Malas vibraciones

La filtración a la prensa de unas palabras sobre el instructor del caso GAL pronunciadas supuestamente el pasado sábado por Felipe González en la reunión a puerta cerrada del Comité Federal del PSOE levantó una airada tempestad en los partidos y las asociaciones judiciales. El presidente del Gobierno aprovechó anteayer la presentación del programa electoral socialista para negar que esos comentarios sobre el magistrado Móner salieran de sus labios; no serían ciertas, así pues, ni sus críticas expresas a la impropiedad de que Barrionuevo haya sido procesado tras la disolución de las Cortes, ni sus reticentes alusiones a los motivos ocultos de carácter extrajudicial subyacentes a esa decisión. Felipe González reafirmó su respeto por la independencia del Poder Judicial, al tiempo que reivindicaba la autonomía del PSOE para confeccionar sus listas electorales y para incluir al ex ministro del Interior -procesado en el Supremo por detención ilegal, malversación de fondos públicos y relación con banda armada- en la candidatura cerrada y bloqueada del Congreso por Madrid.Pero la incorrecta transcripción e interpretación de las palabras atribuidas al presidente del Gobierno no se debió al atolondramiento de un reportero novato o a la malevolente tergiversación de un cronista de colmillo retorcido, sino a portavoces oficiales del PSOE. Se comprende, así, que los medios de comunicación y las asociaciones; de magistrados las tomasen como ciertas; además, las agrias críticas y los inmisericordes ataques lanzados habitualmente contra otras actuaciones judiciales por algunos dirigentes socialistas han dejado una estela de malas vibraciones que presta verosimilitud a cualquier improperio contra los tribunales procedente de sus filas. Porque la cultura de poder del PSOE, construida a lo largo de sus años de Gobierno, muestra una preocupante tendencia a confrontar bélicamente el principio democrático, legitimador de los representantes elegidos por las urnas y de los cargos nombrados directa o indirectamente por el Parlamento, con el procedimiento meritocrático de acceso a la magistratura.

La conclusión operativa deducida de esos fundamentos oscuramente formulados sería que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben prevalecer sobre el Poder Judicial cuando un conflicto les enfrente. Esa drástica moraleja expresa una empobrecedora concepción de la democracia, reducida así a la aplicación mecánica de la regla de la mayoría electoral y despojada de los mecanismos de amparo a las minorías y a los derechos humanos que sólo la aplicación del derecho puede proporcionar. En su reciente libro Democracia, jueces y control de la Administración (Cívitas, 1995), Eduardo García de Enterría señala con acierto que nada hay más contrario a la esencia misma de la democracia" que la pretensión de los gobernantes según la cual el origen electivo de sus cargos les legitimaría para. quedar salvo del control de los tribunales y para rechazar cualquier reclamación judicial de los ciudadanos.

Los intentos de hacer prevalecer la voluntad mayoritaria de las urnas sobre las exigencias del Estado de derecho resultan infinitamente más graves cuando las presuntas infracciones cometidas por un cargo público no se refieren a la Ley de Expropiación Forzosa, sino al Código Penal. Si la sustitución del gobierno de los hombres por el imperio de la ley es un rasgo esencial de los sistemas democráticos, el derecho necesita reglas de procedimiento para dirimir los conflictos y jueces que apliquen las normas. Felipe González reivindicó anteayer la autonomía del PSOE para incluir en sus candidaturas a Barrionuevo, en paralelo con la independencia del Supremo para juzgarlo: aunque recordar ahora los disparates pretorianos sobre la autonomía militar sería una injusta broma de mal gusto, la equiparación entre un Poder del Estado y un partido político resulta algo tan chistoso como el intento de conseguir un resultado homogéneo al sumar peras y manzanas.