La aplicación del sistema de pensiones chileno elevaría el deficit 1,5 puntos durante 14 años

Cambiar el sistema de pensiones actual mente vigente en España por un sistema privado de capitalización, siguiendo el modelo chileno, supondría aumentar el déficit públíco en 1,5 puntos al año desde 1996 hasta el 2010. De ese año al año 2017, el coste adicional sería de dos puntos. Así lo recogen las conclusiones del informe previo que José Piñera, autor del sistema chieno, ha elaborado para el Círculo de Empresarios y la Bolsa de Madrid. Piñera asa la transición de un sistema a otro en la incorporación obligatoria al nuevo sistema de las personas menores de 45 años.

José Piñera reconoce que el "esfuerzo fiscal" que el cambio de sistema requiere, es decir, el déficit público que provoca, se ha calculado de forma "injusta" porque se ha hecho sin tener en cuenta los efectos que la propia reforma tiene sobre el crecimiento del PIB y una mayor recaudación. En cualquier caso, los beneficios del sistema que él implantara en Chile, en plena dictadura, los aplaza hasta el año 2017 en el que, según sus cálculos, empezaría a darse superávit fiscal. El objetivo de déficit público para este año es del 4,4% y toda la política económica va encaminada a reducirlo con el fin de cumplir uno de lo! criterios de Maastricht para formar parte de la moneda única: dejarlo por debajo del 3% en 1997. Ello hace que su aplicación ahora se descarte por su propio peso.En su informe, Piñera certifica la defunción del actual sistema público de pensiones, denominado de reparto, en el que las pensiones vigentes se pagan cori las cotizaciones de los trabajadores en activo. "El actual régimen", dice el estudio, "está en quiebra o, en términos económicos, el verdadero patrimonio del sistema de pensiones de reparto de España es negativo". Según sus cálculos, teniendo en cuenta las cotizaciones que corresponden a pensiones, los gastos de pensiones esperados y los costos de gestión, "el resultado neto del sistema ha sido siempre negativo". Y augura que su déficit aumentará a una tasa media del 5,34% al año, llegando en el 2025 a los 6,65 billones de pesetas.

Las cotizaciones

Piñera encuentra muy difícil la solución a esta situación. Se trataría de introducir el sistema de pensiones chileno, privado y de capitalización, en el que cada trabajador se asegura su futura pensión en función de lo que vaya cotizando a un fondo a lo largo de su vida laboral. La transición de un sistema a otro se haría con el paso obligatorio de los menores de 45 años (el 67% de los actuales cotizantes) al nuevo sistema, de manera que por un tiempo convivirían los dos.Las cotizaciones al nuevo sistema privado serían menores. Concretamente pasarían en el régimen general del 21,2% al 13%, una diferencia de 8,2 puntos. Esa diferencia en autónomos sería de 6,6 puntos. Para solventarlas, el informe propone dos alternativas. La primera consiste en que la diferencia de tasa de cotización se transforme en un Impuesto de Transición para contribuir a financiar las pensiones que queden en el antiguo régimen. La segunda opción considera que ese nuevo impuesto sólo supusiera un tercio de la diferencia de tasa de cotización, otro tercio se traduciría en un aumento del sueldo del trabajador y otro tercio se traduciría en una bajada del coste bruto de la mano de obra para ayudar a la creación de empleo. Piñera afirma en el informe que el descenso de recaudación que se produciría con la segunda opción se compensaría con las mejoras que el nuevo sistema supondría para la economía, que no se evalúan.

A los trabajadores que pasen al nuevo sistema se les da un documento en el que figuran los derechos acumulados hasta la fecha del traspaso, si bien reducidos por "la situación de insolvencia" del sistema. Ese documento se llamará Bono de Reconocimiento. Para el Régimen General se calcula que se ha cotizado el 20,9% sobre un sueldo de 122.018 pesetas al mes. Al resultado se le añade un porcentaje según la edad que varía desde el 5% para los de 30 años hasta un 100% para los de 45 años.

El problema de la posible injusticia para quienes han cotizado por sueldos mayores se resuelve, en esta ocasión, apelando a la solidaridad: "El criterio usado tiene la virtud de favorecer claramente a los trabajadores de menores recursos", dice el informe. Agrega que, además, "en una situación de insolvencia patrimonial como la que tiene el sistema de reparto español, existen claros incentivos para dismunir los beneficios de los grupos de mayores ingresos". La cuantía del bono se calcula al momento del traspaso y se ajusta según la inflación hasta el momento en que se cobre, la edad legal de jubilación. Estos bonos serían negociables en el mercado decapitales y podrían cobrarse antes, pero a menor precio.

Los afiliados al nuevo sistema constituirán un fondo de pensiones parte del cual, no más del 50%, podría prestarse al fisco para financiar el sistema antiguo. El resto se invertiría en el mercado de capitales.