Urralburu se escuda en su esposa, su familia y Aragón para negar toda implicación delictiva

Gabriel Urralburu, inculpado por el presunto cobro de conmisiones ilegales dentro la trama navarra del caso Roldán, negó toda implicación delictiva ante el juez Juan Manuel Fernández. Así consta en el sumario, entregado a las partes tras el levantamiento del secreto. El ex presidente navarro afirmó que lo relativo a la adjudicación de obras públicas correspondió a su consejero, Antonio Aragón; lo referente a la sociedad patrimonial, a su esposa, Olivia Balda, con la que no tiene separación de bienes, y lo concerniente a las relaciones con Jorge Esparza, a su familia política.

El desarrollo de este sumario ha enviado ya a prisión a los ex dirigentes socialistas navarros Gabriel Urralburu, ex presidente de la comunidad, y Antonio Aragón, ex consejero de Obras Públicas. Pero su continuación presenta dificultades por el esfuerzo jurídico de los abogados de Luis Roldán, el ex director general de la Guardia Civil, para evitar la llegada a España de documentación procedente de Suiza sobre los negocios de todos ellos en aquel país.Veintiocho millones de pesetas correspondientes a los supuestos pagos aplazados por la compra de cuatro chalés en Rota (Cádiz) por las sociedades patrimoniales de Urralburu y Aragón fueron devueltos a éstos por el promotor "en. efectivo y en una caja de zapatos" a través del despacho del abogado Agustín Guardia, que había recibido poderes de representación por parte de ambas.

Así lo declaró Juan Jove Sela, propietario de Promociones Roteñas, al juez Juan Manuel Fernández en una declaración considerada clave en el proceso investigador sobre la trama navarra del caso Roldán y los intentos de blanqueo del dinero procedente de comisiones ilegales.

Jove lo contó todo mientras Urralburu, su mujer y Aragón exhibían un completo estado de amnesia mezclado con un sistemático desconocimiento de todas las pruebas documentales que les involucran en el manejo de fondos sin justificación y pagados por constructoras tras la adjudicación de obras públicas durante sus mandatos.

Demostró Jove que el pago de los chalés de Rota lo efectuó Jorge Esparza, testaferro de Roldán y ex director comercial de Huarte, en una sola entrega y con una saca que contenía 68.325.000 pesetas. Urralburu y Aragón habían sostenido que se abonaron con cuatro letras de cambio de pago aplazado. El promotor aseguró que se legalizarón cuatro letras y talones, pero sólo para enmascarar el abono al contado.

"Los inmuebles estaban completamente pagados, pero firmé los recibís", aunque éstos carecen de sentido a la vista de lo aportado", declaró Jove. También reconoció que desde la gestoría de Guardia se hizo la entrega de los cheques de las letras, pero que ni siquiera los contabilizó en Promociones Roteñas porque "ese dinero se devolvió, ya que el pago era ficticio". Jove manifestó que "hubo malas artes por Residencial Menorquina para la obtención de dichos recibis". Los 28 millones de los ficticios pagos aplazados fueron devueltos por Antonio Ríos y Luis Miguel Re bollo, empleados de Jove, a Luis Carrasco, del despacho de Guardia, en metálico y en una caja de zapatos, según dijo recordar.

El empresario aseguró asimismo que no le han sido reintegrados nunca los 12 millones aportados por su empresa Inversiones Vela para pagar sondeos de la empresa Cíes que Urralburu encargó en las elecciones autonómicas de 1991.

La contundencia de Jove se opuso a los olvidos de Urralburu. El ex presidente negó cualquier implicación delictiva, Así, dijo que todo lo relativo a la adjudicación de obras públicas correspondió a Aragón; lo referente a la sociedad patrimonial, a su esposa y lo concerniente a Esparza, a su familia política.

Según reflejan los siete folios de declaraciones, Urralburu desmintió haber adjudicado ningún tipo de obra de forma irregular y mantuvo que todo lo relacionado con la construcción de la autovía de Leizarán y la seguridad de la misma fue realizado por "el departamento de Obras Públicas . También dijo desconocer por completo" lo referente a las cuentas suizas. No obstante, reconoció que Roldán le presentó a Esparza, con el que llegó a tener "una relación suficiente para permitir que su familia política se dejara aconsejar por el director comercial de Huarte".

A pesar de negar cualquier relación societaria con Roldán, Urralburu declaró que las sociedades patrimoniales Residencial Menorquina y Copcan (de la familia Aragón) se constituyeron, al igual que las de Esparza, en la misma notaría madrileña "para que no interfiriesen en su labor política" en Navarra y, además, que su creación fue deseo "de su familia política". Urralburu llegó a manifestar ante el juez que "no quería saber nada" respecto a la sociedad de su mujer y adjudicó a ésta la responsabilidad en la compra de los chalés.

"Debe estar equivocado", respondió a Fernández cuando éste le señaló que, según el responsable de la empresa de estudios sociológicos Cíes, Carlos Zuazo, los trabajos pagados por Jove le fueron solicitados personalmente por él.

También Antonio Aragón y Olivia Balda se escudaron en un permanente olvido ante el juez.

En el sumario figura también una relación de documentos otorgados por Roldán, que han sido remitidos a Pamplona por el notario madrileño Jaime García Rosado.

Según ese listado, Roldán otorgó poderes en su despacho en favor de sus abogados en agosto de 1994, cuando llevaba cuatro meses fugado. En él se advierte que la notaría elabora su índice según los otorgantes y no según los representantes, apoderados o mandatarios que actuaran en su nombre, por lo que cabe la posibilidad de que los documentos fueran otorgados por Roldán a través de su esposa, Blanca Rodríguez-Porto.