Hacienda recurrirá la rebaja del Impuesto de Sociedades en Euskadi

La rebaja al 32,5% del tipo general del impuesto de sociedades decidida anteayer en el País Vasco será recurrida por el Ministerio de Economía y Hacienda por considerar que las diputaciones forales de esta comunidad autónoma no tienen competencias al respecto. La medida ha sido, por el contrario, bien acogida entre los empresarios vascos y criticada por el secretario general del sindicato mayoritario en Euskadi (ELA-STV), José Elorrieta. Izquierda Unida también recurrirá ante la Unión Europea.

Hacienda espera, en cualquier caso, a conocer el texto concreto que regulará el impuesto de sociedades en el País Vasco antes de elaborar el correspondiente recurso. Éste se debe presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma y para ello hay dos meses de plazo desde que la norma se promulgue oficialmente. Según declaró a Efe el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, la decisión del País Vasco supone "una cierta deslealtad, casi un abuso del concierto económico"'.Martínez Robles argumentó que las normas de armonización establecen que el sistema fiscal (le las diputaciones forales no puede suponer un menoscabo en las posibilidades de competencia empresarial, ni ser una barrera al libre movimiento de capitales y de mano de obra, ni implicar una presión fiscal global inferior a la del territorio nacional. En su opinión, "no tiene mucho sentido establecer un paraíso fiscal en el País Vasco".

Izquierda Unida también denunció ayer esta medida por entender que "prima los intereses de los más favorecidos y perjudica notablemente a las rentas más bajas". El parlamentario vasco de IU Tomás García acusó a las diputaciones forales vascas y al Gobierno autónomo de persistir "en su empeño por hacer de Euskadi un paraíso fiscal, en el que los trabajadores pagan cada día más, mientras que los empresarios reducen espectacularmente su contribución al erario público".

El consejero de Economía el Gobierno cántabro, Rafael Gutiérrez, anunció ayer la posibilidad de impugnar ante la Unión Europea la reducción e la fiscalidad empresarial en comunidad autónoma vecina en el caso de que ello suponga una menor presión fiscal que en el resto del Estado, informa Europa Press. El Instituto de la Empresa Familiar considera por su parte que se trata de una medida discriminatoria.

Actualización de balances

En el País Vasco las reacciones han sido contradictorias. El secretario general de la patronal Confebask, José Zubía, calificó de "excelente no sólo la rebaia del tipo del impuesto, sino el conjunto de medidas, por que pueden ser un instrumento eficaz para el relanzamiento económico del país". El secretario general del sindicato mayoritario en Euskadi (ELA-STV), José Elorrieta, por el contrario, salió al paso de este acuerdo censurando el hecho de que estas medidas favorecen exclusivamente a los empresarios.Desde las haciendas forales vascas se indicaba ayer que la rebaja del tipo general y el resto de incentivos servirán para crear empleo y ayudar a la reactivación de la economía y que supondrán una ayuda para promocionar la actividad empresarial en general no a los empresarios en particular.

Entre los incentivos aprobados por las haciendas vascas, que deberán ser ratificados por las Juntas Generales (parlamentos provinciales), está la fijación de una cantidad fija por cada empleo creado por las empresas, así como una serie de incentivos a la investigación y desarrollo y a la exportación que, antes eran patrimonio exclusivamente de la pequeñas y medianas empresas (pymes). Junto a esto se mantienen los incentivos a la inversión, que podrían llegar hasta un 15% de los nuevos activos adquiridos por las sociedades.

El acuerdo sobre incentivos hace una mención especial a las pymes y se prevé que las empresas que dispongan de menos de 250 trabajadores tengan libertad de amortización. El acuerdo recoge también la posibilidad de que las sociedades eliminen los efectos de la inflación en sus balances aunque esto "no supondrá una nueva actualización de balances", según indicaron fuentes del Ejecutivo autónomo.

A partir de ahora se abre, un largo proceso que culminará con la aprobación de los proyectos de norma foral que redacten cada una de las diputaciones forales.