Fractura en Francia

EN LAS últimas semanas, Francia ha sido escenario de intensos debates, en los foros intelectuales y en la calle, sobre algunos de los principales problemas económicos y sociales de la Europa de Maastricht. El Gobierno de centro-derecha de Alain Juppé abrió el fuego presentando un plan de rigor destinado a reducir el déficit público, alejado todavía del 3% del PIB que exigen los criterios de convergencia, y sanear las cuentas de un sistema de seguridad social excelente, pero al borde de la bancarrota. El plan recibió el aplauso de la clase política, los economistas y los medios de comunicación, pero se enfrentó a una dura oposición popular expresada en forma de huelgas y manifestaciones de los funcionarios y empleados de las empresas públicas.Se evidenció así la existencia de lo que estos días los franceses llaman la fractura entre las élites y la opinión pública. Para los huelguistas -y esa mayoría de la gente que, según las encuestas, les apoyaba-, las ventajas de la reducción de los déficit del Estado y la Seguridad Social son demasiado etéreas y a largo plazo para los sacrificios reales que- se les piden a corto plazo. Como dice Jacques Delors, "las élites tienen la cabeza en el mundo global y la población la sigue teniendo en el territorio nacional". Los partidarios de la necesidad de sacrificios serios e inmediatos actúan convencidos de que, dada la extensión a todo el planeta del sistema de mercado libre y la velocidad de actuación de los operadores financieros, el equilibrio de las cuentas, el control de la inflación y la apertura y flexibilización de los mercados son la única manera de mantener la competitividad de las economías europeas y salvaguardar lo máximo posible su modelo de Estado de bienestar. Por el contrario, los enemigos del rigor piden esa otra política que predicaba, Jacques Chirac en la campaña y que debería conseguir al mismo tiempo mantener el gasto social, reducir la presión fiscal y generar empleo.

Las cuatro semanas de crisis francesa han mostrado que el paro, que alcanza en ese país el 11,5%, es la principal angustia de la ciudadanía. La protesta se ha ido extinguiendo tras la retirada por Juppé de vanos aspectos de su plan de rigor, como el recorte de las ventajas de los funcionarios en materia de jubilación o la eliminación de las actividades menos rentables de los ferrocarriles. Juppé mantiene el resto de sus objetivos, aunque en su Gobierno hay serias dudas sobre la conveniencia de la inminente entrada en vigor del nuevo impuesto del 0,5% sobre casi todas- las rentas destinado a enjugar la deuda del sistema de salud y pensiones.

El pasado jueves, Juppé celebró en Matignon una cumbre social con los representantes de la patronal y los sindicatos. A su término, el primer ministro se mostró optimista, pero no así los interlocutores sociales. Juppé se fijó el objetivo de crear 250.000 empleos para menores de 25 años en 1996 y pareció mostrarse convertido a la idea socialista de flexibilización de horarios y reducción del tiempo del trabajo. El primer ministro aseguró que introducirá esta idea en la Administración y las empresas públicas e invitó a empresarios y sindicatos a negociar caso por caso en el sector privado. Francia ha entrado en una especie de tregua de Navidad, pero los sindicatos advierten que a comienzos de año volverán a impulsar movilizaciones. Para el resto de los europeos, lo que allí ocurre es de capital importancia. Y no sólo porque sin la participación de Francia no nacerá la moneda única, sino porque, más allá de este objetivo, lo que los franceses debaten tiene mucho que ver con sus problemas de cada día.