La auditoria interna avisó a Conde

El informe, 44 folios con el recorrido de centenares de talones, termina sus conclusiones con una frase inofensiva: "Del contenido de las declaraciones prestadas por Tomás Allende Miláns del Bosch y Cándido Fernández Tendero, el propietario capaz de obtener fondos y entregarlos a ellos, sería Fernando Garro u otra persona bajo cuya autorización u orden habría realizado estos actos. Por concepto de autorización u orden, solo cabe la implicación que jerárquicamente sean superiores".En otros términos, ¿se pudo haber hecho este montaje con los seis. conjuntos inmobiliarios a espaldas de la presidencia de Banesto? La respuesta no la ha podido hasta ahora dar Mario Conde por una sencilla razón: la querella original carecía de una descripción de los presuntos delitos cometidos en la operación de los locales. Fue el fiscal Orti quien el 3 de marzo de 1995 presentó una propuesta para ampliar la querella e incluir la operación.

Garro declaró no saber nada sobre estos hechos cuando se, le citó como inculpado en los mismos. ¿Y Conde?

Para responder a la, pregunta hay que saber, primero, que fue la mismísima subdirección de auditoría interna de Banesto la que alertó en enero de 1992 sobre las operaciones realizadas y sus irregularidades. ¿A manos de quién fue a parar el documento? A las de Juan Belloso, consejero delegado en aquella época. ¿Ahí se quedó? Según uno de los querellados, el propio Belloso, y un testigo, el que fuera responsable de auditoría interna, Rafael Merino, se le informó a Marío Conde del mencionado infonne y de los riesgos que había en las operaciones. Conde habló con Garro. Más tarde llamó a Belloso: le dijo que no había ningún problema.