Amistad y deber

MUCHOS DIPUTADOS socialistas deberán demostrar hoy que son capaces de anteponer su condición de representantes del pueblo a la de amigos de José Barrionuevo. La votación en conciencia que el Grupo Socialista reclama para el suplicatorio del antiguo ministro del interior no puede ser una bula para eludir el deber parlamentario en aras de razones comprensibles, pero pri vadas, como la de demostrar solidaridad a un amigo. El Pleno del Congreso que hoy decidirá sobre la solicitud de la Sala Segunda del Supremo para interrogar a Barrionuevo en relación con el sumario de los GAL no tiene por objeto valorar los indicios delictivos esgrimidos por el juez. Su tarea, según la doctrina del Constitucional, se limita a analizar si en esa solicitud existe alguna intencionalidad política tendente a desnaturalizar el sentido de la acción penal. José Barrionuevo no ha dejado de asegurar, cada vez con más fuerza a medida que se acercaba la decisión de la Cámara, que esa intencionalidad política existe. Pero en las alegaciones que ha presentado al Congreso no da ningún argumento que lo pruebe, Se limita a reivindicar su quehacer como ministro del Interior en la lucha antiterrorista y a cuestionar numerosos aspectos de la instrucción sumarial en el asunto de los GAL.

Sería exagerado definir como intencionalidad política, en el sentido establecido por el Tribunal Constitucional, el perceptible tono vengativo con que Amedo advirtió hace tiempo a Barrionuevo, y a otros responsables políticos, que no se librarían de sus supuestas responsabilidades en los GAL, o la eventual complacencia del juez Garzón al conseguir indicios contra el ministro que le negó reiteradamente el acceso a los datos sobre fondos reservados por él solicitados en relación al caso Amedo. Incluso si esos sentimientos han existido, ello no bastaría para desnaturalizar la instrucción sumarial ni justificarían la pretensión de dejar de comparecer ante el Supremo.

El antiguo ministro del Interior no ha dejado de repetir hasta ayer mismo que se ve "sometido a un proceso penal y a una petición de suplicatorio sin que ningún órgano judicial haya aceptado todavía tomarme declaracion". Pero la forma de que se cumpla ese deseo es precisamente la aceptación del suplicatorio por el Parlamento. Es ante la justicia donde Barrionuevo debe alegar lo que estime conveniente si quiere que sus palibras no sean interpretada como un mero brindis al sol en clave victimista. El veredicto que vale en este caso es el del Supremo, no el del Congreso.

Muchas de las alegaciones de Barrionuevo tienen fundamento. Pero el único sitio donde pueden surtir efecto es en el despacho del juez Móner. En ese marco del proceso el ex ministro tiene todo el derecho a señalar la posible situación de indefensión en que le dejó el juez Garzón a lo largo de los siete meses en que no pudo contradecir las imputaciones vertidas contra él por Amedo y Domínguez en diciembre de 1994.. Si Garzón se excedió, utilizó la Ley de Enjuiciamiento Criminal arteramente o propició una situación favorable al juicio paralelo, son cuestiones que sólo el Tribunal Supremo puede dilucidar. Tienen que ver con la pureza del procedimiento, pero en absoluto con el suplicatorio.

Sería una pantomima por parte de Barrionuevo alegar indefensión y resistirse al mismo tiempo a comparecer ante la justicia. Si de verdad quiere defenderse, el camino es atravesar la puerta que le abre el suplicatorio. Y en todo caso, al margen de cuáles sean los deseos del ex ministro del Interior, el Congreso no puede dejar de actuar de acuerdo con los intereses de la justicia. Y del sistema demócrático. Porque si no lo hiciera así, no sólo estaríamos ante un nuevo y mayúsculo escándalo político, sino que se cerraría el paso al esclarecimiento de lo que urge aclarar en aras, precisamente, de la credibilidad de las instituciones.