El PP no puede vender los 90.000 pisos del Ivima por irregularidades

El PP, que gobierna en la Comunidad de Madrid, se ha encontrado una situación de "vergüenza" en el Instituto de la Vivienda, que gestiona 90.000 pisos públicos en la región, según reveló ayer en un pleno de la Asamblea el consejero de Política Territorial, Luis Eduardo Cortés. El consejero esgrimió un "informe interno" del Ivima para amenazar al PSOE con denunciar las múltiples irregularidades observadas en este organismo autónomo durante los 12 años de la etapa socialista. El PP querría vender ya 10.000 casas, del Ivima en 1996, pero dice que no puede porque todas tienen irregularidades.

Esta baza que se reservó el consejero para frenar los ataques del PSOE, ahora en la oposición, eclipsó el contenido y desarrollo del primer pleno monográfico celebrado en esta legislatura en la Asamblea, precísamente sobre políticas de vivienda. Pleno que se saldó, por otra parte, con el anuncio de la próxima tramitación de varias leyes y con las críticas del PSOE e IU a los afanes "recalificadores y especulativos" del PP, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, al permitir los nuevos barrios de Madrid.Fue entonces cuando el consejero, de Política Territorial apuntó que el 90% de las casas del Ivima no están al día de hoy "regularizadas". Con esta expresión, Luis Eduardo Cortés se quiso referir a que carecen de todos los trámites y, "papeles" que se exigen a los constructores de casas sociales para cumplir la legalidad vigente. El director del Ivima, Juan José Franch, añadió gravedad a las acusaciones lanzadas por su consejero, tanto en el número de pisos por regularizar que elevó hasta la cifra del 95%, como en el tipo de irregularidades encontradas en la gestión de este organismo.

12 años de incumplimientos

El patrimonio actual del Ivima consiste en 87.835 pisos (52% en régimen de compra, 30% en acceso diferido a la propiedad, 18% alquileres), 5.703 garajes y 3.204 locales comerciales, y afecta a unos 400.000 madrileños. Franch afirmó ayer que ninguna actuación realizada en los últimos 12 años por el Ivima ha cumplido al 100% los trámites legales exigibles. También aseguró que los constructores deben a los ayuntamientos el 95% de las licencias de obras de las promociones contratadas con el Ivima en esos años. Y añadió como ejemplo que de las 284 operaciones actualmente en marcha sólo en dos casos se han abonado estas licencias.Teóricamente, una construcción no puede siquiera empezarse si antes el constructor no ha pagado la licencia de obras. Se acepta cierta flexibilidad provisional en edificios públicos de especial interés. El Ivima, sin embargo, cuando contrata la edificación de una casa, sí la adjudica a un constructor con la partida correspondiente a la licencia. Los constructores son, en el caso del Ivima, los que no han abonado esos impuestos por utilización de suelo a los ayuntamientos. Éstos llevan años pidiendo la deuda a la Comunidad sin éxito.

El Ayuntamiento de Madrid exige dos licencias de obras: una tasa por expedición (400.000 pesetas de media para un edificio de 2.000 metros cuadrados) y un impuesto de instalaciones (3,56% del coste real de la, construcción). Estos tributos supondrán una partida presupuestaria tan importante como 7.500 millones de pesetas en 1996.

Los constructores argumentan que la Comunidad paga con mucho retraso. El Gobierno regional mantiene una deuda con estas empresas cercana a los 18.000 millones de pesetas, que espera saldar antes de que finalice este año.