Beteta dice que la herencia impide llevar sus promesas a los presupuestos

Alberto Ruiz-Gallardón, el presidente regional, superó ayer sin problemas el primer escollo para su primera ley de presupuestos. Hizo valer su mayoría absoluta para rechazar las enmiendas a la totalidad del PSOE e IU. La discusión política, sin embargo, estuvo mucho más igualada. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, se vio tan entre las cuerdas para justificar el mayor endeudamiento aprobado jamás por un Ejecutivo autónomo (128.000 millones) que admitió que el presupuesto no cumple varias promesas efectuadas por Ruiz-Gallardón, en su investidura debido a la herencia, recibida.

Beteta padeció ayer en secreto lo que nunca reconocerá en público: es decir, que los primeros presupuestos del Ejecutivo de Ruiz-Gallardón no son los que a él técnicamente le gustaría haber llevado a la Cámara. Fundamentalmente por una razón. Ha tenido que asumir, por imperativos políticos, un volumen de endeudamiento muy superior al que él mismo se cansó de criticar ferozmente durante 12 años de Gobierno socialista en la Comumindad.Los portavoces del PSOE e IU Jaime Lissavetzky y Juan Antonio Candil, no desaprovecharon la ocasión de hacer memoria. Bucearon en las hemerotecas y acorralaron a Beteta y a Ruiz-Gallardón con las ideas que ambos defendieron en un pasado muy cercano y que se resumen en: reducción del endeudamiento, de los gastos corrientes, y aumento hasta el 50% de las inversiones en el total del presupuesto.

Beteta acaparó ayer 133 minutos de un largo debate -duró cinco horas- para explicar cuál es ahora su filosofía económica. Una política que enunció así: "El Gobierno de Madrid va a hacer lo que debe aunque deba lo que haga". Y definió cómo pretende que sean los primeros presupuestos de la era PP en la Comunidad: que ayuden a la creación de empleo, reequilibren el territorio en favor del sur y el corredor del Henares, busquen el apoyo a las pequeñas y medianas, empresas, la concertación social y un mayor control de la legalidad en el gasto con la intervención previa.

El consejero dibujó un escenario económico internacional y nacional desconcertante, o sea, con trazos tan negativos como esperanzadores. Y refrendó todas sus teorías con unos cuantos datos del presupuesto de 1996, que alcanzará los 559.468 millones: 131.984 para el Plan de Choque contra el Paro, que debe generar ese año los primeros 50.000 empleos de los 200.000 prometidos para toda la legislatura; 55.000 millones para el endeudamiento de la empresa pública Arpegio para iniciar los 241 kilómetros de metro comprometidos en el programa electofal; 89.590 millones para inversiones (16% del total) y 9.034 millones para ayudas directas financieras a las pequeñas y medianas empresas.

Esas mismas cifras, fueron su flor y su tumba. Los portavoces de la oposición no las desaprovecharon. Tanto Candil. (70 minutos de intervención) como Lissavetzky (65) hicieron mella en el aspecto oscurantista de los presupuestos. Opacidad que se favorece con la nueva técnica empleada por los expertos del PP de arrancar la legislatura con unos "presupuestos en base cero", que teóricamente sirve para no asumir ningun programa del anterior Gobierno y que de hecho ha conseguido que las habituales comparaciones entre partidas semejantes con anteriores ejercicios se conviertan en un trabajo propio para la paciencia de coleccionistas.

Pedir a los bancos

Lissavetzky y Candil, que siguieron en líneas argumentales paralelas, cuestionaron que los presupuestos dejen sin determinar cómo y cuántos ingresos se van a conseguir. El portavoz socialista cuantificó incluso esa partida "en el aire" en 100.000 millones. Ambos coincidieron en subrayar que los 128.000 millones de deuda que la Comunidad y sus empresas y organismos públicos pedirán a los bancos en 1996 es una cifra que no se justifica en inversiones concretas, sino sobre todo en más gastos corrientes. También apuntaron que pese al crecimiento del presupuesto sobre el de 1995 en 140.000 millones sólo se destinan a inversiones de esa partida aumentada 12.000.

En ese punto, Candil y Lissavetzky rescataron la promesa electoral del PP y de Ruiz-Gallardón en su investidura de efectuar unos presupuestos en donde las inversiones llegarían al 50% del total.