Una ayuda que cree empleo en España

El Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI), que engloba la Ayuda Oficial al Desarrollo, prevé un presupuesto para 1996 de 282.000 millones de pesetas. Trasladada esta cifra a creación o mantenimiento de empleo, esos recursos podrían suponer en tomo a 50.000 puestos de trabajo en España.La campaña por el 0,7 está sirviendo de revulsivo de nuestras conciencias: ¡hay que hacer algo para luchar contra la miseria de los pueblos más pobres! Pero vemos cómo se va avanzado hacia ese objetivo con demasiada lentitud y sin haber definido, con detalle, el modelo de cooperación que España quiere hacer, es decir, los instrumentos de su política exterior de cooperación al desarrollo.

El hambre, la enfermedad y el analfabetismo del Tercer Mundo se sienten, desgraciadamente, aún muy lejos. Todos estamos sensibilizados con estos problemas, pero no podemos perder de vista que para muchos españoles la prioridad más urgente sigue siendo encontrar o mantener puesto de su trabajo.

Se viene presentando la ayuda al desarrollo como un deber de solidaridad, y, por tanto, se concibe centrada, sobre todo, en la ayuda de emergencia o de carácter social. Se critica que se pueda mezclar con intereses mercantilistas y se rechaza que pueda tener como objeto exportaciones de servicios o de productos de nuestro país. Y, consiguientemente, parece que se descarta que pueda concebirse como un instrumento más para asegurar trabajo en favor de los propios españoles.

¿Por qué han de verse como incompatibles las necesidades de ambos mundos: la angustia de la subsistencia diaria de unos y el miedo al paro de otros? En este sentido, es necesario provocar un debate que analice si es posible -moral y políticamente- poner juntos ambos intereses y que al mismo tiempo se examine cómo se puede llevar a la práctica este planteamiento.

La movilización actual por los pueblos más pobres no puede ser sólo cuestión de una "campaña de- sensibilización". El riesgo de cansancio o de pasotismo de nuestra sociedad es siempre grande. El 0,7 no puede limitarse a un impulso coyuntural. De ahí la necesidad de anclar la generosidad de este momento en un modelo de cooperacion que también tenga. en cuenta la necesidad actual más- urgente de nuestro país: tener o encontrar trabajo, sobre todo en el caso de los jóvenes.

Entre los temas de especial "sensibilidad" actual está la integración de España en la Unión Económica y Monetaria. Se trata de no perder el tren del núcleo duro de la Unión Monetaria y de la moneda única. Pero los criterios de Maastricht nos van a exigir en 1996 y 1997 una reducción importante del déficit público y, por tanto, una revisión del gasto público.

Junto a ello, el no cumplir a largo plazo los objetivos de convergencia nos puede acarrear un riesgo adicional: una penalización a la hora de recibir los fondos de cohesión. La cifra de éstos -en torno a 160.000 millones- equivaldría al aumento que habría de tener al AOD para llegar al 0,5% del PIB, tal como ya se acordó en la ley presupuestaria de 1995.

Por tanto, en los dos próximos años, el debate se centrará en los gastos presupuestarios a mantener o aumentar, en función de urgencias y prioridades. Y la preocupación debe estar que llegue un momento donde la ayuda al desarrollo pueda verse como alternativa de gasto público frente a otros gastos sociales cuyo primeros beneficiarios sean lo españoles más necesitados. Un planteamiento similar está ya ocurriendo en otros países: ante la presión para reducir gastos del Estado, se está tratando de blindar la ayuda al desarrollo con la justificación de que también se crean puestos de trabajo en el propio país. En Estados Unidos, ese argumento se ha cifrado en que un mi llón de dólares puede represen tar 1,5 empleos; en España, esa proporción sería de 22 puestos de trabajo.

. En definitiva, se trataría de evitar que la opinión pública, el Parlamento y la Administración se enfrenten con el dilema de aplicar una cooperación que implique detraer, a cambio, unos recursos de reclamaciones más directas del electorado español o que no se utilice, dentro de sus posibilidades, para dar trabajo.

En estos comienzos de año -y ante la próxima campaña electoral-, todos estamos de acuerdo en que debe prevalecer el Pacto por la Solidaridad. Pero, a medida que se acerque 1999 y la incorporación de España a la moneda única requiera situar el déficit público en el 3%, habrá que ir tomando decisiones políticas sobre -las prioridades del gasto: puede que, entonces, la creación de empleo y el modelo actual de nuestro bienestar social pasen por delante del compromiso por el 0,7.

Por tanto, busquemos entre todos -partidos políticos y grupos sociales- un consenso: tanto sobre el Pacto por la Solidaridad, como sobre el modelo,. es decir, sobre la política y los programas concretos de la cooperación al desarrollo, donde los 280.000 millones del PACI hagan posible al mismo tiempo todo o parte de los 50.000 puestos de trabajo potenciales:

José-Pedro Sebastián de Erice és diplomático.