El guardián en la sombra

ENVIADA ESPECIALLa foto, histórica, ocupaba un espacio rutinario de un diario guatemalteco. Nineth Montenegro, combativa defensora de los derechos humanos, se sentaba frente al general golpista Efraín Ríos Montt, cuyo mandato (1982-1983) desencadenó uno de los periodos más sanguinarios de la historia de la república centroamericana. Ella, como nueva diputada del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala. Él, como presidente saliente del Congreso.

La imagen recogía los aires nuevos que soplan en Guatemala, donde los ciudadanos acuden hoy a las urnas para elegir, entre el conservador Álvaro Arzú y, el populista Alfonso Portillo, al tercer presidente civil desde 1985, después de 40 años de gobiernos militares. La negociación de paz con la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) para poner fin a 35 años de enfrentamientos armados, con sus tira y afloja, está canalizada, La izquierda, duramente reprimida hasta hace poco, se ha convertido en la tercera fuerza del Congreso elegido en noviembre.

Detrás de las bambalinas, un vigía silencioso observa el proceso. El Ejército, tradicional regidor de los destinos del país, se ha convertido en la pieza clave de una apertura que él mismo generó y que, como aprendiz de brujo, trata de controlar para que no termine devorándole."

En una sala de su residencia, el general Marco Antonio González Taracena, ministro de Defensa, acaricia un grueso eiemplar de las Leyes de Guatemala: "Mi felicidad como oficial estriba en mi sujeción al poder civil". González Taracena asegura que la modernización del Ejército "es inexorable". "Ya ha cambiado tremendamente. Durante décadas se ha creado un estereotipo muy concreto. Fortalecer el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos es la mejor manera de rehacer nuestra imagen

Adecuarse a los tiempos

El general González Taracena, antiguo jefe del Archivo, órgano de inteligencia de la Presidencia asociado a negros capítulos de la represión política, ha sabido adecuarse a los tiempos. Como ese grupo de oficiales, también del servicio de inteligencia. militar (G-2) que, conscientes del desgaste producido por el interminable enfrentamiento con la URNG y de los nuevos aires que trajo el fin de la guerra fría, decidieron sustituir el concepto de "seguridad nacional por el siempre más suave de "estabilidad nacional", e impulsar una transición política que han controlado desde 1987. Entre ellos se encuentra el general Otto Pérez Molina, actual jefe del Estado Mayor Presidencial.El proyecto de apertura controlada ha sido, sin embargo, agriamente acogido por varios sectores de las Fuerzas Armadas. La paz con la guerrilla y la democratización significan, en el caso de Guatemala, no sólo retirarse de los espacios de poder político y económico, sino, como ha ocurrido en El Salvador, rendir cuentas acumuladas durante 40 años de control absoluto y de lucha contrainsurgente impune.

La brecha entre constitucionalistas y duros se abre al ritmo de la liberalización política. "No hay ningún mando limpio, ninguno, porque ha sido una guerra terriblemente sucia" apunta un diplomático extranjero participante en las negociaciones de paz. "La diferencia no es entre. violadores o no violadores de los derechos humanos, sino, entre los que siguen violando y los que han dejado de violar. Es decir, entre los inteligentes, con capacidad política para hacer análisis y los tontos, sumamente peligrosos".

El Ejército, arropado por el poder civil, se ha cubierto las espaldas en las negociaciones con la guerrilla: la Comisión del Esclarecimiento Histórico, acordada con la URNG en junio de 1994 para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto por ambas partes, no hará acusaciones institucionales ni individuales, no dará nombres ni promoverá procesos legales.

"Hay que tener un poco de pragmatismo. No se puede ir más allá de un juicio político. Afirmar esto me ha traido problemas con los compañeros, pero la Comisión de Esclarecimiento era lo máximo que los poderes reales iban a permitir, afirma Nineth Montenegro, fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de familiares de los desaparecidos. "La astucia es encontrar una alternativa. En el Congreso propondremos la creación de una comisión para hacer públicos los nombres de los criminales".

Los paños calientes siguen sin convencer a unos duros que incluso cuestionan el proceso de paz. "Los más recalcitrantes son, en general, oficiales retirados, pero que todavía tienen cierta influencia en los mandos medios y que pueden dar problemas", comenta Héctor Rosada, jefe de la delegación del Gobierno en la negociación de paz.

Tal es el caso del general retirado José Luis Quilo, ex jefe del Estado Mayor, que interpuso recientemente una demanda contra Rosada por traición a la patria. Lo hizo, eso sí, en nombre de una cámara agraria. "Hay intereses económicos muy importantes en juego", comenta el diplomático extranjero. "Muchos oficiales se han jubilado con fincas no legalizadas y están asustados. Hay más de cien agencias de seguridad privada y redes de autobuses y taxis controlada por los militares".

La implicación de generales coroneles, con nombres y apellidos, en el narcotráfico y el con trabando de maderas preciosas de vehículos robados es algo bien conocido dentro y fuera de la institución castrense. Nada se ha hecho, sin embargo, contra ello. "El temor de los oficiales de Guatemala a su depuración llevará al Ejército a cavar su propia tumba", comenta cejijunto un joven coronel. "Es esencial que se limpien las Fuerzas Armadas. Ramiro de León no lo hizo. Pensaba que no era el momento. El próximo presidente tiene que empezar ya el primer día". Este militar, representante de la corriente más aperturista, recuerda cómo en El Salvador los acuerdos de paz significaron la depuración de 250 oficiales. "Aquí tendrían que sacar a 500, incluyendo violadores de los derecho humanos y delincuentes".

Presiones de EE UU

La opinión pública y el Congreso estadounidenses han estado presionando al Gobierno guatemalteco por casos de violaciones de derechos humanos que afectan a ciudadanos norteamericanos como el caso de Efraín Bámaca guerrillero desaparecido y reclamado por su esposa, la abogada Jennifer Harbury. Washington el padrino durante los tiempo más duros de la represión, ha decidido que ya es hora de que su colaborador se repliegue a un discreto segundo plano. La cautela se impone en otro discursos a la hora de hablar de la depuración. "Si yo fuera e nuevo presidente, no tocaría al Ejército. Es una institución muy celosa en la defensa de sus miembros", apunta Héctor Rosada experto él mismo en temas militares. "Ellos tienen sus mecanismos de reemplazo, y si se violenta el orden jerárquico puede haber problemas. Los más señalados por violaciones a los derechos humanos ya están en retiro. A su aire, van siendo conscientes de la necesidad de apertura, pero no hay que agredirles".Hay, de hecho, avances importantes, como señala Leonardo Franco, jefe de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua): la aceptación de un instancia de verificación cuya recomendaciones resultan duras para un estamento omnipotente, la disolución de la red de comisionados militares (24.000 civiles armados al servicio del Ejército) la práctica eliminación del reclutamiento forzoso y el impulso para despegar a las fuerzas policiales de las faldas de la Defensa son algunos de los cambios impulsados bajo la presidencia de Ramiro de León, que ya toca a su fin.

"La estrategia del Ejército ha variado mucho, desde luego Hay militares que quieren la apertura de verdad, pero tienen sus límites", comenta Ninet Montenegro. También ellos, Montenegro y otros diputados de su grupo rechazaron recientemente una invitación de Defensa para participar en un seminario del Centro de Altos Estudios Estratégicos. "Aún hay mucho dolor entre nosotros. El borrón y cuenta nueva es difícil. Nuestro hijos huérfanos nos recuerdan cada día una situación aberrante. Hay que sentar precedentes"