Los campus canarios, enfrentados al gobierno autonómico

, Las dos universidades canarias y la Consejería de Educación autonómica mantienen desde hace meses un pulso en torno al contenido final del denominado Contrato-Programa, o lo que es lo mismo, las medidas que al amparo de la Ley de Plantillas y Titulaciones Universitarias aprobada el 6 de abril del pasado año, deberán garantizar la financiacion que el Ejecutivo autonómico destinará en los próximos tres años a ambas universidades, así como la plantilla docente, la oferta de titulaciones, el nivel de calidad, la investigación o la gestión económico-administrativa de ambos centros, entre otras.Con una duración de tres años, este Contrato-Programa debía haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, pero las sucesivas reuniones entre las partes implicadas y las consiguientes modificaciones de los borradores propuestos por la Consejería a través de la Dirección General de Universidades de Canarias, han dado al traste con el calendario previsto y creado un clima de discordia tal, que ha propiciado incluso serias contradicciones entre algunos socios de Coalición Canaria (actualmente en el Gobierno de las islas).

A mediados del pasado mes de noviembre, los rectorados de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria decidían unirse, hecho considerado "histórico" teniendo en cuenta las guerras fratricidas del pasado reciente entre ambos campus por considerar inaceptables los puntos del documento presentado en ese momento por la consejería, a la qué acusaban de "estar vulnerando el principio de autonomía universitaria en su pretensión de gestionar las nóminas del personal, así como de controlar los convenios y trabajos de investigación".

"El primer borrador era totalmente inaceptable", explica Pablo Saavedra, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, "la Consejería pretendía crear una comisión de seguimiento para controlar la vida universitaria; se trataba en la práctica de suplantar a los Consejos Sociales. Nos opusimos, puesto que era evidente la vulneración implícita de la LRU".

Distintos sectores sociales coincidieron entonces con el punto de vista de ambos rectorados. Tanto fue así que el anterior consejero de Educación, Juan Manuel García Ramos, hoy diputado de Coalición Canaria y por tanto socio político del actual responsable de Educación, José Mendoza, admitió públicamente que aquel borrador pudiera incurrir en "injerencias" en la autonomía universitaria.

Ante la protesta, la consejería retrocede y accede a entablarnuevas negociaciones. Modificados algunos. aspectos, (ahora sí con la participación de las juntas de gobierno universitarias), la consejeria ofrece un,nuevo borrador en el que incluye un apartado, el relativo al personal, que no fue aceptado por la universidad de Las Palmas pero sí en cambio, por la universidad de La Laguna, produciéndose una nueva fractura entre los dos centros de enseñanza superior.

Tras muchos dimes y diretes y cuando ambas universidade carecían estar en condiciones de aceptar una nueva propuesta, ha surgido otro obstáculo que coloca a la Consejería de Educación ante un conflicto del que, según su titular, José Mendoza, debe responder el Ministerio de Educación y Ciencia: la homologación de los sueldos del profesorado universitario con el resto de los funcionarlos del Gobierno autónomo.

Según un estudio realizado por un profesor de la universidad de Las Palmas, un catedrático de universidad en Canarias gana casi 70.000 pesetas brutas al mes menos que un Jefe de Servicio de nivel 28 de la Administración autonómica. Los datos han sido in ás que suficientes para colocar en el disparaderó el terna de la homologación y dar al traste Con la rirma del Contrato-Programa.

La consejeria responde que no es de su competencia sino del Estado central la Junta de Gobierno de la universidad de Las Palmas aplaza la firma hasta finaJes de este mes, y, entre tanto, el profesorado de la universidad de La Laguna fue convocado a una huelga, secundada los pasados días 19 y 22 de enero, para exigir la homologación.

La firma del Contrato-Programa se ve así aplazada sine die y la Consejería de Educacion emplaza al Estado a través del Ministerio de Educación para que tome cartas en el asunto. El Ministerio, por su parte, considera que no puede intervenir porque Canarias es una comunidad con plenas competencias en materia de política universitaria.