Mayor Oreja teme un gran pulso de ETA a un Gobierno del PP para forzarle a negociar

El presidente del PP en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, teme que en los próximos meses ETA echará, un gran pulso al Gobierno, si su partido gana las elecciones, con la intención de forzar una negociación. Mayor Oreja fue ayer tajante al asegurar que la banda terrorista no conseguirá doblegar al PP ni modificar el discurso de firmeza que mantiene en la oposición. Propuso también un pacto entre partidos y poderes independientes -sobre la Justicia, especialmente- para aplicar la ley en el País Vasco y defendió el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas como arma política para que ETA estime en su valor la reinserción, que no dudó en asegurar que se ha devaluado.

La presentación de la ponencia política sobre Instituciones y libertades, del XII Congreso, del PP, a cargo del líder popular vasco, se centró en la actitud de un hipotético Gobierno de este partido ante el reto del terrorismo. Mayor Oreja estableció cuatro líneas en la estrategia de ETA en "su obsesión por tratar de modificar el discurso" de su partido: ofrecer la imagen de que el País Vasco está ulsterizado con los conflictos callejeros; cansar a la opinión pública española con atentados fuera del País Vasco, para que se les deje a los vascos abandonados a su suerte; dar la impresión de que el PP está aislado políticamente en su estrategia, y a la vista de todo ello, tratar de forzar la negociación con un posible Gobierno del PP.Dijo que esa estrategia contaba, con un importante resorte al exitir "un grupo -en referencia a la coordinadora KAS- que dirige ETA desde la legalidad". "'Tenernos la certeza moral de que hay un grupo que está dirigido por ETA desde la supuesta legalidad y esa certeza se tiene que convertir en certeza jurídica", dijo.

"Fraude de ley"

Mayor Oreja pasó, a renglón seguido, del diagnóstico a las propuestas. Aseguró que más que un problema legal existe en el País Vasco es un déficit en el cumplimiento de las leyes vigentes, un "fraude de ley". Propuso algunas reformas de carácter procesal, pero puso el acento en que al nuevo Gobierno que salga de las urnas le corresponderá protagonizar un impulso cuyo objetivo es un pacto con los partidos e instituciones independientes, sobre todo la Justicia y las distintas policías, para que se aplique la ley. Su primer objetivo sería acabar con la "farsa" de que se dirija ETA desde la legalidad de KAS como "todo el mundo sabe en el País Vasco". Prometió para este sector "la máxima incomodidad" dentro de la aplicación de la ley.Como reforma legal propuso el cumplimiento íntegro de las penas, pero le dio un sesgo político a esta oferta programática. Su objetivo no sería otro que conseguir que los terroristas hagan valer la reinserción social. Esta fórmula, que alcanzó su cénit con el proceso de reinserción en 1982 de la mayoría de ETA político-militar, está devaluada actualmente, a juicio del dirigente vasco del PP. "Queremos que no se cumplan de mala forma las condenas de los terroristas; hay que demostrarles que no tienen garantizada la reinserción porque sin duda no la aprecian".

Fue crítico con el presidente del Gobierno, Felipe González, que el pasado fin de semana retó al PP a responder qué haría ante un proceso de reinserción como el protagonizado por la UCD y ETA-pm en 1982. Mayor Oreja aseguró que no tiene nada que ver la situación actual con la de 1982. "Los dirigentes de ETA-pm querían dejar la violencia, pero la ETA de hoy quiere prolongar el pulso al Estado". A renglón seguido, devolvió el reto a Felipe González al pedirle que haga una valoración sobre lo que pasa en el País Vasco.

El texto de la ponencia de Jaime Mayor considera que los terroristas tratan de rentabilizar el actual momento político español, al que califican de "de débil". Además del avance en el cumplimiento de la legalidad y la modificación del Código Penal para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, propone como armas para afrontar el terrorismo la "firmeza democrática -no a la negociación con ETA-, unidad -entre los partidos y las instituciones- y sentido común -evitar el aventurerismo y los atajos en la lucha contra el terrorismo, como los GAL-".

Medidas de equilibrio

Además del terrorismo, la ponencia aborda una serie de propuestas para recuperar "el equilibrio democrático entre las instituciones propias de un Estado de Derecho". Las más destacadas son: Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que garantice el predominio de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que garantice la imparcialidad del fiscal general del Estado; reforzar el papel del Tribunal de Cuentas; elaboración de un Estatuto de la Función Pública y un nuevo modelo de Consejo de Administración rector de la Radio Televisión del Estado.En el terreno de la Justicia propone, entre otras medidas, la elaboración de una ley que impida la vuelta inmediata de jueces y magistrados tras su paso por la política; un CGPJ no politizado y con competencias reales en la selección y formación de jueces, y el nombramiento del fiscal general del Estado entre los miembros de la carrera fiscal.

En el terreno de la seguridad propone la separación de los ministerios de Justicia e Interior; el fortalecimiento de una Secretaría de Estado para la Seguridad; reformas leigislativas que afectan a la revisión del Código Penal y a normativas sobre indemnización por delitos violentos.