España, en la OTAN
IZQUIERDA UNIDA anuncia movilizaciones contra la eventual incorporación de España a la estructura militar integrada de la OTAN. También ha comunicado su intención de plantear una pregunta al Gobierno sobre si esa integración es el precio pagado por la designación de Javier Solana como secretario general de la Alianza. Por su parte, el Partido Popular consideraría innecesario convocar un- nuevo referéndum si se modificasen las condiciones limitativas planteadas en la consulta de 1986. Esa opinión es discutida por los sectores tradicionalmente opuestos a la OTAN.La desaparición del bloque soviético en un rapidísimo proceso tras la caída del muro de Berlín ha modificado sustancialmente los objetivos y la naturaleza misma de la Alianza Atlántica. Fundamentalmente porque ha dejado de existir su enemigo histórico, hasta el punto de que algunos de los integrantes ayer del Pacto de Varsovia están llamando a las puertas de la OTAN. Y también porque, tras la desaparición del bloque antagonista, han surgido nuevos riesgos para la seguridad, como lo demuestran la guerra de los Balcanes o los conflictos existentes en el espacio geográfico de la antigua URSS.
Todo ello lleva a los 16 miembros de la OTAN a replantear la estructura y las misiones de la organización. Es en ese contexto de una nueva OTAN en el que España ha empezado a cuestionar la singularidad de su status, derivada de los términos en que se planteó el referéndum de 1986. El presidente del Gobierno ha asegurado que no está previsto un cambio del estatuto español a corto plazo y tanto él como Solana han descartado cualquier vinculación entre esa cuestión y el nombramiento del nuevo secretario general de la Alianza. Un acuerdo en esos términos parece poco verosímil. Entre otras cosas porque muy probablemente va a ser el Partido Popular, y no el PSOE, el que administre en el futuro próximo esa eventual modificación. Pero sí es probable que la perspectiva de la necesaria adaptación de todos los miembros, entre ellos España, a las nuevas condiciones haya sido invocada como argumento para relativizar la singularidad española.
Esa singularidad es consecuencia del referéndum consultivo celebrado en 1986, que por definición no era jurídicamente vinculante, aunque si políticamente. En esos términos lo planteó el propio González, en el sentido de que de haber triunfado el no hubiera tenido que sacar a España de la Alianza. Vistas en perspectiva, hoy parece claro que las condiciones limitatívas -no incorporación a la estructura militar integradra, desnuclearización, desmantelamiento de las bases norteamericanas- fueron elegidas no tanto por su importancia, o interés para España como por ser las que mejor contribuían a desactivar los motivos de desconfianza de la opinión pública: la combinación del lema Bases, no, OTAN, sí con la consigna de desnuclearización era tranquilizadora. El añadido de la no integración en la estructura de mando se dirigía sobre todo a los sectores que se planteaban la cuestión en términos de pérdida de soberanía. La campaña socialista apenas incidió en los contenidos, limitándose a subrayar la superioridad del sistema referendario y los problemas que9 plantearía la victória del no (¿quién lo gestionará? era la pregunta).
Es dudoso que el carácter, políticamente vinculante del resultado global (sí o no) deba extenderse indefinidamente a esos condicionamientos más o menos coyunturales. Una nueva mayoría que quisiera sacar a España de la Alianza tal vez sí debería convocar un referéndum, pero parece poco razonable hacerlo por la modificación de alguna de esas condiciones. Sobre todo porque la actitud de la opinión ha cambiado en paralelo con la redefinación de las misiones de la OTAN en el nuevo escenario internacional. Lo que en 1986 se vivió dramáticamente, con gran polarización social, está hoy desactivado, Un sondeo del CIS de noviembre de 1993 indicaba que el 29% de la población no se pronunciaba o expresamente se consideraba indiferente respecto a la permanencia en la OTAN. Entre quienes tenían opinión, el 43% era favorable a la permanencia, y sólo el 29%, contrario. Seguramente fue una irresponsabilídad del PSOE la consulta de hace 10 años. Repetirla hoy sería añadir una tensión artificial a la sociedad.
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