras lo expuesto, creo que se entenderá por qué considero que la tesis del chantaje a los ciudadanos no puede ser compartida. Llegados al punto al que hemos llegado, en el que, dicho sea de paso, el debate público sobre el GAL y sobre la política antiterrorista tiene mucho más que ver con los enfrentamientos civiles de nuestra historia que con la forma en que se tratan estos temas en todos los países democráticos sin excepción, que no ha tenido ninguno de ellos que soportar una presión terrorista como la que hemos tenido que soportar nosotros. Habiendo llegado hasta aquí, no se puede ahora adoptar una actitud paternalista y pretender ahorrarle al pobre ciudadano el dilema moral al que objetivamente tiene que hacer frente.

Los ciudadanos tienen que pronunciarse el 3 de marzo con todos los elementos que tienen que ser tomados en consideración, y uno de ellos es que el ciudadano José Barrionuevo no podía autoexcluirse, sin que dicha autoexclusión supusiera simultáneamente la admisión de una quiebra del principio de legitimidad del Estado. Así es como están objetivamente las cosas. Cada uno tiene que reflexionar personalmente y decidir en conciencia, sin imágenes mutiladas y sin que se haga desaparecer lo que no se puede hacer desaparecer. Es cierto que se van a plantear. problemas de naturaleza moral a la hora de decidir. A estas alturas es algo insoslayable para la sociedad española. Cualquier otra salida sería mucho peor.Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla.