Unos programas convergentes

CUALQUIERA QUE sea el ganador de las próximas elecciones, la política económica se va a mover dentro de márgenes bastante estrechos, en buena medida porque los dos partidos mayoritarios asumen el marco de convergencia con Europa. Pero también porque la política efectivamente desplegada estos dos últimos años por el Gobierno socialista -más o menos influido por el socio catalán- ha incorporado, algunos de los criterios reclamados por el Partido Popular. (PP), como la devaluación de la moneda para favorecer las exportaciones, la rebaja del precio del dinero para reactivar la inversión y la prioridad otorgada a la contención del déficit público. Y en última instancia, porque el propio PP se ha convencido de que tiene muchas posibilidades de gobernar. y ha introducido un componente de prudencia en sus propuestas.La manifestación más clara de esa convergencia en el centro es el debate planteado en tomo a la fiscalidad. Al PP se le ha acusado de haberse echado atrás en su intención de rebajar el impuesto, de la renta, condicionándolo al éxito en la contención del déficit. Es una verdad a medias. Esa condición ya figuraba en el programa del PP de las elecciones de 1993, cuando también esperaba ganar. El compromiso era, concretamente, congelar los impuestos durante el primer año e intentar bajarlos luego "de manera paulatina a medida que la rebaja del déficit público lo vaya permitiendo". Pero es cierto que casi de inmediato, una vez confirmado en su papel de partido de oposición, olvidó esas cautelas y pasó a exigir -en interpelaciones, mociones o enmiendas presupuestarias- la reducción de la tarifa del IRPF.

Pero la sensibilidad existente ante el tema, en particular entre las clases medias, ha aconsejado, al PSOE incluir una referencia al objetivo de rebajar la presión fiscal, también condicionado al control del déficit, sin temor a que ello sea catalogado como una "obviedad solemnizada". Los socialistas también proponen revisar las desgravaciones fiscales, algo que cargaron a las espaldas del PP en vísperas de las elecciones locales de mayo. De todas formas, el PSOE se propone mantener las relativas a vivienda, medicinas y cargas familiares, que es donde estaba el debate. Tras algunas vacilaciones -acusaron de defraudadores a quienes se oponían a su eliminacion-, también el PP defiende ahora mantener las desgravaciones de más contenido social, especialmente por hijos y compra de la primera vivienda.

En fin, también Anguita ha acusado de plagio a Felipe González por suscitar el tema del reparto del trabajo, una consigna que el coordinador de Izquierda Unida ya defendió en las elecciones de 1993. Esa propuesta está siendo discutida en muchos países, pero cuenta con escasas experiencias. Las únicas conocidas demuestran que puede ser útil como arma defensiva, para evitar despidos, como en la Volkswagen alemana; pero está por ver que sirva para crear empleos nuevos sin rebajar la productividad. El programa de IU de 1993 proponía una redistribución de los empleos mediante la implantación de turnos de seis horas con salarios no inferiores a las siete octavas partes de la retribución anterior. Seguramente no es eso lo que propone González.

El empleo ocupa, en todo caso, el lugar central en todos los programas, y la reducción del déficit es la segunda prioridad entre las planteadas por los dos partidos con posibilidades realistas de gobernar. Sobre lo primero, es tranquilizador el énfasis con que los dirigentes populares se comprometen a impulsar el. diálogo social como instrumento para introducir las reformas en el mercado laboral que anuncia pero no precisa. Respecto a las pensiones, Aznar se ha comprometido a respetar el sistema público actual. Hace dos años, González reprochó a Aznar que si mantenía su intención de bajar los impuestos no tendría más remedio que recortar las pensiones. Eliminada expresamente esa reducción del proyecto popular, los argumentos de su adversario, socialista tendrán ahora que ser otros. Pronto habrá ocasión de comprobar si los tiene.