Secretos a voces

LE FALTÓ tiempo al portavoz del Grupo-Popular en el Senado para contar ante los micrófonos lo que acababa de escuchar bajo el deber de secreto en la sesión inaugural de la comisión que investiga las actividades de los GAL. Y lo hizo más en términos de mitin contra el partido rival, el PSOE, que de informante. Tampoco le fue a la zaga el portavoz socialista, que contraatacó en similares términos y dio una versión diametralmente opuesta a la del portavoz del PP sobre lo que había sucedido en el interior de la comisión.No ha habido que esperar mucho para que la comisión senatorial sobre los GAL ponga de manifiesto su rasgo más definitorio: ser ante todo un instrumento de desgaste político entre la oposición y el Gobierno, y sólo secundariamente de investigación. A ello se une otro rasgo no específico sino genérico de cuantas comisiones ha habido hasta, ahora en el Parlamento: la pertinaz y continuada vulneración del secreto por parte de los comisionados, o algunos de ellos, impacientes por salir en televisión disparatando contra alguien.

Con esos ingredientes poco cabe esperar de los trabajos de esa comisión. Habrá poco de investigación, mucho de hostigamiento político y bastante de pantomima. Pero eso ya se sabía de antemano. El componente-oportunista de la iniciativa de esa comisión saltaba a la vista. Los grupos políticos, especialmente el PP, que forzaron su creación en el Senado, tras fracasar en el Congreso, sabían en qué condiciones se pondrían en marcha sus tareas. Primero, con un sumario judicial sobre los mismos hechos en estado muy avanzado; segundo con la anunciada disolución del Parlamento, que hace prácticamente imposible llevar a cabo una investigación solvente; tercero, con mayorías cambiantes en el seno de la propia comisión respecto de los objetivos, criterios y ritmos de la investigación.

El PP y el resto de grupos favorables a su creación sabían las dificultades que entrañaba citar a declarar a personas implicadas, o que pueden estarlo, en el sumario de los GAL y a funcionarios sometidos al secreto sumarial u obligados aguardar secreto en razón de su cargo. No pueden lamentarse ahora de que la comisión no marche por los derroteros inicialmente previstos. El PP fue consciente en algún momento de los problemas que podrían crearse con la investigación. simultánea de unos mismos hechos en el ámbito parlamentario y judicial. De ahí que llegara en diciembre de 1993'a un acuerdo de principio con el PSOE, luego no ratificado, para que el Reglamento del Congreso prohibiera la constitución de comisiones de investigación sobre asuntos sub júdice y obligara a suspender las constituidas si la justicia intervenía posteriormente.

Estos problemas sólo han comenzado a manifestarse en la comisión sobre los GAL. Algunos comparecientes no declaran acogiéndose al secreto sumarial o profesional; y los implicados en el proceso de los GAL sólo dirán lógicamente lo que no les perjudique. La frustración de quienes apostaron tan a fondo por una comisión ahora -y no cuando los GAL actuaban- intentan compensarla amplificando su eco mediático, rompiendo impunemente un secreto que se han autoimpuesto y dando versiones contradictorias sobre lo que han declarado terceras personas. La comisión no debería quedar reducida a mera plataforma de desgaste político del Gobierno. Pero es difícil no pensar que eso era lo que perseguían sus patrocinadores.