Atrapados en una maraña legal
El año fiscal en Estados Unidos comienza el 1 de octubre. Si no existe un nuevo presupuesto para esa fecha, como ha ocurrido este año, todo el dinero que el Gobierno gaste tiene que estar autorizado por leyes específicas y por un plazo determinado. Esas leyes han vencido estas semanas y el Congreso se niega a una nueva extensión. Las dos leyes que ahora están en disputa son:
- Una para ampliar el techo de lo que el Gobierno puede pedir prestado para pagar la deuda pública (67.000 millones de dólares más, hasta el 12 de diciembre, sobre un tope, ya alcanzado, de 4,9 billones de dólares). Esta se llama Extensión del Límite de Deuda.
- Otra para seguir pagando lo que el Gobierno federal gasta en sus operaciones del día a día -Fuerzas Armadas, Correos, parques nacionales, burocracia etc.- que se llama Resolución de Continuidad.
En la primera de las leyes el Congreso incluyó, entre otros, los siguientes apartados, todos contrarios al deseo de la Casa Blanca:
- Un compromiso para equilibrar el presupuesto en siete años.
- Un límite del número de recursos que puede presentar un condenado a muerte.
- Una reducción de las regulaciones en materia de ecología.
- Una limitación de la capacidad del Departamento del Tesoro para usar determinados fondos para evitar la suspensión de pagos.
En la segunda de las leyes, el Congreso incluyó:
- Un aumento en poco más de siete dólares de las cuotas mensuales que pagan los pensionistas por el servicio médico del Estado.
El presidente Clinton vetó el lunes ambas leyes, porque discrepa de las condiciones que éstas incorporan.
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